Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en Derecho por la Universidad la Salle. Postulante y consultor en materia fiscal, juicio de amparo, derecho administrativo y comercio exterior.
gsanchezsoto@ yahoo.com

Del texto de la regla 1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre veintiocho del dos mil diecinueve, se desprenden las pautas que regulan al procedimiento para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales para efectos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En este sentido, quiero reiterar que la naturaleza del procedimiento que se regula en el citado artículo 69B del CFF es el de una facultad de gestión en contraste con las facultades de comprobación que se regulan en el mismo cuerpo de leyes y de las cuales no comparte rasgo alguno. En este orden de ideas, se ha confeccionado sendo precedente jurisdiccional que ha definido a las facultades de comprobación como aquellas potestades de que goza la autoridad hacendaria y cuyo contenido es la inspección, verificación, determinación o liquidación de una obligación tributaria, a diferencia de las facultades de gestión cuyo contenido en la de asistir, controlar o vigilar la actuación del contribuyente, siendo esta última especie de facultad a la que se integra el procedimiento que regula el multicitado artículo 69B del Código Tributario Federal. A mayor abundamiento, se hace indispensable citar el siguiente precedente jurisdiccional que sustenta lo que aquí se aduce:

Época: Décima Época Registro: 2013389 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. CXLVII/2016 (10a.) Página: 796

FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN. Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal, conforme al artículo 16, párrafos primero y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ejercer facultades de gestión (asistencia, control o vigilancia) y de comprobación (inspección, verificación, determinación o liquidación) de la obligación de contribuir prevista en el numeral 31, fracción IV, del mismo Ordenamiento Supremo, concretizada en la legislación fiscal a través de la obligación tributaria. Así, dentro de las facultades de gestión tributaria se encuentran, entre otras, las previstas en los numerales 22, 41, 41-A y 41-B del Código Fiscal de la Federación; en cambio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal se establecen en el artículo 42 del código citado y tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar las referidas obligaciones, facultades que encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y procedimiento propios que cumplir.

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 333/2016. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 31 de agosto de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En este contexto, la regla 1.5 de la resolución Miscelánea Fiscal para 2020 señala lo siguiente: “Para los efectos del artículo 69-B, penúltimo párrafo del CFF, las personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los CFDI expedidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el cuarto párrafo del referido artículo, podrán acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan dichos comprobantes, o bien, corregir su situación fiscal dentro del plazo de treinta días siguientes al de la publicación del listado en el DOF y en el Portal del SAT, ello conforme a la ficha de trámite 157/CFF “Informe y documentación que deberán presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5. para acreditar que efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los bienes que amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o que corrigieron su situación fiscal”, contenida en el Anexo 1-A.

La autoridad podrá requerir información o documentación adicional, a efecto de resolver lo que en derecho proceda. El contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación del requerimiento, para proporcionar la información y documentación solicitada, dicho plazo se podrá ampliar por diez días más, siempre que el contribuyente presente su solicitud dentro del plazo inicial de diez días.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que el contribuyente no proporcione la información y documentación requerida, o bien se proporcione incompleta, la autoridad valorará su situación únicamente con las pruebas aportadas y resolverá lo que en derecho proceda.

El plazo máximo con el que contará la autoridad para resolver si el contribuyente acreditó que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan dichos comprobantes, será de treinta días contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de información”

Es decir, las personas físicas o morales que la autoridad fiscal presume que no han efectuado las operaciones amparadas mediante los comprobantes fiscales que han emitido y en el plazo de quince días a partir de la notificación de tal presunción no logran desvirtuar la misma, son objeto de integración al listado de contribuyentes que no han desvirtuado los hechos que se les imputan y por tanto se encuentran en definitiva en la actualización de la hipótesis de presunción de inexistencia de las operaciones que efectuaron al amparo de los comprobantes fiscales cuestionados. Este listado se publica en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el DOF.

Con motivo de la regla que ahora se revisa, el gobernado que ha dado efectos fiscales a los comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes incluidos en el listado definitivo en comento, podrá acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas o corregir su situación fiscal dentro del plazo de treinta días a partir de que se efectúe dicha publicación mediante la formulación de una solicitud de aclaración. En el primer caso, es potestad de la autoridad impositiva, formular un requerimiento adicional de exhibición de documentación o información a efecto de resolver lo que en derecho proceda respecto de la existencia o inexistencia de las operaciones controvertidas, teniendo el contribuyente un plazo de diez días, prorrogable por otro plazo igual, contados a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento efectuado para solventar el mismo.

