La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, da a conocer en su página de internet los nuevos criterios sustantivos generados hasta la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, celebrada el pasado 28 de abril de 2017:

 

1/2012/CTN/CN (Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria 20/01/2012. Última modificación 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para prestar sus servicios a los responsables solidarios cuando ostenten ese carácter en términos de la ley fiscal y aduanera.

2/2012/CTN/CN (Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria 20/01/2012. Última modificación 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2013) Las respuestas que emitan las autoridades fiscales a las consultas planteadas en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, pudieran generar a los contribuyentes un interés legítimo para impugnar, a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales que rigen el juicio de amparo, los preceptos en que se sustente la consulta y que en opinión de la Procuraduría de las Defensa del Contribuyente contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales casos la Prodecon es competente para prestar el servicio de representación legal y defensa.

3/2012/CTN/CN (Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria 20/01/2012. Última modificación 3ra. Sesión Ordinaria26/03/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de las quejas y reclamaciones interpuestas por los contribuyentes, aun en el supuesto de que los actos materia de la queja hayan sido previamente impugnados por cualquier medio de defensa, esté o no pendiente de resolución y con independencia de que, en su caso, se haya otorgado o no la suspensión del acto reclamado.

4/2012/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 16/03/2012. Última modificación 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de las quejas y reclamaciones que se formulen en contra de cualquier acto de autoridad fiscal federal que pudiera constituir una violación a los derechos de los contribuyentes y que se suscite durante el ejercicio de las facultades de fiscalización, con independencia de que dicho acto pueda considerarse definitivo o no para efectos de su impugnación a través de algún medio de defensa.

5/2012/CTN/CN (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria 17/08/2012. Última modificación 4ta. Sesión Ordinaria12/04/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el ejercicio de sus atribuciones como defensor de derechos (ombudsman), procurará esclarecerla verdad real, además de la jurídica, a fin de alcanzar una efectiva defensa de los derechos fundamentales de los gobernados.

6/2012/CTN/CN (Aprobado 10ma. Sesión Ordinaria 19/10/2012. Se dejó sin efectos 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014) Las consultas presentadas por los contribuyentes en las que no exista un acto de autoridad fiscal federal y que por ello no encuadren en el supuesto establecido en la fracción I, del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en relación con el diverso 43 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de sus atribuciones sustantivas, se contestarán en el sentido de que la Prodecon no es competente para conocer de ellas.

7/2012/CTN/CN (Aprobado 10ma. Sesión Ordinaria 19/10/2012. Última modificación 4ta. Sesión Ordinaria 12/04/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de las quejas en las que se solicite la valoración de las pruebas exhibidas durante el procedimiento instaurado con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; sea porque el contribuyente se duela de que la autoridad no vaya a valorarlas, o bien, las vaya a desestimar o apreciar incorrectamente.

1/2013/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2013) El ejercicio de la facultad que el artículo 5°, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente concede a ésta, no procede por la sola solicitud que en ese sentido efectúe un particular, sino que la procedencia depende principalmente de que la Procuraduría se forme la convicción de que dicha propuesta resulta pertinente o necesaria, tras la experiencia que se desprenda para ello en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas.

2/2013/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 26/03/2013) Cuando algún contribuyente o un grupo organizado de éstos soliciten a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 5°, fracción XVI de su Ley Orgánica, previamente deberá estudiarse el caso concreto, a fin de valorar, en el marco de las atribuciones de este organismo, si existe una afectación a los derechos fundamentales de los contribuyentes causalmente provocada por determinada disposición legal, y no únicamente la intención de modificar las obligaciones fiscales —sustantivas o formales—cuando así resulte conveniente o deseable bajo determinados intereses particulares.

