Función en EY
 
Socio. Asesor y litigante en materia fiscal de diversas empresas principalmente del sector financiero, minero, sector agroalimentario y automotriz.
 
Experiencia profesional y clientes principales
 
2001-2003: Soto & Asociados, S.C.
2003-2013: Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía.
Clientes principales: BBVA Bancomer, Citi-Banamex, Vector Casa de Bolsa, Banorte, Universal Pictures, Dana de México, Calavo de México, Arcelor Mittal, Orbia, Laboratorios Pisa, Grupo Elektra y Tv Azteca.
 
Educación
 
1998-2003 Licenciatura en Derecho: Universidad Panamericana Campus Guadalajara.
2007-2008 Diplomado en Impuestos:Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
2010-2012 Maestría en Derecho Fiscal:Universidad Panamericana Campus Ciudad de México.
Miembro activo de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC)

Ambiente de fiscalización actual

Desde hace algunos años las autoridades tributarias llevan a cabo la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, con base en la información de la contabilidad electrónica, las declaraciones de impuestos e informativas, la facturación electrónica y los complementos de pago, entre otros, teniendo así un mejor acceso a la información y a los documentos que amparan y soportan las operaciones de los contribuyentes.

Asimismo, en los últimos meses se ha observado el recurrente envío de cartas invitación, así como cuestionamientos a la materialidad de las operaciones, cancelación de sellos digitales (imposibilidad de facturar) e, incluso, el señalamiento público del posible inicio de procedimientos penales.

Por lo anterior, consideramos oportuno efectuar, de manera recurrente, un análisis del cumplimiento de las diversas responsabilidades que son prioritarias para la recaudación, desde la perspectiva de las autoridades.

Medidas preventivas

Como en diversos rubros, en materia fiscal es prioritario implementar medidas preventivas (lo que se conoce como parte del litigio estratégico) para poder afrontar tanto argumentativa, como documentalmente, cualquier procedimiento iniciado por las autoridades fiscales, tales como la atención a cartas invitación, aspectos relacionados con supuestas operaciones inexistentes, auditorías para la revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales o bien, relacionadas con un trámite de solicitud de devolución, entre otros.

En el caso particular de las cartas invitación y atendiendo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, se ha recomendado verificar continuamente la inexistencia de discrepancias entre las declaraciones, ingresos y las retenciones reportadas.

Respecto a las operaciones con proveedores, sobre todo aquellas que pudieran encontrarse en un supuesto de inexistentes, se han implementado diversas medidas dentro de los procesos de las compañías a fin de recabar la información necesaria para demostrar la materialidad de cada una de sus operaciones.

En este sentido, resulta importante señalar el criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la tesis jurisprudencial 2a./J. 161/2019 (10a.), respecto del requisito de fecha cierta en los documentos privados, a efecto de otorgarles eficacia probatoria.

Ahora bien, tratándose de trámites relacionados con solicitudes de devolución se ha analizado, entre otras cosas, la documentación que regularmente se solicita para demostrar la existencia de un saldo a favor, esto es, los complementos de pago correspondientes o, de ser necesario, el que se efectúe una verificación de domicilio.

Cabe señalar que existen diversas herramientas tecnológicas en el mercado que han servido a los contribuyentes como instrumentos para detectar posibles casos de riesgos, a través de las cuales se emite algún tipo de alarma en relación con discrepancias en la contabilidad electrónica, emisión de comprobantes, obtención de complementos de pago, revisión de “listas negras” (contribuyentes incumplidos, operaciones inexistentes, transmisión indebida de pérdidas), entre otros.

Hoy en día no solo resulta relevante efectuar un análisis de forma en las operaciones que representen un impacto fiscal importante para la empresa, sino también debe considerarse el antecedente de estas, pues si bien los tribunales en México abordaron una discusión sobre la razón de negocios, derivado de las reformas para el ejercicio fiscal 2020, entró en vigor una norma general antiabuso, cuyo análisis parte de dicha razón de negocios. También este año se implementó la obligación de revelar ciertas operaciones que, de acuerdo con el criterio de las autoridades fiscales, pudieran ser consideradas de riesgo (esquemas reportables).

Por lo anterior, resulta relevante que antes de entrar a una etapa de controversia o litigio, se tomen las medidas conducentes para robustecer la aproximación a dichos procesos ante una posible determinación por parte de las autoridades fiscales.

A manera de ejemplo, en un proceso de operaciones inexistentes, las posibilidades de éxito incrementan si se recabó de forma correcta la información correspondiente a la contratación con el proveedor, en el desarrollo del trabajo, en la pertinencia del gasto y como se apuntó en párrafos anteriores, si se les dio fecha cierta a los documentos, entre otros.

No dejamos de advertir que previo a una etapa contenciosa existen muchas herramientas que pueden utilizarse a fin de preparar un litigio o llegar a un consenso con las autoridades, como puede ser el acercamiento con la instancia correspondiente, la solicitud de verificaciones de domicilio, la interposición de acuerdos conclusivos o quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), o bien, dependiendo del caso, la interposición de un MAP.

Etapa de preparación y factores a considerar en caso de llegar a un litigio

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la legislación mexicana, una vez que se cuenta con la determinación de la autoridad, ya sea un crédito fiscal, negativa de devolución, determinación de inexistencia de operaciones, entre otros, es cuando se tiene que elegir la vía idónea para combatir la determinación correspondiente.

Al respecto, en términos generales una vez que se ha notificado el acto administrativo correspondiente, se cuenta con un plazo de 30 días hábiles dentro del cual el contribuyente podrá elegir si interpone un recurso de revocación (de forma optativa) o un juicio contencioso administrativo.

