De una interpretación del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos sabemos se pude tomar en consideración que los jueces y de más autoridades, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así como preferir en caso de conflicto la más acorde a los derechos humanos para evitar cualquier vulneración.

Al tema que nos ocupa, el último párrafo del referido artículo 1° de la Constitución, prohíbe categóricamente cualquier forma de discriminación que tenga por motivo anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, dentro de las cuales señala expresamente la que tenga su origen en las discapacidades y condiciones de salud, buscando el reconocimiento a la igualdad de todas las personas en el goce de los derechos humanos reconocidos.

El ánimo de las normas protectoras de derechos humanos se encaminan a erradicar cualquier forma de discriminación, tanto de fuente nacional, como de fuente internacional, pues partir de una lectura neutra ante supuestos que implican una condición relevante como la presencia de categorías sospechosas en solicitudes de empleo —como lo son las personas que sufren de discapacidad—, constituiría un vulneración de tal protección, provocando un trato discriminatorio. Ahora, no debemos olvidar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que el trabajo decente, de calidad, es el modo más efectivo de romper el círculo vicioso de la marginalización, la pobreza y la exclusión social; sin embargo, las personas con discapacidad  se ven en esta situación con frecuencia, por lo que es necesaria la acción positiva para lograr una inclusión efectiva en el ámbito laboral, lo que necesariamente deben abatidas.

Es importante que en los exámenes y criterios de selección para un puesto tienen que enfocarse en la aptitud, conocimiento y competencias que se consideren esenciales para desempeñar las funciones de la vacante, para garantizar que no se excluya a las personas con discapacidades por tal situación. La discriminación se actualiza mediante cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en determinados motivos, que menoscaben la igualdad de oportunidades en el empleo; por lo que, las normas generales que contemplen distinciones de este tipo son constitutivas de discriminación. Tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada 1a. XX/2013 (10a.), de rubro y texto siguientes:

“DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso en las relaciones jurídico-privadas. Asimismo, ha determinado que esta vigencia no puede sostenerse de forma hegemónica y totalizadora en todas las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho privado, ante lo cual, el intérprete de la norma debe analizar las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven confrontados con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, a efecto de determinar cuáles derechos son sólo oponibles frente al Estado y cuáles otros gozan de la referida multidireccionalidad. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura de los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación, se desprende que los mismos son vinculantes no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Tal situación no sólo reafirma la naturaleza normativa de la Constitución, sino que también justifica la introducción de tales derechos fundamentales en ámbitos de relaciones privadas. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en los principios de igualdad y de no discriminación, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto.”

Amparo en revisión 410/2012. 21 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Así, si bien el derecho que se consigna en el artículo 5°, de la Constitución no significa, que el solicitante de un empleo, se vea obligado a contratar a cualquier persona, y menos aún, que implique estar impedido a hacer una selección de acuerdo a las necesidades que requiere el puesto; sin embargo, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación se asienta la distinción entre selección y discriminación, actualizándose esta última cuando el elemento distintivo carece de un sustento razonable, siendo así un trato diferenciado y excluyente.

Con base en estas reflexiones la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó a que la sola publicación de una oferta de trabajo conlleva la exclusión de quienes forman parte del sector que padece una discapacidad, si se hace alguna mención especial; y tal exclusión que implica una discriminación; que además causa un daño moral, a que estará obligado el solicitante de repararlo mediante una indemnización en dinero, atendiendo al segundo párrafo del mencionado artículo 1916, del Código Civil para el Distrito Federal.

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