3/2013/CTN/CN (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 09/05/2013. Última modificación 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014) Para efectos de los servicios a que se refiere el artículo 5, fracciones I y IIIde la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se debe entender que no únicamente se le proporcionarán los servicios a los contribuyentes que actúen por sí o por medio de representante o apoderado legal, debidamente acreditado (interés jurídico); sino a todo aquel tercero que, aun no teniendo una afectación personal y directa (interés legítimo), solicite los mismos; ya que como Defensor no jurisdiccional de derechos, la Procuraduría realiza sus procedimientos bajo el principio de informalidad y ofrece una vía para obtener justicia en sentido lato, mediante procedimientos ágiles, no técnicos, económicos y flexibles.

4/2013/CTN/CN (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 09/05/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en su carácter de Defensor no jurisdiccional de derechos, interpretará lo más amplio posible el concepto de interés legítimo a la luz del derecho a la tutela efectiva y del principio pro homine, con el fin de garantizar a los contribuyentes el efectivo acceso a la justicia fiscal federal en su sentido más amplio.

5/2013/CTN/CN (Aprobado 5ta. Sesión Ordinaria 09/05/2013) Los particulares que actúen como auxiliares de la administración pública federal en su carácter de retenedores o recaudadores, tendrán la calidad de autoridad fiscal federal para efectos de la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuando en el ejercicio de las facultades conferidas por una norma general, emitan actos que afecten derechos de los contribuyentes.

6/2013/CTN/CN (Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria14/06/2013) El servicio de Representación Legal y Defensa a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se prestará a toda persona o grupo de personas que aduzcan que la norma, el acto u omisión de la autoridad genera una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico), o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), ello a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, a través de la promoción del juicio de amparo indirecto.

7/2013/CTN/CN (Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria 14/06/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como organismo público especializado en materia fiscal y defensor de los derechos de los contribuyentes, considera que el concepto de “acto de autoridad” a que hace referencia su marco normativo, debe ser interpretado en el sentido más amplio, de forma tal que siempre se privilegie el mayor beneficio a las personas en el acceso a los servicios de asesoría y quejas que presta la Procuraduría.

8/2013/CTN/CN (Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria 14/06/2013) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para efectos de interpretación y alcance de sus disposiciones normativas, entenderá el término “acto de autoridad” como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta afecte el interés jurídico o legítimo de quien solicite los servicios de asesoría y quejas, incluidos aquellos actos sobre los que exista peligro inminente en su realización, ya sea porque resulten la consecuencia legal-lógica de los preexistentes, o porque sólo falte que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecuten. Así como aquellos actos futuros, cuya inminencia derive de la acción de la propia Procuraduría, entendiéndose esto, como el apoyo que se dé al contribuyente para provocar el acto de autoridad, que en su caso, será motivo de la prestación de alguno de los servicios antes referidos. Ello con independencia de que el acto de autoridad provenga de una autoridad fiscal federal o de un particular.

9/2013/CTN/CN (Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria 14/06/2013. Se dejó sin efectos 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014) El servicio de Orientación que presta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, comprende la atención a las solicitudes de servicio que no encuadren en los supuestos de competencia material de la Procuraduría, o bien aquellas en las que no se cuenta con algún elemento para determinar su competencia; con independencia de la persona que solicita el servicio. Por su parte el servicio de Asesoría, comprende la atención a las solicitudes de servicio que encuadren en los supuestos de competencia material de la Procuraduría, que deriven de actos u omisiones que de manera directa o indirecta afecten el interés jurídico o legítimo del solicitante, con independencia que provengan de autoridades fiscales federales, o bien, de particulares. También se consideran como Asesoría, aquellos casos en que siendo materialmente competente la Prodecon, se apoye al solicitante para provocar o inhibir el acto de autoridad, aun cuando una vez emitido el acto, se le proporcione o no, algún otro servicio de la Procuraduría.

