Domingo Ruiz López
Licenciado en Derecho, Maestro en
Fiscal y Doctor en Materia Fiscal
por la Universidad Autónoma de
Durango; cuenta con estudios de
Dirección de Empresas en el IPADE;
actualmente Doctorando en Derecho
por la Universidad Panamericana
y es Socio Director de la firma
“Ruiz Consultores”, S.C.

El entorno, así como la dinámica de los negocios y la sociedad es cambiante. En la adecuada toma de decisiones empresariales es fundamental realizar un correcto análisis de los acontecimientos que impactan en la empresa, la influencia de las decisiones en Estados Unidos de América del Norte, su reforma fiscal, la renegociación del TLCAN, y la coyuntura político electoral mexicana; son algunos hechos que se deben considerar para determinar rumbo, planes y estrategias en la empresa.

Inicia un año respecto que cuyas coyunturas, tanto geopolíticas como de las propias políticas internas en México, ofrece retos, me refiero principalmente a tres factores, a saber:

  1. La reforma fiscal de Estados Unidos de América del Norte y la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
  2. El proceso electoral mexicano, ya iniciado a partir de los procesos internos de selección de candidatos en los partidos, y de candidatos independientes; y,
  3. Las políticas públicas en México, que en la parte de política fiscal, para 2018 no existen reformas sustantivas al sistema tributario mexicano.

Uno de los principales socios comerciales de México, sin lugar a dudas lo es Estados Unidos de América del Norte (EUA), las relaciones comerciales y migratorias entre ambos países, les han reportado beneficios recíprocos, difícilmente se puede precisar de manera objetiva a cuál de los dos países le ha sido más provechosa la relación, y por lo tanto a favor de quien se inclina la balanza de el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o cual de los tres, incluyendo a Canadá.

Por ello, la reforma fiscal de EUA, es un tema que debe llamar la atención en México, porque entra en el plano de la competencia fiscal internacional, el propósito norteamericano es atraer inversión, por una parte, y retenerla por otra, lo cual obliga a modificar la política fiscal mexicana para reaccionar debidamente a la norteamericana, con el reto de que al bajar las tasas se debe buscar ampliar la base de contribuyentes para mantener los niveles de recaudación que permitan afrontar al gasto público. Siguiendo el manual, la fórmula dibujada desde hace décadas resulta simple, al menos de comentar: por el lado de los ingresos, bajar la tasa del impuesto al ingreso, y aumentar la recaudación por el lado de los impuestos al consumo; por el lado de los gastos, ser transparentes y eficientes. Los incrementos en la recaudación obtenidos con la reforma fiscal para 2014 cuestionan la legitimidad de los tributos en México, por la calidad de los servicios públicos (salud, educación, seguridad, etc.) que se reciben a cambio.

Actualmente se están llevando a cabo rondas de renegociación del TLCAN, partiendo el gobierno de Estados Unidos de América del Norte, o al menos su Presidente, de la equivocada hipótesis que sólo México ha sido beneficiado por el Tratado y no Estados Unidos. Se trata de una visión unicéntrica (por no decir egocéntrica), que olvida el funcionamiento de las economías como sistemas, y la relevancia que tienen las regiones al fortalecerse desde un punto de vista económico.

México, en este proceso, ha mostrado actitudes de firmeza, y desde ahí debe negociar de manera inteligente el TLCAN de manera que el paquete de beneficios y las formas de resolver controversias sean claros y otorguen seguridad jurídica, pero también debe observar este momento como una oportunidad para reconvertir sus relaciones comerciales y diversificarse con otros países, dada la importancia de los tratados de libre comercio, las vocaciones naturales de México se pueden potenciar al ampliar y fortalecer lazos comerciales, aprovechando todos los tratados existentes, por las razones que a continuación reseñaremos.

El libre comercio es un elemento esencial del desarrollo, a través del intercambio comercial transnacional, es posible agregar valor, lograr ventajas competitivas, eficientar costos, procesos, y transferir conocimiento y tecnología; la hipótesis del comercio abierto entre particulares, con pocas restricciones al flujo de mercancías entre países, es indispensable en el liberalismo económico. En este sentido, México cuenta con 12 tratados de libre comercio celebrados con 46 países, además de 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países, así como con 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, que se deben potenciar.

De las principales ventajas que existen a través de los tratados de libre comercio, es reducir las restricciones arancelarias al ingreso de mercancías en los países miembros del tratado, de esta manera, a partir de las metodologías para determinar los productos como originarios de la región del tratado, están sujetos a desgravaciones que impulsan el intercambio y hacen más competitivas a las empresas de los países miembros del convenio; mediante los tratados de libre comercio se pueden disminuir o incluso eliminar los impuestos generales de importación de productos o servicios.

Las regulaciones preferenciales de los tratados de libre comercio, además del beneficio impositivo y la potencialidad económica, aporta seguridad jurídica a las inversiones, al tener parámetros claros sobre las reglas para determinar el origen de las mercancías, la prestación de servicios transfronterizos, y las tasas a las cuales estarán gravados dichos productos o servicios. Este es uno de los principales aspectos a cuidar en la renegociación del TLCAN y que más ruido han metido a la conversación, determinar los mecanismos para considerar como originaria una mercancía, y por lo tanto sujeta a los beneficios del tratado es estratégico.

