Elsa Patricia Cortez Chávez
Abogada por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Maestra en Valuación por el Instituto Tecnológico de la Construcción A.C., Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado

El Arbitraje tiene en común con el proceso judicial, que es la decisión final denominada LAUDO, es definitiva y vinculante para las partes, y tiene la misma fuerza y validez que una SENTENCIA JUDICIAL.

Las características y ventajas  del ARBITRAJE frente al proceso judicial son:

Confidencial: a diferencia que el proceso judicial que es público.

Neutral: las partes pueden elegir el tribunal arbitral; el conflicto puede ser resuelto  por un solo árbitro o más, pero nunca será en número par para evitar empate.

Especialidad de árbitros: se eligen árbitros con conocimientos específicos. 

Agilidad: se lleva a cabo mucho más rápido que un proceso judicial.

Idioma: se puede solicitar que el procedimiento se lleve en un idioma específico, así como solicitar que se lleve a cabo de acuerdo a una legislación en especial.

Flexible: ya que las reglas de resolución son claras y sencillas para las partes.

Economía: Por la celeridad de este trámite, es comparativamente más económico que los procesos tramitados ante los Jueces de la República, lo que conlleva un ahorro importante de tiempo y dinero.

Validez: La decisión de los árbitros para solucionar el conflicto se denomina laudo arbitral, el cual tiene los mismos efectos de una sentencia judicial.

Tipos de ARBITRAJES:

Arbitraje ad hoc: (latín- Que está hecho especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta).

  • Simplificación de la redacción de la cláusula/convenio arbitral.
  • Designación de árbitros quienes resuelven la disputa sin supervisión institucional y tienen que definir sus propias reglas de procedimiento aplicables.
  • Certidumbre en el costo del arbitraje.
  • Asistencia administrativa y jurídica.
  • Asistencia logística tanto a las partes como a los árbitros.
  • Asesoría y supervisión de los árbitros. 

El arbitraje ad-hoc generalmente es aconsejable sólo cuando ya ha surgido una disputa y está claro que todas las partes están dispuestas a participar de manera cooperativa en el arbitraje. Incluso en estas circunstancias, y ciertamente cuando una cláusula de arbitraje ad-hoc para futuros litigios se adopta, las partes deben asegurarse de que se elija el lugar en que se llevará a cabo y que se designe una autoridad para nombrar árbitros en ausencia de acuerdo entre las partes.

El arbitraje institucional  se da, cuando en el convenio arbitral, las partes acuerdan que el procedimiento arbitral se ajuste a las reglas de una institución cuya finalidad es la de administrar arbitrajes y, por tanto, renuncian a regular por ellos mismos todos o algunos de los aspectos del arbitraje. La institución no decide la disputa, puesto que ésta constituye responsabilidad exclusiva de los árbitros designados por la institución.

El arbitraje institucional se lleva a cabo de conformidad con las normas de procedimiento publicadas por una institución de arbitraje en particular (un centro de arbitraje), quien generalmente también gestiona y administra el arbitraje.

Si las partes eligen un arbitraje institucional, la designación de la institución arbitral debe aparecer en el acuerdo de arbitraje, aunque también se puede acordar más adelante, cuando surgió la disputa, si las partes así lo eligen. En general, se recomienda confiar en instituciones de arbitraje internacional reconocidas y establecidas internacionalmente, ya que estos se preparan y a menudo administran arbitrajes desde prácticamente cualquier parte del mundo, y no sólo donde se encuentra la institución.

Estas instituciones, por lo general, tienen sus propias regulaciones de arbitraje. Un órgano de toma de decisiones que nombra a los árbitros y toma otras decisiones y un equipo de profesionales que organizan y administran arbitrajes. Es importante tener en cuenta que una institución arbitral no resuelve la disputa sustantiva subyacente entre las partes ni actúa como árbitro, pero, en vez de eso, gestiona procesos que son conducidos y decididos por árbitros individuales.