10/2013/CTN/CN (Aprobado 10ma. Sesión Ordinaria 16/10/2013. Última modificación 5ta. Sesión Ordinaria 3/06/2014) La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de asuntos presentados por contadores públicos autorizados a dictaminar para efectos fiscales o respecto del cumplimiento de obligaciones patronales, cuando consideren que el acto o la resolución dela autoridad fiscal por el que lo amonesta, o bien, le suspende o cancela su registro, es violatorio de sus derechos, siempre que el acto afecte el ejercicio de su responsabilidad como dictaminador.

1/2014/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 28/03/2014)
Procede el servicio de Representación Legal y Defensa respecto de aquellos asuntos de cuantía indeterminada, como lo es la aplicación del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues la materia de impugnación consiste en la inclusión del nombre del contribuyente en las listas publicadas en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, independientemente de la cuantía o monto del crédito fiscal que motivó su inclusión en el listado.

2/2014/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 28/03/2014) Procede otorgar el servicio de Representación Legal y Defensa tratándose del tercero extraño al procedimiento de origen a quien perjudica el acto o actos de la autoridad por afirmar ser el propietario de los bienes, negociaciones o titular de los derechos afectados,ya que el acto que se combate es el embargo, remate, adjudicación o desposesión de esos bienes por afectar sus derechos y no así, el crédito fiscal determinado en el referido procedimiento.

3/2014/CTN/CN (Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 28/03/2014) Por regla general, procede prestar el servicio de Representación Legal y Defensa respecto de notificaciones realizadas con terceros, a fin de privilegiar en beneficio de los solicitantes el principio de seguridad jurídica, lo contrario conlleva negar el acceso a la justicia sin fundamento, pues corresponde a los órganos jurisdiccionales y judiciales determinar su legalidad con base en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4/2014/CTN/CN (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014. Última modificación 1ra. Sesión Ordinaria 23/01/2015) La solicitud de Acuerdo Conclusivo es procedente aun cuando se haya entregado citatorio para practicar la notificación de la resolución determinante del crédito fiscal, toda vez que el artículo 69-C, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone textualmente que los contribuyentes podrán solicitar la adopción del Acuerdo Conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, lo que no ocurre con la sola entrega del citatorio, el cual, según criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “se traduce en un mero documento previo a la notificación”. Cuando se actualice la hipótesis contemplada en este Criterio, es conveniente que el contribuyente lo precise por escrito en su solicitud de Acuerdo Conclusivo y adjunte, en caso de contar con él, copia del citatorio; ello, en atención al principio de buena fe que regula el procedimiento de este medio alternativo de solución de controversias.

5/2014/CTN/CN (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014. Se dejó sin efectos en la 11va. Sesión Ordinaria del CTN celebrada el 28/11/2014)

6/2014/CTN/CN (Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 25/04/2014) En los casos en que el procedimiento de Acuerdo Conclusivo se termine con la emisión del Acuerdo de Cierre previsto en los Lineamientos que los regulan, la notificación de este último surtirá sus efectos conforme a los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría vigentes.

7/2014/CTN/CN (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria 29/08/2014) La naturaleza de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es la de un organismo protector de derechos no jurisdiccional, cuya función esencial es la de observar las acciones de las autoridades, a efecto de velar en todo momento por los derechos de los contribuyentes, así como investigar aún de oficio, las violaciones que puedan llegar a cometerse en perjuicio de aquéllos; pues debe recordarse que el Ombudsman, de cuya naturaleza participa la Procuraduría, tiene el carácter de defensor del pueblo, con lo que su actuación se legitima en la tutela y protección de los derechos fundamentales de los gobernados. De los artículos 1, 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría y 66 de sus Lineamientos, se desprende que este Organismo, si bien tratándose de los servicios de asesoría, queja, y representación legal, sólo puede actuar a petición de parte; ello no obsta para que cuente, por otra parte, con amplias facultades para investigar de manera oficiosa los problemas que puedan ocasionar perjuicios a grupos o sectores de contribuyentes y formular las recomendaciones u observaciones que correspondan, con el objeto de cumplir con su tarea fundamental que es garantizar el derecho a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal; máxime dentro del marco que mandata el artículo 1° constitucional, de la más amplia protección de los derechos fundamentales.

