Es muy común en las empresas, que durante las relaciones laborales, los trabajadores adeuden ciertas cantidades a los patrones, ya sea por préstamos en concepto de anticipos de salario, pagos hechos con exceso al trabajador, por pérdidas, o por el consumo o adquisición de artículos que la misma empresa fabrica o distribuye; a fin de recuperar el total o parte de los adeudos, los patrones están facultados para realizar lo establecido en el artículo 110 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), mismo que permite, que el patrón descuente esas cantidades del salario que perciba el trabajador, importe que no podrá ser mayor de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo. Sin embargo a lo anterior, aunque en los artículos 500, 501, 502 y 503 de la LFT se establece lo relativo al procedimiento para determinar el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, es decir el procedimiento sucesorio laboral, en ninguna de la disposiciones de la referida Ley se establece lo referente al caso de que el fallecido adeude cantidades al patrón; a causa de esta omisión y por lo establecido en la fracción I del artículo 110 del referido ordenamiento, es que algunos patrones optan por disminuir de la indemnización que le corresponde al trabajador, los adeudos que no le pagó en vida; este tipo de conductas recurrentes ha despertado diversas inconformidades que han sido resueltas en los tribunales. Uno de los criterios que llamó la atención es el siguiente que emitió el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del décimo sexto circuito, que al efecto determina:

BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. ADQUIEREN ÚNICAMENTE LOS DERECHOS DE AQUÉL DERIVADOS DEL NEXO LABORAL, NO ASÍ LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO CONTRAÍDAS POR ÉSTE CON SU PATRÓN. En los artículos 501, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo se contempla el procedimiento sucesorio laboral en el que, mediante la aplicación del principio de dependencia económica, se definen los beneficiarios de los derechos laborales en casos de muerte del trabajador; procedimiento que solamente tiene como finalidad determinar quién deberá suceder al trabajador fallecido en el beneficio previamente obtenido. La declaratoria de referencia, que puede recaer en cualquiera de los sujetos previstos en el citado artículo 501, no conlleva, al mismo tiempo, la correlativa consecuencia de responder de las obligaciones de carácter económico adquiridas por el trabajador con el patrón durante el tiempo que permaneció el vínculo de trabajo, pues del artículo 123, apartado A, fracción XXIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –cuya razón de ser se remonta a la época en que los trabajadores se veían obligados a comprar en las tiendas de raya artículos de primera necesidad a precios elevados que provocaban menoscabo en su percepción–, destacan los principios relativos a la responsabilidad exclusiva del trabajador de las deudas contraídas con su patrón y a la prohibición de que dichas deudas puedan exigirse a los miembros de su familia. Luego, tratándose del derecho sucesorio en materia de trabajo, los beneficiarios adquieren únicamente los derechos del obrero fallecido derivados del nexo laboral, no así las obligaciones de carácter económico contraídas por éste con su patrón por el tiempo que duró ese vínculo contractual.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 464/2010. Ma. del Carmen Patlán Arellano. 1o. de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo.

Ahora bien derivado de lo establecido en la anterior tesis, queda claro pues, que los beneficiarios del trabajador fallecido, adquieren únicamente los derechos de aquél derivados de la relación laboral, y no así las obligaciones de carácter económico (deudas) contraídas por éste con su patrón, basando su criterio en que el artículo 123 establece que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases de la carta magna deberá expedir leyes sobre el trabajo, y que en la fracción XXIV del mismo artículo, se dispone que de las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador; todo lo anterior con la finalidad de que no se repita en esencia, lo sucedido durante la época pre-revolucionaria, cuando los trabajadores adquirían en las tiendas de raya los productos y servicios que necesitaban, donde los adeudos eran enormes al grado de que, trascendían a las familias, generando un lazo laboral que era imposible de romper.

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