Socio de la firma Cantú & Jáuregui
Abogados, S.C.; Licenciado en Derecho,
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Guadalajara; Maestro en Derecho
Público, y
Especialidades en Derecho
Constitucional y
Juicio de Amparo, y Especialidad en
Derecho Administrativo

Es oportuno manifestar que la Administración Pública no puede llevarse a cabo sin la existencia de procesos sistematizados y procedimientos como lo es el de licitación, el cual debe regirse bajo los principios de oportunidad, contradicción, competencia, igualdad, etcétera, entre los participantes ofreciendo las mejores condiciones para contratar con el Gobierno. Es sabido que el Estado no podrá lograr el bienestar social si la administración no se encuentra debidamente organizada. La entidad gubernamental deberá utilizar los recursos públicos y legales necesarios para que de manera directa, o por medio de particulares, mediante los procedimientos de contratación que marca la Ley, logren sus objetivos y realicen una buena gestión a favor de los ciudadanos y con la debida utilización de los recursos públicos. Además de los principios que rigen las licitaciones ya mencionados, las autoridades no deben apartar de su actuar los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, bienestar general, economía, celeridad, eficiencia, legalidad, publicidad, buena fe, razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, entre otros.

Existen diferentes tipos de contratación que normalmente prevén las leyes, tanto federales como locales.  Como regla general tenemos: (1) Licitación Pública –la tradicional-, y como casos de excepción a la regla general: (2) Invitación a cuando menos tres personas y (3) Adjudicación Directa.

Los procedimientos licitatorios se conforman por diferentes etapas que son concatenadas entre sí en un orden cronológico, iniciando con la Convocatoria y las Bases de Licitación que contienen todas y cada una de las condiciones y necesidades con las que se hace el llamado a los interesados a participar en el procedimiento; posteriormente se debe desahogar una etapa aclaratoria, en la cual se detallen los puntos de los cuales los participantes tengan alguna duda o petición, lo que deberá atenderse por las autoridades dentro del procedimiento de licitación; seguido lo anterior debe efectuarse la etapa de presentación de ofertas a cargo de los participantes; y por último el análisis de las ofertas para poder concluir con un fallo de adjudicación a favor de quien ofrezca el más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; atento a lo ordenado por el 134 constitucional.

Las licitaciones son actos administrativos conformados por actos intermedios que no deben apartarse de los principios normativos del acto administrativo, puesto que si el actuar de las autoridades se aleja de lo previsto en Ley, podemos hablar de nulidad o ineficacia jurídica de tales actos, figuras jurídicas que nacen de manera concreta con la entrada en vigor de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo (LFPA) en el año de 1995.

En el régimen jurídico mexicano se parte de los elementos de existencia y validez de que debe estar dotado el acto administrativo, y si esos elementos fueren desatendidos por las autoridades, al emitir sus actos podremos impugnarlos buscando su nulidad o anulabilidad, para que en consecuencia, se nos restituya el goce de los derechos que fueron afectados con el actuar irregular de la autoridad.

Todos los particulares tenemos derecho a que los actos de la Administración Pública se ajusten y cumplan con el principio de legalidad –todos y cada uno de los elementos previstos en el artículo 3 de la LFPA-, y para el caso de que ello no ocurra, el derecho debe salvaguardarse por medios de protección para poder impugnar tales actos.

Bajo esta idea, debemos decir que los medios de impugnación son herramientas jurídicas que los gobernados tenemos al alcance para defender y hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales aplicables y en las leyes que de ella emanan. Es importante jamás perder de vista que el actuar de la Administración Pública y sus integrantes tienen como origen y límite lo establecido en Ley, razón por la cual no podrán hacer aquello que no les está permitido expresamente el Ley. Bajo esta idea podemos corroborar que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y se encuentran sometidas a ella, además de estar impedidas para desvirtuar su sentido.

Existen medios directos o indirectos para impugnar los actos de autoridad que no cumplen con lo previsto en la Ley y transgreden los derechos de particulares. Se consideran como medios directos los recursos administrativos, el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) o Tribunales Administrativos locales, o el Juicio de Amparo. Los indirectos se entienden como los procedimientos ante las Comisiones de Derechos Humanos, los Órganos Internos de Control o las Demandas por Responsabilidad Patrimonial.

