Es Licenciado en Derecho y con Especialidad en Medios de Control Constitucional «Universidad Mesoamericana», Maestro en Derecho con especialidad en Fiscal por «Universidad Ibero campus Tijuana»; actualmente cursando la Maestría en Impuestos en el «Instituto de Especialización para Ejecutivos»; y Socio-Director Jurídico de la firma «MD Consultores de Negocios». Twitter: @RaulM_D

Estimado lector, hace un par de meses me permití compartir una de las propuestas de su servidor que considero que son novedosas para el litigio fiscal que es la aplicación de la Ley General de Victimas aplicada al Litigio Fiscal Estratégico, por lo cual me permitiré continuar con la idea planteada en un inicio.

Solo para hacer un poco de memoria recordemos que la Ley en referencia fue publicada en el diario oficial de la Federación el 09 de Enero de 2013 entrando en vigor al día siguiente de su publicación, con una reforma reciente el 03 de Enero de 2017, prevé una estructura de reparación que se prevé desde sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, lo cual conlleva a mi apreciación una reparación integral, que si lo equiparamos a la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y el Estado, pudiera ser alcanzado a las personas físicas, personas morales e inclusive sus dependientes económicos, como los son sus trabajadores.

Con ello se advierte que es una norma que su confección es multidimensional, entiéndase con esto, que es aplicable en cualquier ámbito del derecho en donde exista una persona portadora de derechos humanos, más allá del sistema procesal que en su caso aplique. Por ello considero que esta ley no tiene únicamente que ver que la estructura que la mismas propone, ni mucho menos con el derecho penal que se encargara de definir y tipificar el delito, sino de cualquier ámbito del Derecho e incluso el Derecho Fiscal cuando exista una violación flagrante a los derechos humanos de los contribuyentes, que puede materializarse en cualquiera de las facultades que ejerza el fisco sobre ella, no omito mencionar que de las facultades más utilizadas en estos últimos tiempos donde se advierte graves atropellos a los derechos de los contribuyentes se encuentra la prevista en los articulo 17 H, 41-B, 69-B y hoy con su entrada en vigor el 1 de Junio de este año el artículo 69-B bis dela Código Fiscal de la Federación.

Para respaldo de lo anterior, permito transcribir íntegramente el texto de la tesis platicada en esta breve intervención, que a letra dispone:

Época: Décima Época Registro: 2017352 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de julio de 2018 10:13 h Materia(s): (Penal) Tesis: XVI.1o.P.27 P (10a.) LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA PROCESAL QUE LOS RIJA.En términos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con sus diversos numerales 1o., párrafo tercero y 17, así como por los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, es de observancia en todo el territorio nacional. Además, dicha normativa previó efectos derogatorios respecto de todas las disposiciones legales que se opusieran a ella, sin perjuicio de la obligación prevista en su artículo séptimo transitorio, atinente a que dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a su entrada en vigor, los Congresos Locales debían armonizar todos los ordenamientos que guardaran relación. Luego, en cuanto a su contenido, esa ley establece una serie de principios, definiciones y reglas que han conseguido reafirmar al conjunto de derechos humanos de las víctimas; por lo cual, dada su construcción, más allá de ser un ordenamiento declarativo, constituye una auténtica herramienta para hacer efectivos los derechos de las víctimas en todas y cada una de las esferas, públicas y privadas, en las que estén inmersos. En esa lógica, debe considerarse que, por su diseño multidimensional, esta ley abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos, más allá del sistema procesal que rija al procedimiento penal en el que deban dirimirse sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. ES APLICABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL, CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA PROCESAL QUE LOS RIJA.En términos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con sus diversos numerales 1o., párrafo tercero y 17, así como por los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, es de observancia en todo el territorio nacional. Además, dicha normativa previó efectos derogatorios respecto de todas las disposiciones legales que se opusieran a ella, sin perjuicio de la obligación prevista en su artículo séptimo transitorio, atinente a que dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a su entrada en vigor, los Congresos Locales debían armonizar todos los ordenamientos que guardaran relación. Luego, en cuanto a su contenido, esa ley establece una serie de principios, definiciones y reglas que han conseguido reafirmar al conjunto de derechos humanos de las víctimas; por lo cual, dada su construcción, más allá de ser un ordenamiento declarativo, constituye una auténtica herramienta para hacer efectivos los derechos de las víctimas en todas y cada una de las esferas, públicas y privadas, en las que estén inmersos. En esa lógica, debe considerarse que, por su diseño multidimensional, esta ley abarca todos los ámbitos de protección de las víctimas como personas portadoras de derechos, más allá del sistema procesal que rija al procedimiento penal en el que deban dirimirse sus prerrogativas fundamentales, entre otras, las relativas a la justicia, verdad y reparación integral del daño.

Por otro lado tenemos que en el Juicio Contencioso Administrativo un sistema de indemnizatorio de pago daños y perjuicios regulados por el artículo 6o, párrafo cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

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