El pasado 29 de abril, la subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes de PRODECON, publicó en su portal un criterio sustantivo enfocado en las operaciones inexistentes y a la responsabilidad que tiene la autoridad de analizar la información que está a su alcance para poder catalogar el tipo de operaciones que se realizó. De ahí la importancia de cotejar todos los elementos antes de prejuzgar y encasillar al contribuyente dentro del articulo 69-B.

3/2019/CTN/CS-SPDC (APROBADO 4TA. SESIÓN ORDINARIA 29/04/2019 )

OPERACIONES INEXISTENTES. ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 69-B DEL CFF LA AUTORIDAD DEBE REALIZAR ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN SUS SISTEMAS Y PONDERAR LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES AMPARADAS EN LOS CFDI. El procedimiento previsto en el numeral citado inicia con una presunción de la autoridad sobre la inexistencia de las operaciones respaldadas en comprobantes fiscales cuando detecta que el contribuyente no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizados. Sin embargo, este Ombudsman fiscal ha opinado que la autoridad debe fundar y motivar los hechos en que sustenta la presunción mediante análisis exhaustivo de la información que obre en sus bases de datos, además de ponderar la naturaleza de las operaciones amparadas en los CFDI expedidos por cada contribuyente; pues sólo de esa manera es factible determinar con objetividad el inicio del procedimiento. Por lo tanto, PRODECON opina que no justifica dicho inicio el que la autoridad advierta que en su declaración anual el contribuyente no manifestó activos para el desarrollo de su actividad, ni presentó la declaración informativa múltiple de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo (DIM); pues en el ejercicio fiscal por el que presentó la declaración anual no se incluía, tratándose del régimen intermedio, el apartado específico para la descripción de activos en el formato de esa declaración; a más de que, desde su alta de obligaciones, el contribuyente manifestó no contar con trabajadores. Adicionalmente, la autoridad no tomó en cuenta que en la declaración presentada se restaron inversiones, como se podría haber corroborado con el timbrado de los CFDI, por lo que si el contribuyente compró maquinaria es evidente que sí tenía activos. Asimismo, la autoridad no puede desconocer el modelo de negocios del contribuyente y prejuzgar sobre si necesariamente debe contar con trabajadores, máxime que por la naturaleza de su actividad que es la de “renta de maquinaria”, podría operar sin personal.

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