8/2014/CTN/CN (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria 29/08/2014) El artículo 4°, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, establece que cualquier servidor público o autoridad federal, local, o municipal, que esté relacionado o posea información o documentos vinculados con el asunto del que conozca la Procuraduría, o que por razón de sus funciones o actividades pueda proporcionar información útil, estará obligado a atender y enviar, puntual y oportunamente, la información que les requiera la Procuraduría y la que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan; por tal razón si una autoridad municipal, se involucra de cualquier forma en la interpretación y aplicación de disposiciones fiscales o aduaneras, cuya competencia corresponda a una autoridad fiscal federal, puede, desde luego, ocasionar con ello perjuicio a los derechos fundamentales de los contribuyentes, por tratarse de autoridades que carecen de cualquier competencia, original o coordinada, en materia de contribuciones federales. Por lo tanto, la Procuraduría puede iniciar en contra de dichas autoridades municipales, acciones de investigación para requerirles la información y documentación relativa y verificar que sus actuaciones no transgredan derechos fundamentales.

9/2014/CTN/CN (Aprobado 9na. Sesión Ordinaria 26/09/2014)Procede el servicio de Representación Legal y Defensa, respecto de aquellos asuntos en los que los patrones acuden con resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde se determina la baja de sujetos de aseguramiento, pues en estos casos, el Instituto está determinando que el patrón incumplió con sus obligaciones fiscales en materia de aseguramiento de los trabajadores, lo que genera un agravio en materia fiscal que faculta a esta Procuraduría a brindar el servicio, ya que con su determinación, la autoridad presume un incumplimiento a la Ley del Seguro Social que incluso, puede repercutir en la determinación de créditos fiscales al patrón derivados de capitales constitutivos.

10/2014/CTN/CN (Aprobado 11va. Sesión Ordinaria 28/11/2014) De conformidad con lo establecido en los artículos 5, fracción III y IX, y 20, fracción II, de la Ley Orgánica de Prodecon, con relación a los artículos 37 y 47 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría (Lineamientos), es facultad de ésta conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales federales, así como recabar y analizar la información necesaria y ejercer las acciones pertinentes que tengan por objeto conocer, esclarecer o acreditar los hechos motivo de la queja, designando para tal efecto observadores. Las acciones de investigación se podrán realizar de oficio o a petición de parte; en el último caso, tratándose de observaciones, deberá de cumplirse con lo establecido en este Criterio Normativo. Ahora bien, con la finalidad de regular esta importante atribución resulta necesario establecer con claridad los alcances, limitaciones y requisitos que tendrán que observarse en el desarrollo de las diligencias de observación:

1.- OPORTUNIDAD. La designación de un observador deberá ser solicitada por el quejoso, por lo menos, con un día de anticipación, salvo los casos de urgencia señalados en el artículo 9 de los Lineamientos; es decir: a) Cuando se trate de actos inminentes, que de consumarse harían imposible la reparación del daño o la restitución al solicitante en el goce de sus derechos afectados; b) Cuando se trate de actos en los que esté por vencerse el plazo para la interposición o promoción de los medios de impugnación correspondientes, y c) Los demás que por sus características requieran este tratamiento.
2.-PROCEDENCIA. La designación de un observador deberá ser solicitada por quien tenga un interés legítimo, siendo competencia de los Directores Generales de la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes y de los Delegados, acordar y calificar la procedencia de la solicitud, ponderando la eficacia y conveniencia de la misma; por lo que no es un derecho irrestricto del quejoso.A toda solicitud de observación debe recaer el oficio de comisión o el Acuerdo respectivo quemotive adecuadamente la negativa a designar observador.
3.- ALCANCE. Cuando se comisione a un observador, el oficio de comisión debe mencionar expresamente el propósito de la investigación, los documentos o actuaciones objeto de la misma y los medios para la ejecución de la diligencia.
4.- IDENTIFICACIÓN. El observador deberá identificarse, ante el contribuyente y la autoridad fiscal respectiva, con la credencial oficial expedida por la Procuraduría, con el objeto de legitimarse como servidor público de ésta, con facultades para fungir como observador. De igual forma, deberá exhibir el oficio de comisión respectivo.
5.- La designación del observador deberá recaer preferentemente en un asesor.
6.- El observador debe limitarse a asentar en el acta que al efecto levante, los hechos o circunstancias que sucedan a lo largo de la actuación o diligencia de la autoridad a la que acuda, sin hacer calificación alguna.
7.- El observador no podrá oponerse a las actuaciones o diligencias que practiquen las autoridades, sin que ello implique que no pueda hacer manifestaciones.
8.-El tiempo en que el observador debe desarrollar su función será solamente el necesario para constatar los hechos materia de la observación, sin que eso amerite su presencia durante todo el tiempo que dure la diligencia de la autoridad.

