Eduardo Campos Gámez
Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Guadalajara y actualmente, cursando la Maestría en Derecho con especialización en la rama Constitucional y Administrativo en la Universidad de Guadalajara.

Durante estos años se ha puesto en discusión si la contravención por parte de una autoridad a una norma que carece de sanción expresa por parte del legislador debe considerarse como imperfecta y, por ende, no traer como consecuencia jurídica una nulidad declarada en una instancia judicial.

Lo anterior es así ya que algunos tribunales han adoptado el criterio, erróneamente, en mi opinión, de convalidar los actos administrativos realizados por la autoridad en ejercicio de sus facultades, pese a que éstos no se ejecutan en el plazo estipulado por el legislador, aduciendo que se trata de una norma imperfecta y que, por ende, aun cuando la actuación de las autoridades se efectúe fuera del marco normativo, no puede considerarse como ilegal, al no existir en la propia norma una sanción que establezca esa consecuencia como sanción.

Previo analizar si esto debe considerarse como un acto legal o no, es primordial traer a contexto el significado y alcance de una norma, es así como el jurista Eduardo García Maynes al citar al jurista ruso N. Korkounov, han clasificado a las normas en cuatro grupos (Torres Rivero:2007):

• Leges perfectae.- aquéllas, cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que las vulneran.

• Leges plus quan perfectae.- aquellas que tienen un carácter sancionadora e imponen al infractor un castigo y exige, además, una reparación pecuniaria.

• Leges minus quan perfectae.- aquéllas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor a un castigo.

• Leges imperfectae.- aquellas no se encuentran provistas de sanción.

De las anteriores definiciones, se tiene entonces que la norma imperfecta – leges imperfectae – debe considerarse como aquella que no se encuentra provista de una sanción; sin embargo, de la propia naturaleza y alcance de las normas jurídicas, se debe entender que éstas por el simple hecho de existir, implican una sanción o castigo. Misma que pretende reducir o evitar las infracciones a las reglas sociales; en este caso, las jurídicas, al tiempo que se pretende enseñar los valores protegidos con estos sistemas normativos. 

Desde luego, las sanciones deben ser proporcionales al daño causado y deben ser reflejo de la importancia que el Estado da a la protección de este derecho y de estos principios, de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal, Kant, Hobbes y Kelsen, pilares de la filosofía del derecho tradicional, señalan, cada uno desde puntos de vista diversos, que no existe un derecho sin sanción; norma jurídica que no conlleve la obligatoriedad de su cumplimiento y la amenaza de una sanción en caso de infracción.(Torres Rivero:2007)

Entonces, de lo expuesto previamente, se establece que el criterio sustentando por algunos Tribunales en convalidar los actos administrativos que se emiten fuera de plazo señalado por el propio legislador, se deben declarar como nulos, pues su ilegalidad es manifiesta, ya que de no hacerlo, se estaría contraviniendo el principio de legalidad consagrado en nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Un ejemplo de lo anterior, se ve reflejado en el artículo 53 – B fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establecen los lineamientos procesales esenciales de la revisión electrónica y su forma de llevarse, al establecer términos específicos para operar dentro del procedimiento tanto para la autoridad, como para el gobernado; es por ello, que la referida fracción IV de dicho artículo, establece el plazo que el legislador impuso a la autoridad, para que ésta emita y notifique una resolución de acuerdo a la información y documentación con la que cuenta.

Artículo 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: …

IV.- La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que:

    (…)

Del artículo transcrito se desprende que, la autoridad contará con un “plazo máximo”, es decir no mayor a éste, de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente; es decir, el legislador estipuló en dicha fracción límites en el ejercicio de las facultades de la autoridad; sin embargo algunos Tribunales han tomado el criterio de convalidar el acto administrativo, pese a no respetarse el referido plazo de cuarenta días del artículo 53 B fracción IV del Código Fiscal de la Federación, aduciendo que éste no contempla sanción alguna y por tanto se entiende como una norma imperfecta, ya que el legislador omitió establecer dicho castigo.

De lo antes expuesto, se desprende una total violación al artículo 16 Constitucional, el cual contempla el llamado principio de legalidad como garantía individual de los gobernados, consistente en que las autoridades se encuentran obligadas a fundar y motivar sus actuaciones frente a los particulares, al señalar ese deber inexorable. 

Acorde con lo anterior, las autoridades, deben regularse por el llamado principio de legalidad, debiendo actuar únicamente dentro del marco de atribuciones que la norma o normas les faculten de forma expresa, impidiendo con ello, su actuación arbitraria y caprichosa en perjuicio de los gobernados.

Es así que necesariamente cualquier norma que se encuentre vigente se debe respetar cabalmente por parte de la autoridad, ya que de lo contrario se afectaría el multicitado principio de legalidad, puesto que no puede considerarse como legal un acto emitido por una autoridad, en este caso fiscal, en contravención de las disposiciones que regulan su actuación, no obstante que, no se encuentre contemplado expresamente la sanción aplicable, pues precisamente el hecho de que no se actúe conforme al margen de la ley, es que propicia su ilegalidad.

