Ramón Alejandro Galaviz García Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Guadalajara, con Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y socio de la firma en derecho fiscal corporativo «Degalcorp»

No sólo a «contadores y auditores» les llego mediante buzón tributario una carta invitación sobre el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida en el medio como Ley Antilavado; también diversos particulares con actividades distintas fueron destinatarios de estos documentos. La duda que circulo en redes sociales y en distintos gremios fue como actuar, pues se trata de una carta invitación sin mayor fundamento ni motivación, a lo que algunas voces proponen no atenderlas, pero en lo particular para nosotros, aun a pesar de ser un acto administrativo irregular, es importante su atención para evitar actos de molestia que puedan costar tiempo y dinero, pues de estar completamente seguro de que no se tiene obligaciones sólo será un distractor, así que a fin de que no suceda debe atenderse mediante el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su apartado de aclaraciones.

En relación con su alcance y naturaleza jurídica, cabe destacar que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que se trata únicamente de un acto declarativo, mediante el cual la autoridad exhorta al obligado a corregir su situación sobre posibles omisiones detectadas, no debe dejar de analizarse su contenido, pues se tratan de una evidencia que la autoridad ha identificado una posible omisión y, en consecuencia, podría ejercer facultades de verificación y, de resultar procedente, imponer las sanciones correspondientes. Al respecto, de conformidad con la legislación, entre otras infracciones y sanciones, la omisión de la presentación de avisos, o su presentación fuera de los plazos legales, puede ser sancionada con multas muy elevadas.

Dentro de la redacción de la carta invitación: “de no atender esta invitación dentro del plazo de 15 días hábiles…, el Servicio de Administración Tributaria podrá ejercer sus facultades de verificación”, aunque no sea el un inicio formal de facultades de comprobación, ni una notificación formal. Entonces, para tomar el camino de inicio se debe saber si se realiza o no alguna de las actividades consideradas vulnerables por la Ley. Antes que nada, se debe consultar a un experto en el tema por las posibles contingencias que pueda presentar un incumplimiento.

Ahora, de ser afirmativo,  deberás entrar al Portal de Prevención de Lavado de Dinero para darte de alta en el padrón, y capturar la información requerida y obtener un acuse electrónico con sello digital, y estar siempre consciente que se están ante la comisión de infracciones con sanciones elevadas, por eso la importancia de estar siempre con un especialista en el tema. Por otro lado, muchas de estas cartas no proceden, sólo debemos estar seguros de no realizar ninguna de esas actividades, por lo que únicamente se tendrá que aclarar tal situación jurídica. En caso de se afirmativo el incumplimiento, deberá de tomar en consideración, en conjunto de algún experto los siguiente puntos:

  • Si las operaciones actualizan un supuesto de alguna actividad vulnerable;
  • Medir el alcance de las posibles contingencias;
  • Las actividades llevar a cabo para la regularizar de las obligaciones; y
  • En todo caso, analizar el escenario litigioso que pueda resultar.

A manera de conclusión, al momento de esta colaboración es posible que muchas cartas invitación están a punto de vencer su plazo de aclaración, por lo que es recomendable regularizar su situación con la asesoría de especialista en el tema de la Ley Antilavado, o en su caso, hacer la aclaración pertinente, pues el SAT advierte que, si no atiendes a la invitación dentro de un plazo de 15 días hábiles, podrá ejercer sus facultades de verificación. Por tanto, se debe evaluar el caso particular de cada particular y tomar la decisión más conveniente, pues conociendo la Ley, se tienen altos riesgos y bajas ventajas de una u otra alternativa.

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