Ana Gabriela Fonseca Reyes
Estudiante de Derecho en el Centro Universitario Tonalá, en la Universidad de Guadalajara, Asistente de la Dirección de la Firma «PVE Consultores, S.C.»

El cumplimiento de las obligaciones en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es para muchos una nueva carga administrativa, y conlleva altos riesgos de infringirla, bien sea por en caso de omisiones o errores con respecto a los informes que deben presentarse.

Como antecedente recordaremos que el 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la LFPIORPI, misma que entró en vigor 9 meses después de su publicación, el 17 de julio de 2013. En el mes de agosto de 2013 se publican tanto el Reglamento de la Ley como las esperadas Reglas de Carácter General. Con esto se nos explicó a más detalle los conceptos, procedimientos, obligaciones y definiciones que deben observarse en materia del cumplimiento de las obligaciones para las empresas.

Recordemos que existen tres tipos de actividades que deben considerarse bajo esta materia:

  • Las actividades vulnerables identificables;
  • Las actividades vulnerables reportables; y
  • Las actividades prohibidas.

Las dos primeras se encuentran definidas en el artículo 17 y, la tercera, en el artículo 32, ambos preceptos de la de la LFPIORPI, en especial respecto al último tipo, a determinadas operaciones realizadas en efectivo.

Dentro de las operaciones vulnerables identificables y vulnerables reportables se encuentran como las más frecuentes:

La diferencia para distinguir las identificables de las reportables consiste en el monto de las operaciones; sin embargo, si una persona realiza actos u operaciones identificables pueden ser reportable cuando alcancen la suma acumulada en un periodo de 6 meses, por lo que será necesaria la formulación y envíos de avisos.

Algunas de las obligaciones que se desprenden de las Ley, el Reglamento y las Reglas de Carácter General, son las siguientes:

  • Identificar a los Clientes y Usuarios con quienes realicen actividades sujetas a éste ordenamiento.
  • Integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarios, verificando su autenticidad.
  • En su caso, solicitar información sobre la existencia del dueño beneficiario.
  • Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción y ocultamiento de la información y documentación soporte de la actividad vulnerable, así como la que identificación.
  • Designar un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones.
  • Abstenerse de llevar a cabo el acto y operación de que se trate cuando sus Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionarles la información o documentación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.
  • Presentar los avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera a través del Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se haya llevado a cabo la operación.
  • En caso de visitas de requerimientos directos, proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte relacionada con Actividades Vulnerables dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que reciban el requerimiento, plazo que previa solicitud podrá extenderse por cinco días hábiles adicionales.
  • Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada.
  • Quienes dejen de realizar Actividades Vulnerables y se hayan dado de alta en el padrón, deberán solicitar su baja, en tanto la realicen, deberán seguir presentando los informes correspondientes.

Finalmente, es necesario recordar que el incumplimiento de este ordenamiento tiene sanciones elevadas. Con lo anterior, pretendemos concienciar al lector nuevamente a la importancia de observar el cumplimiento de LFPIORPRI, y estar siempre asesorado por especialistas en la materia, de esta manera  se registrará y presentará los reportes adecuadamente, evitando así el desembolso por el pago de multa innecesarias.

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