Una vez entregada en definitiva la información al alcance del contribuyente y en respuesta al requerimiento formulado por la autoridad hacendaria en el supuesto de que se haya efectuado, ésta última tiene un término improrrogable y “máximo”, como lo caracteriza literalmente la regla miscelánea en comento, de treinta días naturales a partir del día en que presentó su solicitud de aclaración o se tuvo por cumplido el requerimiento de información para resolver si el contribuyente acreditó la efectiva y real adquisición de los bienes o recibió los servicios amparados por los comprobantes fiscales controvertidos.

Esta supuesta prerrogativa es esencialmente cuestionada porque obliga al contribuyente ordinario a estar revisando los listados definitivos cada vez que se publican, agregando una carga adicional al cúmulo de deberes que ya se le atribuyen, tanto de carácter formal como material, sin embargo, así se dispone en la ley vigente.

Como consecuencia de lo antes expuesto, indiscutiblemente surge la pregunta en el sentido de establecerse legalmente cuál es el efecto de la omisión de la autoridad de resolver en el plazo de treinta días antes referido, efecto que no se regula en ley ni en regla miscelánea alguna. Desafortunadamente, ya existe un pronunciamiento judicial publicado en el Semanario Judicial de la Federación en diciembre seis del año próximo pasado y que no resulta favorable a los intereses del gobernado pero que resulta de exacta aplicación analógica al presente caso. Esta tesis jurisprudencial a la letra indica lo siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2021244 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de diciembre de 2019 10:18 h Materia(s): (Administrativa) Tesis: 2a./J. 162/2019 (10a.)

PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA RESOLUCIÓN EXPRESA NO DA LUGAR A SU NULIDAD. De conformidad con el artículo 69-B, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, se advierte que el plazo máximo con el que cuenta la autoridad para resolver si un contribuyente acreditó que efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan los comprobantes fiscales emitidos por una empresa que se encuentra en el listado definitivo de las empresas calificadas como de aquellas que presuntamente realizan operaciones inexistentes será de treinta días contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de información. Ahora bien, la finalidad del procedimiento es dar al contribuyente la oportunidad de corregir voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias o, en su caso, insistir y acreditar a la autoridad que sus comprobantes fiscales amparan operaciones efectivamente realizadas. Así, el diseño normativo de este procedimiento constituye un modelo de comunicación con la administración pública que consiste en la presentación de documentación o información para hacer efectivo un reclamo y accionar las funciones del ente público, lo que en términos generales puede ser catalogado como una instancia conferida a los terceros adquirentes de los comprobantes fiscales para solicitar a la autoridad administrativa una reconsideración –caso a caso– sobre una realidad declarada con efectos generales. Entonces, en atención al plazo cierto y a la naturaleza de la instancia, resulta aplicable el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, por lo que: (i) la petición del contribuyente se entenderá resuelta en sentido negativo si no se emite resolución en el plazo de treinta días contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de información; o de convenir a los intereses del particular, (ii) podrá esperar a que se dicte la resolución expresa para impugnarla. Por lo anterior, en aquellos casos en que la resolución expresa se dicte de manera extemporánea y los particulares acudan a demandar su nulidad por la vía contencioso administrativa, no es posible –por ese simple hecho– decretar su nulidad en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues el incumplimiento a tal requisito formal no genera una afectación a las defensas del particular ni trasciende al sentido de la resolución y, además, la inobservancia del plazo es un aspecto que no se relaciona con el fondo del asunto.

SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 387/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 23 de octubre de 2019. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 514/2018, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 795/2018.

Tesis de jurisprudencia 162/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de noviembre de dos mil diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Es por lo expuesto que la tesis jurisprudencial citada define que la omisión de pronunciamiento de la autoridad fiscal en el plazo de treinta días respecto a la existencia o inexistencia de las operaciones que se cuestionan por estar amparadas mediante comprobantes fiscales emitidos por personas físicas o jurídicas integradas al listado definitivo de personas que no han desvirtuado la presunción de inexistencia de los actos jurídicos que les atribuyen con tal calidad, no genera otra figura que una negativa ficta impugnable en la sede administrativa o contencioso administrativa pero jamás una afirmativa ficta como se podría presuponer. Este criterio firme desde luego fomenta la ineficiencia en la actuación de la autoridad fiscal y violenta al principio de certeza jurídica y presunción de inocencia que deben amparar al contribuyente en todo momento, siendo deseable desde la perspectiva del suscrito, que la omisión de resolución en el plazo mencionado tuviese como consecuencia producir afirmativa ficta, toda vez que tal sentido de la resolución no afecta los derechos de la propia autoridad que puede ejercer facultades de comprobación si así lo estima procedente y tampoco se somete al contribuyente al deber de incoar un proceso judicial en contra de una determinación ficta y por ende carente de fundamentación y motivación constitucional pero que sin lugar a dudas afecta su esfera jurídica y le produce agravio.

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