1/2015/CTN/CN (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 20/02/2015)De conformidad con lo establecido en los artículos 5, fracción III y IX, y 20, fracción II, de la Ley Orgánica de Prodecon, con relación a los artículos 37 y 47 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría (Lineamientos), es facultad de ésta realizar las acciones de investigación necesarias para conocer, esclarecer o acreditar los hechos motivo de la queja o reclamación, pudiendo realizarlas de oficio o a petición de parte. Conforme lo anterior, cuando la Procuraduría conozca de actos de autoridad que por su naturaleza pudieran considerarse como urgentes, esto es: a) Se trate de actos inminentes, que de consumarse harían imposible la reparación del daño o la restitución al solicitante en el goce de sus derechos afectados; b) Se trate de actos en los que esté por vencerse el plazo para la interposición o promoción de los medios de impugnación correspondientes, y c) Los demás que por sus características requieran este tratamiento; Prodecon podrá iniciar de oficio las acciones de investigación correspondientes sin perjuicio de que paralelamente requiera al contribuyente posiblemente afectado, para que manifieste su interés en iniciar o continuar con la tramitación de una Queja.Habiendo concluido las acciones de investigación realizadas de oficio, y siempre que el contribuyente haya presentado la solicitud correspondiente, se continuará con la tramitación de la Queja

2/2015/CTN/CN (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 20/02/2015)La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo autónomo que, entre sus diversas facultades, tiene la de constituirse en abogado patrono de los contribuyentes e interponer, en su nombre, los medios de defensa administrativos, jurisdiccionales o judiciales que procedan, en defensa de sus derechos, buscando obtener resoluciones favorables. Ahora bien, al ser múltiples tanto las autoridades fiscales como los órganos jurisdiccionales o judiciales que cuentan con competencia para resolver en diferentes instancias y vías, los medios de defensa interpuestos por Prodecon, es posible que emitan resoluciones donde sostengan criterios favorables diversos, por su mayor o menor protección de derechos de los contribuyentes. En este orden de ideas, siendo la tarea del Ombudsmanfiscal dar a conocer los criterios favorables que obtenga en ejercicio de sus facultades como abogado patrono, cabe advertir que en la generalidad de los casos se trata de criterios aislados, cuya utilización por parte de los contribuyentes en los diferentes medios de defensa que por su cuenta interpongan, no les garantiza necesariamente una resolución favorable, como aquélla de la que deriva el criterio dado a conocer por Prodecon.

