Es Licenciado en Derecho y con Especialidad en Medios de Control Constitucional «Universidad Mesoamericana», Maestro en Derecho con especialidad en Fiscal por «Universidad Ibero campus Tijuana»; actualmente cursando la Maestría en Impuestos en el «Instituto de Especialización para Ejecutivos»; y Socio-Director Jurídico de la firma «MD Consultores de Negocios». Twitter: @RaulM_D

Este tema no es novedoso, pero crea tanta confusión a los colegas, contadores e incluso al empresariado, pues es claro que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es la ley adjetiva que regula el mejor conocido como Juicio de Nulidad, mismo que se presentan en primera instancia para reclamar la ilegalidad del acto de la autoridad y traerá como consecuencia de parte del Tribunal Federal de Justica Administrativa una declaratoria de parte del órgano jurisdiccional, pudiendo ser una nulidad lisa y llana, nulidad para efectos, validez, reconocimiento o restitución de un derecho. Estos efectos dependerán del grado de ilegalidad detectado, el contexto en el que se originaron y las consecuencias o alternativas asignadas por la ley y no únicamente de la denominación adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, como incluso lo prevé el numeral 57 indicado, al señalar que los efectos ahí previstos se producirán “aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana”.

De tal suerte es importante considerar que cuando impugnamos un acto, hacer valer agravios de fondo (siempre deberá imperar en un litigo estratégico el fondo sobre la forma), pues son los que realmente nos permitirá alcanzar un efecto absoluto en la nulidad, para así poder darle el resultado necesario al contribuyente.

Por ultimo no debemos olvidar que cada asunto que se litigue ante la autoridad jurisdiccional es importante la causa de pedir o causa petendi que será la manera en que los Magistrados que resuelvan, podrán atender las peticiones planteadas y darles la seguridad jurídica a la parte actora que se aplicó el principio de exhaustividad durante el litigio.

Lo anterior encuentra su sustento en la más reciente tesis que aborda el tema publicado en el semanario oficial de la federación de fecha 08 de Marzo de 2019 que a la letra dispone:

Época: Décima Época
Registro: 2019461
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h
Materia(s): (Administrativa)
Tesis: I.4o.A.157 A (10a.)

NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. La nulidad de las resoluciones administrativas debe entenderse en sentido amplio, esto es, como la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de valor y eficacia a las decisiones afectadas por alguna causa de ilegalidad. Así, la nulidad implica, tanto una declaración, como una sanción jurídica múltiple y consecuente; de ahí que estos efectos se adjudican a la resolución ilícita, pero también a sus consecuencias (conducta, resultado de acción u omisión y restauración del orden jurídico, entre otras). Además, el concepto genérico de dicha nulidad, en razón de sus variantes o modalidades, debe apreciarse en un contexto sistémico, complejo y comprensivo de múltiples factores y repercusiones pertinentes y conformes a casos concretos. En estas condiciones, la declaratoria y su trascendencia son el resultado de las etapas del control judicial respectivo, a saber: I) determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; II) declaración de invalidez o nulidad de la resolución, acorde con la trascendencia del vicio identificado, conforme al artículo 52 del ordenamiento citado; III) precisión de las ineficacias atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en razón de los excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el ámbito jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia decisión y a las secuelas que resulten incididas; y, IV) restauración plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos del precepto 57 de la misma ley. Ahora, la declaratoria aludida puede implicar: A) la emisión de un nuevo acto en el que se subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean formales, procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de facultades regladas o en respuesta a una instancia promovida por un particular); B) libertad para ejercer facultades, ya sea que confiera cierto arbitrio (con libertad para apreciar o adjudicar consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la autoridad, actualizándose un supuesto de nulidad (lisa y llana), con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o consecuencias, aunque sujeto al plazo legal legalmente establecido (cuatro meses o un mes para la vía sumaria); C) la nulidad lisa y llana o absoluta, que imposibilita a la autoridad demandada para reiterar aspectos cuando, efectiva y puntualmente, sean cosa juzgada o temas decididos definitivamente; o, D) precisar medidas de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o agravio causado a derechos específicos. De lo anterior se advierte que el concepto alusivo a la declaratoria de invalidez –nulidad– puede ser ambiguo y hasta confuso, por coincidir en la supresión de un acto de autoridad; sin embargo, los efectos de esa declaratoria dependerán del grado de ilegalidad detectado, el contexto en el que se originaron y las consecuencias o alternativas asignadas por la ley, y no únicamente de la denominación adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, como incluso lo prevé el numeral 57 indicado, al señalar que los efectos ahí previstos se producirán “aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana”.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 356/2018. Kriskant, S.A. de C.V. 15 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.

Amparo directo 442/2018. K & V Nueva Era en Administración, S.A. de C.V. 10 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Amparo directo 216/2018. Galia, S.A. de C.V. 31 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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