Arturo Accio Paredes Santana Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara; actualmente, es socio de la firma de consultoría “ASMX Group”.

En la iniciativa presentada a los diputados por el ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre, se proponen adiciones al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) para dar cabida a nuevos supuestos, y se modificar los existentes para endurecer la cancelación de los Certificados de Sellos Digitales (CSD) y se modifica el plazo para resolver la aclaración correspondiente. Esto es una muestra clara del golpe certero al “talón de Aquiles” de los contribuyentes, pues como medida coercitiva ha resultado completamente efectiva los últimos años, pues inmovilizan toda una organización, lamentablemente muchos funcionarios a lo largo y ancho de país hace uso desmedido ocasionado serios problemas en los negocios. Por lo que se presenta en la iniciativa que se podrá cancelar los sellos digitales cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

  • Cuando se omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que estaba obligado, y en el caso de declaraciones provisionales o definitivas cuando se omitan dos o más consecutivas o no. Hasta el momento procede ante la omisión de tres o más declaraciones o seis no consecutivas;
  • Que una Entidad que Deduce Operaciones Simuladas (EDOS) no acredite la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrijan su situación fiscal;
  • En los casos de que el ingreso así como el impuesto retenido declarado, no concuerden con los señalados en los Comprobante Fiscales Digitales por Internet (CFDI), expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan su poder o a las que tengan acceso;
  • Se proporcionen incorrectamente o no sea auténticos los datos de contacto proporcionados para efectos del buzón tributario; o
  • No se desvirtué la presunción de la transmisión indebidamente pérdidas fiscales.

Aprobándose la iniciativa, la autoridad deberá resolver las aclaraciones en un plazo de 10 días, que hasta ahora es de tres días, lo que seriamente preocupa, pues ni siquiera se logra ésta último plazo; y podrá solicitar documentación adicional y realizar diligencias para constatar lo señalado, implicando plazos adicionales al señalado en el proceso de aclaración.

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