Adrián Alfonso Paredes Santana

Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara; Maestro en Impuestos; cursa el Especialidad en Gestión de
Riesgos, Fraude y Blanqueo por Ealde Business School; Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»

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El paso 23 de Abril se publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontratación laboral”.

Se modificación en total ocho ordenamientos, la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación.

Todos centrados en cuatro ejes torales, obviamente, el primero es la prohibición de la subcontratación laboral y la regulación de la prestación de servicios y obras especializadas; el segundo, es las regulaciones en materia de seguridad social y habitación, así como su coordinación del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para llevar acabo vigilancia en su cumplimiento; el tercero, la condicionales de deducibilidad si se contravienen las disposiciones laborales y si no se reúne con la documentación comprobatoria del cumplimiento del pago de cuentas de seguridad social; y finalmente, el cuarto, haciendo uso de la autonomía de concepto del derecho fiscal se adoptan para el mundo tributario el concepto prohibido de subcontratación y como hacer uso de los servicios personales, además de establecer las sanciones por su incumplimiento.

Los quince puntos de la reforma son los siguientes:

  1. Prohibición de la subcontratación laboral, tanto el llamado outsourcing como en los esquemas de insourcing, este último es cuando una empresa crea otra razón social para administrar mediante ésta al personal del grupo.
  2. Regulación de la contratación de los servicios y obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante del contratante.
  3. Los servicios u obras especializadas prestadas entre las empresas de un mismo grupo estarán en apego a esto, cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de la empresa que los reciba, esto aplica a todos, incluyendo a grupos empresariales que coticen en el mercado de valores.
  4. Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, sin poder figurar como patrones de las personas colocadas.
  5. La empresa que contratante o subcontrate será responsable solidariamente en caso de que la contratista no cumpla con sus obligaciones en el régimen de seguridad social y habitacional.
  6. La STPS establecerá un registro oficial de las empresas de subcontratación, quienes tendrán que registrarse, renovándose cada tres años.
  7. Las prestadoras de servicios especializados tendrán que entregar cada cuatro meses informes al IMSS y al Infonavit, respecto de los datos de los contratos celebrados, la información de los trabajadores y la determinación del salario base de cotización.
  8. El Infonavit y el IMSS están facultados para reportar a la STPS el incumplimiento de las obligaciones de las empresas subcontratistas.
  9. No permitir la inspección de las autoridades laborales y no presente la información demandada, hace acreedora a la entidad omisa de una multa de hasta 448,100 pesos.
  10. Quienes contraten servicios sin contar con el registro de la STPS, también se harán acreedoras a multas de hasta 4.5 millones de pesos.
  11. En materia de impuestos, sólo podrán ser deducibles o acreditables los pagos de servicios u obras especializadas que efectivamente no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa contratante.
  12. Además, el emplear esquemas simulados para poder hacer uso de los esquemas outsourcing e insourcing, no sólo será defraudación fiscal sino que también será una calificación al momento de determinación de la sanción de privación de libertad.
  13. Respecto, al reparto de utilidades de los trabajadores tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, el que resulte mayor.

Recuerda,  las empresas tendrán tres meses de plazo para regular su situación en la medida que les aplique y establecer su s protocolos de cumplimiento a las nuevas reglas, el gobierno federal y las entidades públicas tendrán, como patrones, tendrán todo el presente año para hacer lo propio, respecto de los servidores públicos que actualmente laboran bajo esquemas de subcontratación.

Resalto, esto no es un “borrón y cuenta nueva”, recuerda las facultades de las autoridades para verificar y fiscalizar permanecerán vigentes por cinco años, tal y cono lo establece el artículo 67 del CFF.

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