Ramiro Aguirre Pérez
Abogado por la Universidad de Guadalajara y Especialista en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en Derecho Fiscal internacional por la Universidad de Leiden, Holanda. Socio fundador de «Aguirre Asociados».

En las últimas semanas surgió un tema que creó polémica; un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) sometió a consideración del Pleno la “inaplicabilidad” de la prisión preventiva oficiosa (“PPO”) pues, a su perecer, la misma se antepone a derechos humanos contenidos en tratados internacionales, por ejemplo, la presunción de inocencia, libertad y seguridad jurídica.

Para entender puntualmente porqué se realizó ese planteamiento, será útil recordar que la prisión preventiva es una medida cautelar impuesta al acusado de un delito por un juez. Tal medida consiste en la privación temporal de la libertad personal, con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.

Ahora, la prisión preventiva puede ser 1) justificada; y 2) oficiosa. La primera se decreta cuando el ministerio público solicita al juez la imposición de la prisión preventiva, porque considera que otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para el desarrollo de la investigación, para la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por cometer un delito de forma intencionada.

Por otro lado, la PPO surge cuando el juez ordena que una persona esté en prisión mientras se determina su responsabilidad en delitos específicos señalados por nuestra Constitución Federal y por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La PPO está prevista en el referido artículo 19 de la Constitución Federal, así como en el artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales, las fracciones I. II y III, del artículo 5º de la Ley de Seguridad Nacional, así como del artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En general, los delitos por los que se puede ordenar la PPO son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Una vez dicho lo anterior, el Ministro ponente considera que la PPO es una medida que se impone en forma automática, sin que exista una sentencia dictada contra el afectado, lo que demuestra que la medida es perniciosa y contraria a derechos humanos; además de que en muchos casos se convierte en una pena anticipada que puede durar, incluso, más que la pena que le corresponde al propio delito que se imputa a una persona.

Asimismo, sigue argumentando el Ministro, que la PPO es contraria a los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, por lo que también, dijo, resulta inconvencional, opinión con la que estuvieron de acuerdo algunos Ministros.

¿MANTENDRÁ LA SUPREMA CORTE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA? ¿POR QUÉ SE PLANTEÓ SU “INAPLICABILIDAD” Y SE DISCUTE EL TEMA?

Continuó diciendo el Ministro, que la PPO debe ser una medida excepcional que se justifique cuando hay un riesgo de que los imputados se fuguen, dañen a las víctimas o intenten obstaculizar la investigación.

Como podemos observar, el debate que se está dando en la SCJN sobre este tema no prevé la desaparición de la prisión preventiva, sino solamente la obligación que tendrían los jueces de justificar dicha medida cautelar a petición de las Fiscalías y ministerios públicos, motivando tal medida por causas y razones legítimas.

Con base en todo lo anterior, los Ministros integrantes de la SCJN se pronunciaron respecto al proyecto de la siguiente forma:

“no se puede inaplicar la Constitución”.

“la figura de PPO debe ser cautelar, no punitiva, pues la Corte no tiene facultades para “inaplicar” la Carta Magna”.

“invalidar la prisión preventiva oficiosa no implica que las personas que están en prisión vayan a ser liberadas o que no se vaya a castigar a los delincuentes con la firmeza que establece la ley”.

“La prisión preventiva como medida cautelar no se elimina, solo su imposición automática porque esta no garantiza en absoluto la presunción de inocencia… Se convierte en una pena anticipada y rompe su carácter excepcional”

En línea con lo anterior, al día de hoy, no hay consenso en nuestro Alto Tribunal respecto a la “inaplicabilidad” de la PPO, no obstante las acaloradas discusiones que se han dado en los últimos días.

Con base en lo que se ha comentado los días lunes 5 y martes 6 de septiembre en las sesiones del Pleno de la SCJN, todo indica que la PPO subsistirá, empero, el Ministro ponente dará su réplica a los comentarios de sus compañeros a las 11:00 horas del jueves 8 de septiembre y definirá si retira el proyecto para replantearlo o se procede con la votación. De proceder a su votación, se insiste, todo indica que tal propuesta no será avalada por la mayoría que requiere (8 votos).

Print Friendly, PDF & Email