3/2015/CTN/CN (Aprobado 6ta. Sesión Ordinaria 26/06/2015. Última modificación 1ra. Sesión Ordinaria 28/01/2016.)ACUERDO CONCLUSIVO. LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PREVISTA EN EL 69-F DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF), OPERA POR MINISTERIO DE LEY. De conformidad con el artículo 69-F del CFF y 72 de su Reglamento, los plazos a que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo, 50, primer párrafo, y 53-B del CFF, se suspenden por ministerio de Ley, desde la presentación de la solicitud de Acuerdo Conclusivo y hasta que se notifique a la Autoridad Revisora la conclusión del procedimiento respectivo, sin que los dispositivos mencionados en primer término, condicionen los efectos jurídicos de dicha suspensión a la emisión y notificación de alguna actuación por parte de Prodecon a la autoridad o al contribuyente; es decir, la suspensión aludida surte plenos efectos de forma inmediata con la mera presentación de la solicitud respectiva, con independencia de su admisión; por lo que bastará que el contribuyente exhiba su solicitud de Acuerdo Conclusivo con el sello de recibido por parte de esta Procuraduría para demostrar que la suspensión del procedimiento de fiscalización, en virtud de lo dispuesto por el Legislador, ha operado. Por tanto, el hecho de que la autoridad desconozca tal suspensión y continúe ejerciendo sus facultades de comprobación dentro del procedimiento fiscalizador respecto del cual el contribuyente presentó su solicitud de Acuerdo Conclusivo, e incluso notifique la determinante del crédito fiscal, se traduce en una clara violación a los referidos 69-F y 72.

4/2015/CTN/CN (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria 21/08/2015) Los artículos 69-F del Código Fiscal de la Federación (CFF), 72 de su Reglamento y 101 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, precisan que el procedimiento de Acuerdo Conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo; 50, primer párrafo y 53-B del CFF, a partir de que se presente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud correspondiente y hasta que se notifique a la Autoridad Revisora la conclusión del procedimiento respectivo, sin que los numerales citados en primer término condicionen los efectos jurídicos de la suspensión, a la emisión y notificación de alguna actuación por parte de esta Procuraduría. Sin embargo, tomando en consideración la transparencia y seguridad jurídica que el procedimiento de Acuerdo Conclusivo debe brindar a las partes, este Organismo Autónomo estima imprescindible precisar, en los acuerdos por los cuales admita a trámite la solicitud de Acuerdo Conclusivo, la fecha a partir de la cual se suspendieron los plazos con que cuenta la Autoridad Revisora para concluir el ejercicio de sus facultades de comprobación, o bien, para emitir la resolución determinante de la situación fiscal del Contribuyente revisado, según corresponda, en el entendido de que esa fecha deberá coincidir, invariablemente, conaquélla en la que se presentó la solicitud respectiva.