Los roles precisos de cada institución de arbitraje varían entre organizaciones. Sin embargo, una institución de arbitraje usualmente  recibe requisitos (o notificaciones) para arbitraje hecho de acuerdo con sus reglas, envía estas órdenes (o notificaciones) acusando, confirma los nombramientos de árbitros realizados por las partes o designa árbitros cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo o simplemente no desean hacerlo, proporciona mayores garantías de independencia e imparcialidad de los árbitros, decide sobre solicitudes de extensión de tiempo para la entrega de presentaciones iniciales. Algunas instituciones también establecen las tarifas para los árbitros, cobrar tarifas y costos por adelantado de las partes y, en algunos casos, analizar y comentar los proyectos del laudo arbitral.

Por supuesto, los servicios prestados por estas instituciones de arbitraje tienen un costo, que se suma a los honorarios y gastos de los árbitros. Cada institución arbitral tiene una tabla de tarifas que especifica los montos cobrados, así como la base para calcular estas tasas; la regla general se basa en un porcentaje del monto en disputa.

El procedimiento de reconocimiento o ejecución se sustanciará incidentalmente de conformidad con el Artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución no será objeto de recurso alguno.

No obstante en el año 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un estudio de un caso de Nulidad de Laudo, determinó que para poder expresar que existe una violación al orden público es necesario analizar el tipo de violación alegada y confrontar ésta con el principio de preservación del arbitraje como ejercicio de un derecho constitucional, siendo que cuando la fricción entre los derechos confrontados sea de menor jerarquía debe prevalecer la decisión arbitral, incluyendo posibles deficiencias interpretativas del derecho en las que se pudiera incurrir en la emisión del laudo. Sin embargo, si tales deficiencias interpretativas son abiertamente injustas o incorrectas, entonces, la nulidad del laudo es posible.  Por lo anterior, se puede concluir que la nueva política para dotar de contenido al concepto de orden público, como causal de anulación de un laudo, es acorde a nuestro sistema Mexicano, a una política Pro-Arbitraje en México y a un Estado de Derecho.

 

EL CORREDOR PÚBLICO COMO ÁRBITRO. 

 De acuerdo al Artículo  6º de la Ley Federal de Correduría Pública, al corredor público corresponde en su fracción …IV.- Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia.

Conforme al CAPÍTULO II, que se refiere al ACUERDO DE ARBITRAJE, en el Artículo 1423 del Código de Comercio se establece lo siguiente:  El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria, constituirá acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

QUÉ ES UNA CLÁUSULA COMPROMISORIA

Es una cláusula que se incluye en los contratos, previo a que se presente la diferencia entre las partes en la que se obligan a someter a Arbitraje las controversias que pudieren surgir. 

COMPROMISO: es el que se pacta entre las partes una vez surgido el conflicto y que no se haya contemplado en el contrato una cláusula compromisoria. 

Ejemplo de CLÁUSULA COMPROMISORIA: Todas las desavenencias que deriven de este contrato, serán resueltas definitivamente de acuerdo con las reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje… por uno o más árbitros nombrados conforme a las Reglas del Centro de Arbitraje…  

CUÁLES SON LOS TIPOS DE PACTO ARBITRAL

El pacto arbitral puede consistir en una cláusula compromisoria o en un compromiso. La nueva versión del Código de Comercio se inscribe en el marco de una tendencia legislativa favorable a una regulación unitaria del arbitraje interno y del arbitraje internacional,  como una alternativa a una regulación dualista en la que el arbitraje internacional es regulado totalmente o en gran medida por preceptos distintos que el arbitraje interno. La reglamentación unitaria permite que, al margen de cuestiones muy específicas, el arbitraje comercial interno y el internacional, descansen en los mismos preceptos. El legislador mexicano ha optado así por regular ambas modalidades de arbitraje a partir de un texto concebido preferentemente para el arbitraje comercial internacional; pero su inspiración y soluciones son perfectamente válidas, en la inmensa mayoría de los casos, para el arbitraje interno. Ha seguido, de este modo, el ejemplo de otras recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que la Ley Modelo de UNCITRAL no sólo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino para el arbitraje comercial en general.

