Alejandro Rodríguez
Profesionista, amante del Derecho y apasionado por su profesión. Originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, en donde nació el día 10 de febrero de 1985. Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, de los años 2003 al 2008. Tiene estudios de Maestría en Derecho Financiero y Corporativo por la Universidad de Guadalajara, 2009-2011.
En el año 2010 ingresó a la Notaría Pública Número 26 de Zapopan, Jalisco, a cargo del licenciado Antonio Alejandro Romero Hernández, en donde estuvo por más de 8 años, 2010-2018. Director jurídico de la empresa denominada Cuanticus, S.A. de C.V. de 2018 a la fecha.
Curso diplomado en Derecho Corporativo por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Capítulo Occidente, 2020. Diplomados en Derecho Corporativo y Derechos Fiscal por APREM 2016-2017. Diplomado en Educación Financiera por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 2020. Asistentes a múltiples conferencias, talleres y cursos en materia corporativa y fiscal 2008-2020. Cursos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables.
Ha publicado artículos diversos en temas societarios y corporativos en la revista Consejero Empresarial y en el portal www.coem.com.mx , así como docente en materia societaria y corporativa en el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa, 2020.

Las Initial Coin Offerings (ICOs) u Ofertas Iniciales de Moneda, surgieron en los Estados Unidos en el 2013 y no son otra cosa que una opción de financiamiento para empresas y proyectos, que permiten que, a través de la emisión de criptoactivos denominados “tokens”, se otorguen ciertos derechos que, dependiendo de sus características y lo que estén respaldando y ofreciendo, puedan estar sujetas a determinada regulación en nuestro país.

Estos esquemas de financiamiento para las empresas se han desarrollado en los últimos años de manera importante en las principales economías del mundo. Dichos esquemas permiten a las empresas generar diseños de financiamiento distintos a los tradicionales a través del uso de la tecnología apoyada en la criptografía y el bum de los criptoactivos.

A través de las ICOs, las empresas emiten tokens que pueden ser de diferentes tipos; entre ellos, se destacan los siguientes: utilty token, equity token y security token. El primero de ellos ofrece derechos de participar en algún proyecto o en los beneficios derivados de dicho proyecto; el segundo ofrece adquirir una parte de una empresa; el último, el security token, ofrece algo idéntico a un valor financiero de los reconocidos en la Ley del Mercado de Valores.

En marzo de 2018 se promulgo de Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). En la misma, en el capítulo III, se regula de manera escueta el tema de las criptomonedas a las que denomina activos virtuales. Estas se definen en el artículo 30 de dicha Ley como:

La representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas.

La propia Ley estableció que las ITF (Instituciones de Tecnología Financiera) y las Instituciones de Crédito solo podrán operar con los activos virtuales que sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, mismas que fueron publicadas en la circular 4/2019 del Banco de México el 8 de marzo de 2019 y, en las cuales, no se avanzó mucho: las operaciones con activos virtuales con clientes no se autorizaron ni para las IFC ni para las IFPE; lo único que se autorizó fue  que dichos activos virtuales pudiesen ser operados por las Instituciones de Tecnología Financiera y por las Instituciones  de Crédito para actividades internas de las mismas.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores son apenas los primeros esbozos de regulación en México sobre las criptomonedas; sin embargo, hay poca certeza relacionada con los tokens y, en su caso, con la Ofertas Iniciales de Moneda (ICOs).

Siguiendo los parámetros internacionales y bajo un estudio muy estricto, si alguna empresa en México pretendiera realizar alguna ICO, tendría que atenderse a la naturaleza de lo que se esté emitiendo. Considero que, si por ejemplo, lo que se ofrece es un equity token y/o un security token, se tendría que aplicar la Ley del Mercado de Valores con todos y cada uno de los riesgos que ello representa; además, dicha emisión debería considerarse como un valor de conformidad con dicha Ley, procurando tener cuidados extremos en su realización. En otro ejemplo, si lo que se está ofreciendo es una especie de utility token, considero que se estaría ante la presencia de temas menos regulados en los que, sin duda, habría que considerar regulaciones que se relacionen más con los derechos de los consumidores y su protección.

Sin duda alguna, hace falta mucho por desarrollar en temas legales respecto a estos mecanismos de financiamiento para las empresas en México. Lo importante, en caso de querer recurrir a estos esquemas, es apegarse al marco legal actual y asesorarse de manera correcta. Las oportunidades de financiamiento que brindan son bastante atractivos y habrá que aprovechar sus bondades, siempre dentro del marco de la ley.

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