5/2015/CTN/CN (Aprobado 11va. Sesión Ordinaria 27/11/2015) RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE AUTORIDADES FISCALES. EN OPINIÓN LEGAL DE PRODECON, NO PROCEDE CUANDO SE ADOPTAN LAS RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS O MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS POR EL OMBUDSMAN PARA REMEDIAR VIOLACIONES DE DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los Capítulos IV y V de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente regulan el procedimiento de queja y los Acuerdos y Recomendaciones que pueden derivar del mismo; siendo la queja un procedimiento no judicial de defensa de derechos a través del cual pueden los contribuyentes inconformarse respecto de violaciones a sus derechos tributarios, procediendo entonces la Procuraduría a requerir a las autoridades señaladas como responsables de dichas violaciones para que, en el término fatal de tres días hábiles, rindan un informe sobre los actos que se les atribuyen. Esta inmediatez y celeridad del procedimiento indican, desde luego, la importancia que le dio el legislador federal al controlno judicial de derechos ejercido por el Ombudsman fiscal y tan es así, que en su artículo 23, la propia Ley Orgánica establece que el organismo autónomo podrá formular recomendaciones: “ a fin de determinar si las autoridades o servidores han violado o no los derechos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales”. El propioprecepto dispone textualmente que en la Recomendación, Prodecon propondrá incluso: “las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos” pudiendo determinar incluso si procede: “la reparación de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado” con la actuación ilegal de la autoridad responsable. Luego entonces, es obligado advertir que la defensa de derechos encomendada por la ley a Prodecon, implica la posibilidad real de remediación de las violaciones de derechos que sufran los contribuyentes y que sean denunciadas por éstos en el procedimiento de queja, mediante la adopción inmediata y efectiva por parte de las autoridades fiscales responsables de las medidas correctivas sugeridas por el Ombudsman; pues de otra forma, jamás podría entenderse que en el artículo 1° de su Ley Orgánica, le hubiere encomendado el legislativo federal al nuevo organismo: “garantizar el acceso a la justicia fiscal de los contribuyentes”. Aún más, tan están las autoridades fiscales convocadas y facultadas a remediar las violaciones de derechos denunciadas por Prodecon, que el diverso artículo 5, fracción IX, de su Ley Orgánica establece expresamente como facultad: “…denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales”. Así, claramente se concluye la posibilidad legal, real, efectiva, actual, de las autoridades fiscales, de cumplir con la recomendación emitida por Prodecon y con sus medidas correctivas, lo que además se fortalece, desde luego, con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos …en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, en opinión de Prodecon, si una autoridad fiscal adopta las medidas correctivas para remediar la violación de derechos denunciada por el Ombudsman, y por lo tanto, deja sin efecto un crédito fiscal, cancela un embargo, acepta una nueva forma de garantía, otorga una devolución de impuesto, acepta una deducción, etcétera; ello no puede constituir motivo de responsabilidad administrativa para esa autoridad, pues precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría dispone expresamente lo contrario, a saber, que cuando no se acaten esas medidas correctivas, podrá la Procuraduría denunciar ante las autoridades competentes, órganos internos de control o demás autoridades con competencia en la materia, actos que puedan dar lugar a responsabili dad administrativa. Razonar al contrario, además, haría prácticamente nugatoria la función delOmbudsman, denegándose el acceso a la justicia fiscal no jurisdiccional a los pagadores de impuestos, violándose el citado artículo 1° constitucional. De este modo, en opinión legal de Prodecon, el cumplimiento y adopción por parte de autoridades fiscales federales de las medidas correctivas, sugerencias o recomendaciones emitidas por el Ombudsman, no podría dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas por parte de los órganos con competencia en esa materia, si precisamente tanto el citado artículo 5, fracción IX, de su Ley Orgánica como el diverso artículo 8, fracción XIX-A de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, disponen que, por el contrario, es el incumplimiento de esas recomendaciones, sugerencias y medidas correctivas de la entidad a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, lo que puede dar origen a responsabilidad es por parte de las autoridades, y es precisamente a Prodecon, a quien el Legislador encomendó el control no jurisdiccional de derechos de los pagadores demimpuestos; por lo que es este organismo el facultado para emitir pronunciamientos sobre ese tema y las autoridades fiscales federales las destinadas a atenderlos.

1/2016/CTN/CN (Aprobado 1ra. Sesión Ordinaria 28/01/2016. Se dejó sin efectos 4ta. Sesión Ordinaria 3/06/2016) El Criterio Normativo fue aprobado en lo general en la Primera Sesión Ordinaria de 28 de enero de 2016, quedando su texto para engrose; en la Cuarta Sesión ordinaria de 3 de junio de 2016, el Criterio se dejó sin efectos, previo a la conclusión de su engrose.

2/2016/CTN/CN (Aprobado 2da. Sesión Ordinaria 26/02/2016) Cuando el contribuyente sea omiso en exhibir las pruebas pertinentes en la fase oficiosa del procedimiento de comprobación y, emitida la resolución determinante del crédito, promueva recurso de revocación en donde, con fundamento en el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, exhiba las pruebas que fue omiso en presentar en la fase oficiosa; si, en forma paralela, el contribuyente promueve una Queja ante Prodecon, no puede estimarse suficiente como motivo de violación, el que el quejoso simplemente aduzca la omisión en el examen de las pruebas, sino que deberá necesariamente apreciarse en qué forma los hechos u omisiones
concretos constitutivos de incumplimiento de obligaciones fiscales son desvirtuados con las pruebas exhibidas, así como con los argumentos que demuestren que, de su examen, deriva forzosamente la ilegalidad o improcedencia del crédito determinado materia del recurso.