Con independencia de que cada uno de los capítulos del título cuarto del Código de Comercio actual sigue muy de cerca la redacción de la Ley Modelo de la UNCITRAL – el reglamento de arbitraje de la UNCITRAL versa sobre todos los aspectos del arbitraje, desde la formación del tribunal arbitral, hasta la emisión del laudo arbitral y fue diseñado para ser flexible buscando reflejar las reglas y estándares más aceptados del procedimiento arbitral- respeta fielmente sus postulados, no es en su totalidad una adopción literal de la misma. Al margen de ciertas alteraciones de carácter gramatical existen tres construcciones autóctonas en modo alguno significativas, que no son otra cosa que el deseo del legislador de adaptar el modelo de ley al estilo o técnica de la legislación mexicana.  En el caso de que  no exista consenso de las partes para determinar el número de árbitros, el artículo 1426 del Código establece que será un solo árbitro, en lugar de tres, como lo estipula la Ley Modelo. En segundo lugar, en orden a la determinación de la ley aplicable al fondo del asunto, en caso de que las partes no hubiesen indicado su preferencia respecto de ella, frente a la solución conflictual que incluye el artículo 28.2 de la Ley Modelo; en México el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes, (artículo 1445). En tercer lugar, frente a la inmovilidad de la Ley Modelo, el capítulo VII DE LAS COSTAS (artículos 1452 a 1456) sobre costas del arbitraje que derivan directamente del Reglamento Facultativo de Reglas Procesales, aprobado la UNCITRAL en 1976; dichos preceptos confieren a las partes la facultad de adoptar ya sea directamente, o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a costas del arbitraje; asimismo se incluye en el referido capítulo lo relativo a anticipos, depósitos, fijación de la cuantía de los honorarios, condena al pago de las costas y advierte en el artículo 1455 que las costas en el arbitraje serán a cargo de la parte vencida, a menos que el tribunal arbitral decida prorrateo entre las partes. 

La figura del arbitraje se remonta al Derecho Romano, al hacer mención en algunas disposiciones establecidas, una serie de requisitos para ser Arbitro y una serie de obligaciones en la tabla IX-III decretando que se imponía la pena de muerte al Árbitro que recibiera dinero para dictar una sentencia favorable a una de las partes (Bravo Peralta 2002). En la Constitución de Cádiz de 1812, se consideraba entre sus artículos 280º al 285º al arbitraje y a la conciliación como medios de solución de controversias, “De la administración de justicia en lo Civil”, que por decreto ordenaba el derecho  al acceso a la vía del arbitraje cuando existiera el incumplimiento de obligación por parte de alguna persona. 

La controvertida dualidad normativa en México no impidió, sin embargo, el desarrollo del arbitraje, siendo paulatinamente relegadas las disposiciones del Código de Comercio y quedando el Código de Procedimiento como texto de base en la ordenación del arbitraje interno; este último texto no hacía referencia alguna al arbitraje comercial internacional.

La situación comenzaría a cambiar con la incorporación de México a las Convenciones de Nueva York de 1958, de Panamá de 1975 y de Montevideo de 1971, 1978 1979 y 1987, respectivamente; México participó en innumerables foros internacionales de finales de la década de los setenta y principios de los ochenta configurándose a partir de ésta una dualidad normativa, interna e internacional con la paradoja de que si bien esta última había adquirido un ropaje moderno, el arbitraje interno descansaba en normas procedentes de un periodo económico proteccionista e intervencionista del Estado. 

Poco tiempo después de aprobada la Ley Modelo UNCITRAL de 1985, se realizó una importante divulgación que dio lugar a una comisión de expertos cuyos trabajos tuvieron como virtud incorporar en la Ley Modelo de la UNCITRAL en el libro quinto del antiguo Código de Comercio dejándose de lado una reforma más ambiciosa que comprendería la reforma global de este último texto. 

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