Una práctica común de las autoridades fiscales en la revisión de mercancía de procedencia extranjera es desestimar documento del certificado de origen, y no llevar el desahogo directamente con el exportador o productor, siendo un medio de prueba previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su artículo 506. 1. a., 2., 3. y demás relativos, así como en base a los numerales 2, 3 y 7 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre asistencia mutua entre sus administraciones de aduanas, firmado el 20 de junio del 2000 y con el objetivo estratégico 3 del Plan estratégico Bilateral entre la Administración General de Aduanas de México, la Administración de Aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos de América signado el 13 de agosto del 2007; este último Tratado conforme a la jurisprudencia vigente, constituye una norma suprema de la cual debe aplicarse sin justificación alguna y dar el desahogo del medio de prueba referido, siempre que el origen de la mercancía importada se tenga presunción de haber sido alterado, su negativa culminará indubitablemente en una resolución carente de legalidad violando en consecuencia el contenido del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para desvirtuar irregularidades como la mencionada que dan inicio al procedimiento simplificado en materia aduanera, se ofrece como prueba la verificación directa a los exportadores o proveedores de acuerdo con los siguientes ordinales del TLCAN:

“Artículo 506. Procedimientos para verificar el origen”

  1. “Para determinar si un bien que se importe a su territorio proveniente de territorio de otra Parte califica como originario, una Parte podrá, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante:
    1. cuestionarios escritos dirigidos a los exportadores o a los productores en territorio de otra Parte;
    2. visitas de verificación a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio de otra Parte, con el propósito de examinar los registros a los que se refiere el Artículo 505(a) e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien; u
    3. Otros procedimientos que acuerden las Partes.
  2. Antes de efectuar una visita de verificación de conformidad con lo establecido en el párrafo 1(b), la Parte estará obligada, por conducto de su autoridad aduanera:
    1. a notificar por escrito su intención de efectuar la visita:
      1. al exportador o al productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas;
      2. a la autoridad aduanera de la Parte en cuyo territorio se llevará a cabo la visita; y
      3. si lo solicita la Parte en cuyo territorio vaya a realizarse la visita, a la embajada de esta Parte en territorio de la Parte que pretende realizarla; y
    2. a obtener el consentimiento por escrito del exportador o del productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas.
  3. La notificación a que se refiere el párrafo 2 contendrá:
    1. la identificación de la autoridad aduanera que hace la notificación;
    2. el nombre del exportador o del productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas;
    3. la fecha y lugar de la visita de verificación propuesta;
    4. el objeto y alcance de la visita de verificación propuesta, haciendo también mención específica del bien objeto de verificación;
    5. los nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de verificación; y
    6. el fundamento legal de la visita de verificación”.
  • Énfasis añadido

De no llevarse por parte de las autoridades ante la solicitud del importador, se contraviene este anterior precepto además del 152 de la Ley Aduanera, pues inhibe el derecho de defensa y audiencia que ambos contienen:

ARTICULO 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el Artículo 151 de esta Ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el Artículo 150 de esta Ley.

En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga.

El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.

Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente.

Se entiende que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los promoventes.”

ARTÍCULO 506. Procedimientos para verificar el origen

1. Para determinar si un bien que se importe a su territorio proveniente de territorio de otra Parte califica como originario, una Parte podrá, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante:

(a) cuestionarios escritos dirigidos al exportador o al productor en territorio de otra Parte;

…”

  • Énfasis añadido

El primer ordenamiento habla de nuestra garantía de audiencia dentro de la materia ordinaria, esto es, en el procedimiento simplificado en materia aduanera, otorgándonos un plazo 10 días para ofrecer pruebas y alegatos siguiendo los lineamientos que prevén los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación (CFF) los cuales permiten la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas menos la testimonial y confesional a cargo autoridades.

En ese sentido para acreditar que la mercancía cuestionada es originaria para acceder a los beneficios arancelarios, el importador debe ofrecer inmediatamente como prueba en el escrito de contestación al oficio de hechos y omisiones la verificación dirigida al exportador, o en su caso, al fabricante. Las autoridades aduaneras están compelidas a desahogar el medio de convicción de mérito sin excusa alguna, inclusive no se vería afectado el plazo de cuatro meses para dictar su resolución, pues ese plazo corre a partir de que se encuentra integrado el expediente que es cuando ya desahogaron la totalidad de las pruebas ofrecidas.

Lo anterior en virtud de que el propio TLCAN reconoce que los exportadores y también los productores pueden indistintamente expedir el Certificado de Origen de conformidad con su artículo 506 que de nueva cuenta se trascribe en las partes que interesa:

“Artículo 506. Procedimientos para verificar el origen:

Para determinar si un bien que se importe a su territorio proveniente de territorio de otra Parte califica como originario, una Parte podrá, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el origen sólo mediante:

cuestionarios escritos dirigidos a los exportadores o a los productores en territorio de otra Parte;

…”

  • Énfasis añadido

A mayor abundamiento sobre este tema, la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del TLCAN publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de Septiembre de 1995, prevé en su artículo 30 la devolución de aranceles cuando se importe una mercancía sin aprovechar el trato preferencial arancelario, lo que denota que la intención de esos beneficios no es sujetar a los contribuyentes a un actuar restrictivo que inhiba el comercio. Así también debe resaltarse que la interpretación de las normas, debe ser estricta cuando se trate del actuar de la autoridad y amplia cuando se trate derechos de particulares. De lo anterior cobra aplicación el siguiente precedente:

Registro No. 179233 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005 Página: 1744 Tesis: I.4o.A.464 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

  • Énfasis añadido

Debiendo resaltarse también la reciente reforma que sufrió nuestra Constitución Política en materia de Derechos Humanos, siendo que por el modelo ex oficio de convencionalidad, cualquier Juzgador o Autoridad de nuestro país debe sustentar sus fallos en base a su protección, pidiéndose que se aplique en nuestro favor el principio pro homine mencionado. De lo anterior cobra aplicación el siguiente precedente:

[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 535

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

  • Énfasis añadido

Este desahogo es a cargo de la autoridad tomando en cuenta el principio de probatorio, siempre siguiendo la jerarquía de normas como se establece en las tesis anteriores, si en un procedimiento se tiene duda sobre el origen del producto, previa solicitud del importador, se debe enviar cuestionario a los productos o exportadores para constatar la veracidad del contenido del certificado de origen, mientras que el procedimiento en materia aduanera no se verá afectad, pues el plazo para que se emita la resolución final comienza a partir del desahogo de todas las pruebas ofrecidas por el importador afectado.

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