3/2016/CTN/CN (Aprobado4ta. Sesión Ordinaria 3/06/2016) Las pruebas que se ofrezcan en el Procedimiento de Acuerdo Conclusivo deberán relacionarse expresamente con lo que se pretenda probar; en el caso de que el solicitante no cumpla con talrequisito, se procederá en términos del artículo 99 de los Lineamientos que regulanel ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, emitiendo el requerimiento correspondiente.

4/2016/CTN/CN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 26/08/2016) No podrá ser materia del servicio de Consulta previsto en el artículo 5, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la calificación de hechos consignada en alguno de los procedimientos de revisión fiscal a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III y IX, del Código Fiscal de la Federación,cuando subsista, en términos de las disposiciones legales, la posibilidad de tramitar unAcuerdo Conclusivo. Lo anterior, pues de resolverse la Consulta propuesta por el contribuyente, este Organismo Autónomo pasaría del carácter de mediador entre las partes que le da la figura del Acuerdo Conclusivo, al de asesor de una de ellas; restando así la imparcialidad que requiere su actuación en el medio alternativo, lo que rompería el equilibrio entre las partes. De este modo el objetivoprincipal que tiene la figura se vería mermado.

5/2016/CTN/CN (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria 07/10/2016) CONSULTAS. PRODECON PUEDE INTERPRETAR DISPOSICIONES LEGALES Y PROCESALES VINCULADAS CON EL ACTO DE AUTORIDAD MATERIA DE AQUÉLLAS. En términos del artículo 1° de la Ley Orgánica de esta Procuraduría y el correlativo 53 de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de este organismo autónomo, el objeto de PRODECON consiste en garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, a través de los diversos servicios con los que cuenta par
a lograr su objetivo institucional, como lo es, el de consulta. Ahora bien, de la recta interpretación a ambos preceptos normativos, se desprende que las consultas no pueden circunscribirse única y exclusivamente a la interpretación de disposiciones fiscales y aduaneras, sino también al análisis e interpretación de otras diversas disposiciones legales o procesales que estén vinculadas o involucradas en el acto sobre el que se consulta. De no razonarse así, la Procuraduría se vería limitada para cumplir con su función de garantizar a los contribuyentes justicia fiscal en el orden federal, pues el orden jurídico integra un sistema normativo interdependiente en múltiples aspectos; sobre todo tratándose de disposiciones fiscales, ya que lo propio de la materia tributaria es poder observar diversos hechos, actos y negocios jurídicos que pueden estar regulados en leyes de materias diversas, a efecto de identificar aquellos que puedan ser constitutivos de hipótesis de causación. En esa tesitura, las consultas de los contribuyentes pueden versar sobre disposiciones fiscales, aduaneras, legales o procesales, cuando las mismas se encuentren relacionadas con la materia consultada.

1/2017/CTN/CN (Aprobado 1ra. Sesión Extraordinaria 10/01/2017) CONSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE ACLARACIÓN CON ADEUDO ANTE INFONAVIT. PROCEDE EL SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEFENSA EN CONTRA DE. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través del servicio de Representación Legal y Defensa es competente para conocer de los asuntos presentados por contribuyentes que derivado de la solicitud de una aclaración de créditos fiscales ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) hubieren obtenido una “Constancia de Resolución de Aclaración con Adeudo”, ya que atendiendo a su naturaleza constituye una resolución definitiva al ser el producto final de la voluntad de la autoridad fiscal donde se determina que subsisten adeudos, cuyas características impiden su modificación y ocasionan agravio al gobernado; por lo tanto es procedente su impugnación vía juicio contencioso administrativo. Lo anterior con independencia de los demás servicios que Prodecon en el ámbito de su competencia pueda brindar para solucionar la problemática del contribuyente.

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