Ramón Alejandro Galaviz García Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Guadalajara, con Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y socio de la firma en derecho fiscal corporativo «Degalcorp»

Este pasado viernes 05 de julio, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en acción de inconstitucionalidad, hizo una interpretación directa del artículo 74 constitucional, en su fracción IV, aunque con algunas diferencias de los criterios predecesores desde 2003, en lo que interesa mantiene en esencia el mismo sentido. Se sostiene la existencia de un límite respecto del contenido material que debe contener la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), mismo que a pesar de no señalarse de forma expresa, sí se puede desprender del mismo artículo 74, fracción IV, de la Constitución, que establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo”, lo que necesariamente hace referencia a la LIF, pues para que el Estado pueda proyectar con mayor precisión las erogaciones que hará en el ejercicio correspondiente, primero es necesario que cuente con un estimado de los ingresos que recibirá para cubrir las gastos referidos, el cual se contiene en la ley, señalando que sin que sea necesario para ello que exista una disposición expresa.


Se precisa que si bien, al resolver los amparos en revisión 450/2013, 841/2013, 480/2013, 501/2013 y 543/2014, se pronunció en el sentido de que la LIF no está limitada a ser un mero catálogo informativo de contribuciones, porque también puede regular aspectos sustantivos que trasciendan a la determinación de impuestos, lo cierto es que tal pronunciamiento se realizó bajo la premisa de que su contenido debe tener el carácter fiscal, resultando inaplicable el contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 80/2003 de rubro “LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA INCLUSIÓN EN DICHOS ORDENAMIENTOS DE PRECEPTOS AJENOS A SU NATURALEZA, ES INCONSTITUCIONAL”. Lo anterior se corrobora del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 1/2017 (10a.), que tuvo su origen en los amparos en revisión que invoca la recurrente y cuyos título se transcriben: “LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS”, de donde se desprende que, contrario al correlativo argumento que se analiza, los pronunciamientos que ha realizado esta SCJN en Pleno o a través de esta Primera Sala, respecto del contenido que debe tener la Ley de Ingresos de la Federación, permiten afirmar que debe tener un carácter tributarista, entendido éste como que se legisle sobre las contribuciones que deba recaudar el erario federal o, en su caso, que tenga una vinculación estrecha con lo relativo a los ingresos que obtendrá la Federación para solventar el Presupuesto de Egresos, por lo que si bien es cierto que la legislación reclamada pueda tener igual rango jerárquico a las demás leyes federales, es falso que le sean aplicables y permisibles las demás cuestiones que al resto de leyes federales.

Este análisis viene como resultado de la LIF del año 2017, dónde se en su artículo 25 se estableció la imposición de diversas obligaciones en materia energética a los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, consistentes en rendir diversos informes a la Comisión Reguladora de Energía sobre: a) precios de venta al público y a distribuidores de los diversos combustibles; b) los volúmenes vendidos y comprados de forma diaria; y c) su estructura corporativa y de capital de forma anual. No cabe duda de que tales obligaciones contenidas en los artículos 25, fracción I, y décimo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, no son de contenido tributario, sino que se desenvuelven dentro de cuestiones de competencia económica y de regulación administrativa del sector energético. Sin que se óbice para ello que existan contribuciones que, para su determinación, empleen datos como los volúmenes y precios de los combustibles que se enajenan al público, pues esto se encuentra en otras ordenamientos tributarios como lo es el Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 28, fracción I, en el cual se establece que será parte de la contabilidad –de quienes enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general– los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, así como que, los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo tanto, las bases de datos de la Comisión Reguladora de Energía y del SAT son distintas, así como también lo es la obligación de remitir la información a cada una, en la primera tiene un carácter meramente regulatorio en materia de energía, mientras que la segunda tiene una naturaleza fiscal y recaudatoria. Entonces, las disposiciones impugnadas son ajenas a la materia sobre la que debe versar la LIF y, por consiguiente, los artículos 25, fracción I, inciso a), y su décimo cuarto transitorio para el ejercicio fiscal de 2017 es declarada como inconstitucional, por no ser disposiciones de materia tributaria, sentada en la jurisprudencia constitucional del rubro: “INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LA LEY RELATIVA DEBE TENER UN CONTENIDO NORMATIVO ESPECÍFICO DE CARÁCTER TRIBUTARIO”.

Print Friendly, PDF & Email

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here