Las personas físicas o morales podrán controvertir los actos de autoridad que consideren ilegales por transgredir o atentar contra los derechos que las leyes les confieren. Tratándose de licitaciones, resultará fundamental tener claro cuál es la legislación aplicable para cada caso en concreto pues, como regla general, la legislación que regula un proceso licitatorio tiene un apartado correspondiente que prevé medios de defensa denominados normalmente como recursos administrativos.

Como ejemplo podemos hablar de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ley de carácter federal que contempla un capítulo que regula la instancia de inconformidad, recurso que pueden promover los interesados en contra de la Convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones; contra la invitación a cuando menos tres personas; contra el acto de presentación y apertura de proposiciones y fallo; la cancelación de la licitación; o contra los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos que establezca cada licitación. Seguido el recurso de inconformidad por todas sus etapas –Recurso del cual conoce y resuelve la Secretaría de la Función Pública- se deberá dictar una resolución que podrá sobreseer el recurso; declararlo infundado; declarar inoperantes los motivos que dieron origen a la inconformidad; declarar la nulidad total del procedimiento o del acto específico impugnado u ordenar la firma del contrato que corresponda. La resolución que recaiga al recurso o instancia de inconformidad, a su vez podrá impugnarse mediante el recurso de revisión que prevé la LFPA o de resultar procedente, impugnarse ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

El ejemplo mencionado en el párrafo que antecede, se refiere únicamente al medio de impugnación previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y fue señalado a su vez el Recurso de Revisión que prevé la LFPA. Se insiste que resulta fundamental, tratándose de procesos licitatorios, tener bien definido cuál es la legislación aplicable a la licitación de que se trate, quiénes son las autoridades convocantes y encargadas del procedimiento de licitación, el origen de los recursos, etcétera, ello con la finalidad de conocer cual o cuáles serán los medios de impugnación que los participantes tienen al alcance, ya sean administrativos o ante instancias jurisdiccionales.

Otro ejemplo, en el ámbito local –municipio de Zapopan- resulta aplicable para los procedimientos de adquisición el Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios para la Administración Pública del municipio de Zapopan, Jalisco.  Tal ordenamiento prevé como procedente un Recurso de Revisión –Recurso Administrativo- regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios para impugnar los actos y resoluciones administrativas que emitan las autoridades del municipio que afecten los intereses de los participantes en una licitación a cargo de las dependencias de tal Ayuntamiento. Es por lo anterior que se insiste y resulta muy importante localizar la legislación aplicable al procedimiento de licitación que corresponda para que en su momento se promueva el medio de impugnación idóneo, pues de lo contrario se desechará y quedarán firmes los actos de autoridad o resoluciones que no se combatan.

Además de los Recursos Administrativos que se tienen al alcance según la legislación aplicable en cada licitación, los gobernados cuentan con medios de defensa que dependiendo del caso en concreto y las características especiales, podrá promoverse un Juicio de Nulidad ante el TFJFA, Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo Local o mediante el Juicio de Amparo. La diferencia entre estos últimos y aquellos denominados Recursos Administrativos es que aquéllos son resueltos por autoridades administrativas y éstos son analizados por una autoridad jurisdiccional.

Los medios de impugnación que no son recursos administrativos, conocidos como Juicios de Nulidad en materia federal o local según corresponda, o bien el Juicio de Amparo, también son medios de defensa que los gobernados tienen al alcance para protegerse de los actos de autoridad que transgredan sus derechos. Esta área de litigio –Administrativo-, para combatir los actos de autoridad que afectan los derechos de los particulares, necesita ser analizada a fondo, desde definir ante quién deberá promoverse y cuál será el medio de defensa que debe promoverse, hasta expresar de manera clara los agravios que se causan a los derechos del particular y/o conceptos de impugnación y cuáles son los principios de las licitaciones públicas que se han violentado.

El litigio en esta materia, específicamente tratándose de licitaciones, no tiene cuestiones perfectamente definidas y tiene lugar para múltiples interpretaciones. Existen Tribunales que han definido la procedencia del Juicio de Amparo previo a los medios de defensa, pero hay otros que no comparten tal criterio. Hay incluso quienes dicen que no todas las etapas del procedimiento son susceptibles de impugnarse, pero hay quienes dicen que sí. Es por lo anterior que ante la falta de criterios unificados en el tema de licitaciones, nos queda a nosotros los abogados y a los tribunales, formar y fijar precedentes para la debida protección de los derechos de los participantes dentro de los procedimientos de licitación.

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