Lic. Nathziri Tovar
Abogada egresada con mención honorífica de la Universidad de Guadalajara, con especialización en derecho penal, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área legal corporativa y como litigante especialmente en el ramo fiscal, laboral y penal, su trabajo le ha permitido asesorar proyectos startup y colaborar con empresas nacionales e internacionales en verificaciones de cumplimiento normativo, debida diligencia, KYC, derecho societario y marcas y patentes, fundadora de las marcas El Detallito y Tovara Natural

En la tesis aislada publicada el pasado viernes 15 de julio de 2022 en el Semanario Judicial de la Federación, el Segundo Tribunal Colegiado En Materias Penal Y Administrativa Del Décimo Octavo Circuito, se pronunció sobre un juicio de amparo indirecto promovido contra la ejecución de un crédito fiscal y la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo, en el que la quejosa solicitó la suspensión provisional de dichos actos. El Juez de Distrito la concedió respecto a la ejecución del crédito fiscal y la negó en relación con la opinión referida, al considerar que sus efectos sólo son declarativos; contra esa determinación, aquélla interpuso recurso de queja.

El Tribunal Colegiado de Circuito determinó que es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la opinión citada, aun cuando produce consecuencias de índole económica a la quejosa, en virtud de que no le permite contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con quien ejerza recursos públicos federales, porque se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

Lo anterior, porque el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación establece la prohibición al Gobierno Federal de contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con particulares que, entre otros supuestos, tengan créditos fiscales firmes sin garantizar; de modo que la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo presupone la existencia de un crédito fiscal firme o no que no se encuentra pagado o garantizado, a cargo del contribuyente. De ahí que de concederse la medida cautelar se atentaría contra la prohibición ya referida y, además, otorgaría a la suspensión un efecto constitutivo, que no es factible en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

Respecto a lo señalado anteriormente, se puede concluir que la justificación por parte del Colegiado es que el conceder el amparo a la quejosa aun cuando ésta presenta créditos fiscales firmes, afectaría la esfera jurídica de interés social y el orden público al permitirle celebrar actos con diferentes partes, lo que concluiría en todo caso en la constitución de derechos que la quejosa no tenía antes de la presentación de la demanda, contrario a la disposición del artículo 131 de La Ley De Amparo.

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