Dr. Domingo Ruiz López Licenciado en Derecho, Maestro en Fiscal y Doctor en Materia Fiscal. Socio Director de Ruiz Consultores, S.C., Presidente del Capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.
Twitter: @domingoruizl

El día de hoy, 31 de marzo de 2020, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Medidas Extraordinarias para Atender la Contingencia Sanitaria por el Virus SARS-CoV2, conocido como COVID-19, mismas que fueron establecidas por el Secretario de Salud, derivado del acuerdo emitido el día de ayer, 30 de marzo, por el Consejo de Salubridad General, mismas tiene impacto en el sector productivo del país, por lo que es necesario analizar su naturaleza y consecuencias.

Contenido del Acuerdo

El acuerdo emitido impacta a los sectores público y privado, así como a las personas habitantes en México, siendo de relevancia para el sector privado, las siguientes medidas:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:

  1. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;
  2. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales:
    • Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
    • Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;
    • Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
    • Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y
    • Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría;

De una primera lectura al contenido del acuerdo se desprende que:

  • Es una orden, para suspender a partir de hoy las actividades y hasta el 30 de abril; y
  • Solo se pueden seguir desarrollando las actividades esenciales mencionadas en el acuerdo.

A partir de aquí, una primera interpretación que debería hacer una empresa es si se encuentra dentro de las actividades esenciales, o de lo contrario debería parar su actividad.

No obstante lo anterior, es necesario reflexionar sobre los alcances del acuerdo en análisis.

Naturaleza del acuerdo

El propio acuerdo, se emite con fundamento en una serie de disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley General de Salud; analizando cada uno de los artículos citados, no se desprende que el Secretario de Salud tenga facultades para restringir las actividades.

Por otra parte, analizando el apartado de sanciones que contiene la Ley General de Salud, no se desprende ninguna sanción, por incumplimiento a los artículos en que se funda el acuerdo emitido por el Secretario de Salud.

Analizando la literatura disponible, existe un sistema jurídico para establecer medidas ante las epidemias, que en el caso de que suponga restricciones a los derechos humanos, se debe desarrollar el procedimiento de suspensión de garantías, contemplado por el artículo 29 de la Constitución Mexicana, lo publicado hoy no se trata de eso, por el contrario, tanto el acuerdo de ayer como las medidas de hoy, expresan que se emiten con estricto respeto a los derechos humanos de las personas, entre los que se encuentran la libertad de trabajo, la libertad de tránsito, entre otros.

Por estos motivos es que puede considerarse viable considerar que no se trata de medidas obligatorias, sino de recomendaciones.

Medidas a tomar en la empresa

Por lo comentado en el apartado anterior, estamos ante una ausencia de claridad y certeza, por lo que es necesario el prudente arbitrio de cada director o dueño de empresa para decidir las medidas a tomar, considerando dos esferas:

  1. La necesidad de tomar todas las medidas de prevención y protección de la salud de todos los colaboradores de la empresa.
  2. La viabilidad y sostenimiento de la empresa.

En estas circunstancias, se recomienda privilegiar el trabajo a distancia, home office, y las jornadas reducidas, en la medida de lo posible. Si es el caso, es necesario negociar con los trabajadores y celebrar los convenios necesarios donde se reflejen estos acuerdos temporales.

De no ser posible, adoptar aquellas medidas que aseguren el sostenimiento y operación de la empresa, siendo estrictos en la protección de la salud de todas las personas.

En todos los casos la empresa deberá continuar con el pago de sueldos y de impuestos, para los primeros no estamos ante la contingencia sanitaria que prevé la Ley Federal del Trabajo, y para los segundos se ha declarado actividad esencial la recaudación, por lo que es evidente que el gobierno federal continuará con el cobro de impuestos.

Conclusiones

Estamos ante una serie de medidas extraordinarias cuya naturaleza jurídica es dudosa, y por lo tanto es dudoso que sean obligatorias, del análisis realizado por el equipo de la firma todo parece indicar que no son obligatorias, y tampoco hay sanciones ante su incumplimiento.

Será necesario realizar un análisis caso por caso, para tomar las mejores medidas en la empresa, la salud debe cuidarse y lograr un equilibrio entre la salud de las personas que siempre se debe privilegiar, así como la salud y la viabilidad de la empresa, generadora de bienestar, riqueza y pago de impuestos.

Este primer análisis se realiza a partir de la información disponible al 31 de marzo de 2020, lo aquí opinado no es obligatorio ni puede necesariamente coincidir con el criterio de la autoridad, y puede verse modificado en la medida en que surja nueva información o se dicten nuevas reglas por parte de las autoridades.

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