En razón de que a efecto de evitar la ilegalidad del actuar de alguna autoridad, es que éstas últimas se regulan por el llamado principio de legalidad y sobre todo, por el de debido proceso; por tanto únicamente deben actuar conforme al marco de atribuciones que el legislador les estipuló en una norma de forma expresa, impidiendo así, su actuación arbitraria y caprichosa en perjuicio de los gobernados, tal como lo señala el principio “la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite”.

Junto a lo anterior, también es que se tienen los aspectos de la competencia de la autoridad, que no solo es materia, grado o territorio, sino también el de temporalidad en su actuar, el cual al convalidar un acto emitido por una autoridad fuera de plazo estipulado por el legislador, se afecta directamente el principio de legalidad y la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado.

En consecuencia de lo anterior, es que pese a que una norma no contenga una sanción expresa, ésta no significa que no exista, ya que dicho castigo viene implícito en el principio constitucional de legalidad antes referido, en el sentido de que si una autoridad actúa fuera del marco normativo o incluso en contra del mismo, la consecuencia inmediata e ineludible, debe ser la ilegalidad de su actuación. 

Entonces de seguir con el criterio de una norma imperfecta y la falta de sanción, traen por ende una violación a la seguridad jurídica y derechos humanos del gobernado, al desconocerse entonces, el momento o límite del ejercicio de la atribución ejercida, convirtiéndolo así en un procedimiento indefinido y excesivo, por no estar acotado en sus límites de tiempo y definición del mismo.

Es así que se concluye que las autoridades fiscales no pueden escudarse ni convalidar la ilegalidad de sus actos, aun cuando se traten supuestamente de normas imperfectas, en razón de que la sola contravención a dichos principios trae aparejada, irremediablemente, la ilegalidad del acto de las autoridades sin necesidad de que la Ley señale expresamente esa consecuencia como sanción, ya que en nuestro sistema jurídico no existen las nulidades de pleno derecho y los actos de las autoridades se presumen válidos salvo prueba en contrario, deben declararse nulos por ilegales.

Lo anterior, en razón de que sí se llegase a convalidar la actuación de la autoridad, pese a que se haya realizado fuera del plazo estipulado por el legislador, se afectaría la esfera jurídica del gobernado, ya que dicho precepto no otorga certeza jurídica, puesto que deja al arbitrio el actuar de la autoridad, dado a que de estipularse una forma de actuar, el hecho de no tener una consecuencia jurídica, entendida como sanción, al no cumplir con el plazo estipulado, imposibilita que el contribuyente tenga certeza jurídica.

Se dice lo anterior, ya que el particular no está en condiciones de realizar una adecuada defensa de sus intereses en el procedimiento fiscalizador que establece el precepto citado, lo que significa colocarlo en la imposibilidad de desvirtuar las irregularidades relativas, al no saber con exactitud cuándo se va a emitir y notificar una resolución, pues se insiste que pese a tener un plazo para actuar por parte de la autoridad, al no existir consecuencia jurídica por no cumplir con dicho procedimiento en los tiempos y formas estipuladas por el legislador, es que no existe certeza jurídica para el gobernado.

Por lo que  en el presente ejemplo la ilegalidad e inclusive la inconstitucionalidad del artículo 53-B fracción IV del Código Fiscal de la Federación, radica en el hecho de que al no establecer una sanción en el actuar de la autoridad en cuanto a respetar el plazo de 40 días para emitir y notificar una resolución, no otorga certeza jurídica al gobernado, puesto que desconoce en que momento exacto va a emitir y notificar su resolución dicha autoridad, ya que pese al señalarse en dicho precepto legal un plazo máximo y específico para emitir y notificar la resolución correspondiente, el incumplimiento a dicho tiempo no conlleva ninguna sanción o castigo, de ahí que se afecta la garantía de seguridad jurídica al impedirse que la autoridad haga un ejercicio arbitrario de sus facultades y otorga certidumbre al gobernado sobre su situación, y sobre los plazos legales para que la autoridad cumpla con este objetivo.  

Puesto que, el particular no está en condiciones de realizar una adecuada defensa de sus intereses en el procedimiento fiscalizador que establece el precepto citado, lo que significa colocarlo en la imposibilidad de desvirtuar las irregularidades relativas, al no saber con exactitud cuándo se va a emitir y notificar una resolución, pues se insiste que pese a tener un plazo para actuar por parte de la autoridad, al no existir consecuencia jurídica por no cumplir con dicho procedimiento en los tiempos y formas estipuladas por el legislador, es que se debe traer a debate sobre la inconstitucionalidad del artículo 53 B fracción IV del Código Fiscal de la Federación, al no haber certeza jurídica.

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