A. Recurso de revocación

En el caso del recurso de revocación, este se sigue en sede administrativa de conformidad con los lineamientos del Código Fiscal de la Federación, a través del cual la propia autoridad fiscal es la que analiza si la determinación correspondiente se efectuó conforme a derecho.

Al efecto, la autoridad tendrá un plazo de tres meses para emitir una resolución, la cual podrá ser en los siguientes sentidos:

  • Desecharlo por improcedente;
  • Confirmar el acto impugnado;
  • Ordenar la reposición del acto por ilegalidad de forma;
  • Dejar sin efectos el acto impugnado;
  • Modificar el acto, o
  • Dictar uno nuevo que lo sustituya.

En caso de que la autoridad no resuelva dentro de los tres meses, se considerará como una confirmación del acto impugnado.

Este procedimiento tiene como ventaja para el contribuyente que el interés fiscal no debe garantizarse, siendo, además, este el último momento para aportar pruebas que no hayan sido exhibidas por el contribuyente en el procedimiento de fiscalización, esto de conformidad con la Jurisprudencia 2a/J.73/2013(10a) , emitida por la SCJN, por ello, no se podrán ofrecer nuevas pruebas en el juicio contencioso administrativo.

En relación con lo anterior, es que se debe de evaluar la conveniencia para el contribuyente de interponer este medio de defensa, considerando las ventajas apuntadas.

B. Juicio contencioso administrativo

Por otro lado, el juicio contencioso administrativo, se tramitará ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se puede interponer en las siguientes vías:

  • Juicio en vía ordinaria o tradicional;
  • Juicio en línea;
  • Juicio en vía sumaria; o 
  • Juicio de resolución exclusiva de fondo.

Resulta relevante comentar las particularidades generales de cada una de las vías mencionadas:

Ordinario o tradicionalEn líneaVía sumariaResolución exclusiva de fondo
Se debe garantizar para suspender la ejecución del acto impugnado.Se debe garantizar para suspender la ejecución del acto impugnado.Se debe garantizar para suspender la ejecución del acto impugnado.El tribunal ordenará suspender la ejecución del acto impugnado, por lo que no se debe garantizar.
No hay restricción respecto a la cuantía del asunto.No hay restricción respecto a la cuantía del asuntoLa cuantía del asunto no deberá exceder de 15 UMAS elevadas al año, que equivale a $475,407.00.La cuantía del asunto debe de exceder de 200 UMAS elevadas al año, que equivale a $6,338,760.00.
El procedimiento se lleva de forma escrita.El procedimiento se lleva de forma escrita.El procedimiento se lleva de forma escrita.Se incorpora la oralidad y la litis se fijará en una audiencia en presencia de ambas partes.
Se pueden hacer valer argumentos de forma y fondo.Se pueden hacer valer argumentos de forma y fondo.Se pueden hacer valer argumentos de forma y fondo.Únicamente se pueden hacer valer argumentos de fondo.
Es procedente contra las resoluciones administrativas que establece la Ley Orgánica del Tribunal, así como los actos administrativos, decretos y acuerdos generales.Es procedente contra las resoluciones administrativas que establece la Ley Orgánica del Tribunal, así como los actos administrativos, decretos y acuerdos generales.Es procedente contra las resoluciones administrativas que establece la Ley Orgánica del Tribunal, así como los actos administrativos, decretos y acuerdos generales.Sólo procederá en contra de resoluciones que deriven de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas.
El plazo de resolución sigue las reglas generales.El plazo de resolución sigue las reglas generales.El Tribunal tiene un plazo determinado de 60 días, prorrogables, para emitir la resolución respectiva.El plazo de resolución sigue las reglas generales.

De lo anterior, resulta evidente que cada una de las vías mencionadas posee distintas ventajas que deben ser analizadas atendiendo a la situación particular del contribuyente, por ejemplo, en el caso del juicio en línea se observa una ventaja en cuanto a su seguimiento, que se realiza a través del portal de juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no se requiere hacerlo de manera presencial; o si es recomendable la interposición del juicio de resolución exclusiva de fondo, el cual tiene como ventaja el hecho de que no se debe de garantizar.

Sin embargo, en este último solo se pueden hacer valer argumentos de fondo, por lo que en caso de que existiera un argumento formal relevante que, de no realizarse, pudiera causar un perjuicio grave al particular, no sería recomendable optar por esta vía, ya que no sería valorado por el Tribunal.

En consecuencia, debe de contarse con una estrategia de prevención y atención de riesgos, con la finalidad de determinar el tipo de vía más conveniente, atendiendo al caso específico de cada contribuyente.

Conclusiones

En ese sentido, como se señaló previamente, el litigio fiscal estratégico no inicia propiamente con la interposición de un medio de defensa, sino con la implementación de algunas medidas preventivas de manera previa al inicio de cualquier facultad de la autoridad.

Lo anterior es debido a que la aproximación y la atención a los requerimientos de las autoridades fiscales cambian conforme a las políticas internas y criterios que las mismas vayan adoptando, así como dependiendo de las particularidades de cada caso y considerando los criterios de los tribunales.

Ahora bien, en caso de que se tenga que acudir a un medio de defensa, como se mencionó, considerando las particularidades de cada caso, se deberán de estimar factores como las pruebas aportadas, los argumentos que se pretendan hacer valer y el monto a garantizar, entre otros.

Autores:

Manuel González, Socio de Controversia y Litigio Fiscal de EY MéxicoArantxa Plascencia y Carlos Marcos, abogados de Controversia y Litigio Fiscal de EY México

Print Friendly, PDF & Email

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here