Benjamín Orozco Manjarrez Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana; Cuenta con 35 años de experiencia en litigio penal; Especialista en Delitos Fiscales, Financieros y Lavado de Dinero; Ex Vice Fiscal de Litigación Oral en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; Ex Titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República; y Ex Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales del Servicio de Administración Tributaria.
Twitter: @borozco16

Mediante una trascendente reforma Constitucional, el 18 de junio del 2016 entró en vigor el nuevo procedimiento penal acusatorio para todo el país, lo que conocemos como juicios orales. El viejo procedimiento penal, de tipo inquisitivo había llegado a su fin. Cambiar de manera tan radical el procedimiento, fue sin duda una decisión valiente y necesaria. El viejo sistema que por muchos años funcionó, en las últimas décadas había colapsado.

El 10 de junio de 2011, vino otra reforma Constitucional en materia de derechos humanos que cambió dramáticamente la forma de concebir, interpretar y aplicar los mismos.

De los nuevos principios establecidos en el artículo primero Constitucional reformado, me interesa el llamado principio de interpretación “pro personae”. Él supone quecuando existan distintas interpretaciones de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.

Toda vez que los contribuyentes son personas, podríamos decir que, en materia fiscal, hablaríamos del principio constitucional pro contribuyente.

Quedó establecido también, que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales, generan la obligación para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas, su efectivo respeto y cumplimiento; dígase Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ahora bien, ¿cómo podemos hacer efectivo el respeto a los derechos humanos del contribuyente con el nuevo sistema de justicia penal?

El artículo 17 Constitucional ordena que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Dice también, que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.”

El 29 de diciembre de 2014, finalmente se publicó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Esta ley es importante toda vez que el 90% de los asuntos penales que se generen bajo el nuevo sistema penal, deberán resolverse mediante alguno de esos mecanismos. Llegando a juicio oral un 10% únicamente.

El Nuevo Sistema entonces, establece como principio rector, resolver el “conflicto” entre las partes, más allá de llevar a un contribuyente a la cárcel. Por lo tanto, el SAT como víctima del delito fiscal y, el contribuyente como autor de un supuestodelito, son quienes en principio deberán resolver su disputa en la instancia penal, negociando las contribuciones adeudadas a consecuencia del hecho ilícito.

Los acuerdos reparatorios, dice la ley penal, son aquéllos celebrados entre el ofendido (SAT) y el imputado (contribuyente) que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

Cualquier persona o contribuyente, cuenta ahora con una herramienta de negociación que le permite librarse del proceso penal.

En caso de ser acusados por el SAT, sabemos que no será fácil llegar a un acuerdo; sus criterios y normatividad internos se resisten al cambio. Lo que es peor, el Código Fiscal de la Federación, contraviniendo la ley penal vigente, establece reglas muy severas de solución que son inconstitucionales.

A pesar de ello, los abogados tenemos hoy una magnífica oportunidad de servir a nuestros clientes, haciendo valer ante las distintas autoridades del SAT, Ministerios Públicos y Jueces, el principio constitucional “pro contribuyente.”

Print Friendly, PDF & Email

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here