La seguridad jurídica es esencial para favorecer el entorno de las inversiones, se trata de tener previsibilidad, saber a qué atenerse, seguridad jurídica supone certeza sobre las reglas del juego, el entorno legal para el cumplimiento de obligaciones, además de las consecuencias y las alternativas que los inversionistas, y los contratantes tienen para exigir el cumplimiento de obligaciones, además de los mecanismos para resolver conflictos. Los apartados de los tratados de libre comercio que prevén los mecanismos de resolver controversias, son elemento de seguridad jurídica, al establecer las reglas y los procedimientos a partir de los cuales los particulares, o los estados miembros, pueden plantear sus conflictos, los cuales serán resueltos típicamente de manera colegiada a través de páneles arbitrales, aspecto también a revisión en la renegociación del TLCAN, y que resulta indispensable, para dar seguridad a las inversiones en caso de desacuerdo entre inversionistas de distintos países miembros del tratado.

Como complemento de los tratados internacionales, la legislación doméstica establece las reglas para otorgar seguridad jurídica a las inversiones, desde plantear los modelos para asociarse y regular los vehículos de inversión, a través de los cuales las personas pueden tener previsibilidad y asumir acuerdos que establezcan reglas claras de cómo invertir, en qué invertir, la expectativa y riesgos de la inversión, las aportaciones y valor que cada quien agrega, sea sólo capital, sea el know how, la operación empresarial, o una mezcla de las anteriores, planteando acuerdos en los estatutos, y fuera de ellos mediante pactos parasociales. En las relaciones entre particulares, las normas jurídicas aportan bases mínimas de contratación, modelos asociativos o de captación de capital, y es por lo tanto la creatividad del empresario en conjunto con sus abogados o asesores, lo que establecerá bases que se adapten a su modelo asociativo.

Un reto importante para la seguridad jurídica de las inversiones lo es la economía digital, los modelos empresariales disruptivos apoyados en plataformas digitales han revolucionado la interacción de negocios, la forma de resolver necesidades y de conectar la oferta con la demanda; se trata de fenómenos que la Ley no tiene del todo previstos, y avanzan a pasos diferentes que los procesos legislativos ordinarios, por lo tanto, la respuesta para la seguridad jurídica se encuentra más en los principios del Derecho y en los esquemas contractuales no regulados (contratos atípicos), que en las propias soluciones que la Ley aporta; con plataformas digitales no propietarias de activos, la inteligencia artificial, las inversiones por unidades y no por tenencia accionarias, la captación de capital por vehículos diferentes al sistema financiero tradicional, el Derecho debe evolucionar mediante la voluntad contractual de las partes, difícilmente la Ley volverá a prever todas las situaciones a una dinámica social tan evolutiva.

La regulación de la economía digital ha representado un reto para los países, en México, desde octubre pasado comenzó el proceso legislativo para el nacimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera que busca equilibrios para contemplar en el marco jurídico a la innovación en tecnología financiera (FinTech) y los derechos del consumidor.

Es tal el dilema que representa la economía digital para los sistemas jurídicos, que incluso al seno de la Organización para la Cooperación y en Desarrollo Económico, el Comité de Asuntos Fiscales no ha logrado arribar a conclusiones sobre la acción 1 del Plan de Acción BEPS[1], que pretende establecer las bases para la fiscalización de la economía digital, al presentar problemas como determinar cual es la fuente de riqueza en operaciones intangibles que se hacen a través de plataformas tecnológicas.

Lo cierto es que el derecho positivo, cuyo proceso formal de creación es lento, no podrá avanzar al mismo ritmo que la innovación tecnológica, y los modelos de negocios e interacciones sociales que la tecnología presenta: Fintech, Legaltech, Blockchain, moneda digital como el Bitcoin, inteligencia artificial, Chatbots, entre otros, son conceptos a los que nos deberemos ir habituando por estar incidiendo de forma disruptiva en la forma de hacer negocios, y esos comportamientos representan fenómenos respecto de los cuales se deberá tener seguridad jurídica, y representan efectos en la tributación, o no, dependiendo de los alcances de la regulaciones y las interpretaciones de las normas fiscales.

Como se comentaba al inicio de estas líneas, el contexto político electoral mexicano, presenta una coyuntura retadora y respecto de la cual debemos estar atentos, el futuro de las políticas públicas en México, como la política fiscal, así como aquellas que inciden en la seguridad jurídica de las inversiones, son unas de las claves a través de las cuales se deberá entender el discurso y la propuesta política de quien aspire a conducir los destinos del país, sea desde el Poder Ejecutivo, desde el Congreso, o en los órganos estatales y municipales de gobierno.

De esta manera, habrá que atender los comentados retos en dos sentidos: del lado público, porque se debe construir un mejor y más equitativo sistema tributario, una política fiscal más justa, avanzar en la transparencia en el gasto, lograr una Suprema Corte de Justicia de la Nación más independiente, y consolidar el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción; del lado privado, porque el empresario y la alta dirección, deberá tomar decisiones adecuadas interpretando el contexto, de manera que con los ingredientes de delineamos en el presente artículo se pueda buscar generar valor desde las organizaciones, y concretar resultados positivos para todos los stakeholders.

Los aspectos mencionados en estas líneas, los abordo con mayor detalle en el Capítulo II “Marco Jurídico de la Inversión” de la ponencia IMEF 2017, editada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Universidad Panamericana, obra que se encuentra ya en circulación. Te invito a consultarla.

  1. Base Erosion and Profit Shifting, que tiene por propósito la armonización fiscal internacional para evitar que las empresas trasladen los beneficios financieros entre jurisdicciones, erosionando la base gravable del país de la fuente de riqueza.
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