Ramiro Aguirre Pérez
Abogado por la Universidad de Guadalajara y Especialista en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en Derecho Fiscal internacional por la Universidad de Leiden, Holanda. Socio fundador de Aguirre Asociados.

En materia fiscal internacional, el Organismo no Gubernamental Tax Justice Network (“TJN”) está dedicado a divulgar información relacionada con la justicia tributaria; por ejemplo, publica anualmente un “Índice de Secreto Financiero” que revela en qué medida los países permiten ocultar y blanquear dinero offshore, es decir, clasifica a las jurisdicciones que más favorecen a las personas para ocultar sus finanzas de los Estados.

De acuerdo con el Organismo, se calcula que las personas más ricas del mundo ocultan aproximadamente 10 billones de euros en terceros países a través de mecanismos “opacos”. Esto equivale a 2.5 veces más que el valor de todos los billetes y monedas de dólares estadounidenses y euros que hay en circulación actualmente en todo el mundo.

El pasado 17 de mayo el TJN publicó el Índice de Secreto Financiero de 2022, dentro del cual figura Estados Unidos como el peor en cuanto a opacidad financiera, seguido por Suiza y Singapur en tercer lugar.

Para calificar a cada territorio, se analizan 141 jurisdicciones y su puntuación se basa en la intensidad en la que su sistema financiero y jurídico permite ocultar y blanquear dinero que se extrae de todo el mundo.

El índice califica el sistema fiscal y jurídico de cada país con un puntaje de opacidad sobre 100, donde 0 significa que hay transparencia total y 100 que hay opacidad total. Asimismo, el puntaje de opacidad de un país se combina con el volumen de servicios financieros que ofrece a los no residentes para determinar el grado de secreto financiero que cada país contribuye al mundo.

Entre más alto el puesto en el “ranking” no significa que la jurisdicción tenga leyes opacas, sino más bien que “la jurisdicción desempeña un papel más importante a nivel mundial para permitir el secreto bancario, la titularidad anónima de empresas fantasma, la titularidad anónima de bienes inmuebles u otras formas de secreto financiero que, a su vez, facilitan el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la elusión de sanciones”.

Con base en lo anterior, este Índice considera tanto la opacidad de las legislaciones, es decir de la ausente o escasa transparencia e intercambio de información con los demás países, así como del volumen de servicios financieros ofrecido a los no residentes sobre el total global.

Respecto a México, ocupa el lugar 82 de 141 del ranking (con un puntaje de opacidad de 53/100), posicionándolo como un país de un impacto medio o bajo en la opacidad financiera internacional. Su calificación se debe a: i) la ausencia de un registro de la titularidad y beneficiarios finales de las sociedades de capital (lo que se pretende erradicar con las nuevas obligaciones del beneficiario controlador); ii) opacidad en sociedades en comandita simple; iii) opacidad en la transparencia de las entidades jurídicas; y iv) ausencia de una publicación de la totalidad de las sentencias fiscales.

Respecto a Estados Unidos, el país cuenta con regímenes fiscales muy atractivos –por ejemplo los de Delaware o Nevada–, y ha salido particularmente perjudicado en la clasificación de TJN por no formar parte de acuerdos clave de intercambio de información, como el “Estándar Común de Reporte” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este mecanismo, en el que participan más de 100 países, aportó en 2020 información sobre 11 billones de dólares en patrimonio y activos que estaban ocultos.

En línea con lo anterior, la propia Administración de Joe Biden no es ajena al problema. Su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló en diciembre del año pasado que Estados Unidos podría ser “el mejor lugar para blanquear y ocultar ganancias obtenidas de forma ilícita”.

El informe en estudio de la TJN señala que “Resulta hipócrita que Estados Unidos, en virtud de la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) y los acuerdos intergubernamentales asociados (IGA, por sus siglas en inglés), sí exija que todos los países compartan información sobre las cuentas financieras en el extranjero de los contribuyentes estadounidenses, mientras que Estados Unidos, por su parte, comparte poca o ninguna información con los países sobre sus residentes”.

En materia de transparencia el TJN, en acuerdo con activistas y académicos, insta a los países del Grupo de los 7 (G7) a establecer un Registro Mundial de Activos, con el fin de exigir “la rendición de cuentas por los billones en ‘patrimonio ilegal’ que las personas ricas tienen ocultos en países terceros”.

La propuesta de tal registro internacional de activos ha tomado fuerza después de que el ministro italiano Mario Draghi pidiese en marzo un registro internacional de activos para quienes tengan activos de más de 10 millones de euros.

Si bien el registro mundial de activos sigue siendo una propuesta guiada por ONGs, si se introduce satisfactoriamente en el G7, es posible que a su vez pase a las discusiones del G20 y finalmente llegue a la mesa de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De ser así, lo más probable es que en México este tipo de medidas sea adoptada, como lo ha sido el tema de beneficiario controlador.

A nivel global, el Índice de Secreto Financiero se está reduciendo, gracias a que cada vez más países introducen o mejoran las leyes de registro de los beneficiarios finales de bienes y activos y a los avances en la cooperación internacional contra el blanqueo y el intercambio de información.

Pese a ello, el informe analizado alerta de que la contratendencia de cinco países del G7 —Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia—, que han aumentado su opacidad financiera, está frenando la mejora global.

Al respecto, señala el director ejecutivo de TJN que: “a nivel mundial, estamos empezado a frenar el secreto financiero que utilizan los oligarcas rusos y los evasores fiscales, así como los políticos corruptos y la delincuencia organizada de todo el mundo para ocultar y blanquear la riqueza adquirida de forma ilícita. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón reducen esos avances mundiales a más de la mitad al incitar el secreto financiero en lugar de combatirlo. El G7 debe aclarar cuál es su posición en la lucha contra el secreto financiero comprometiéndose a un registro mundial de activos”

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