Mtra. Norma Medina
Socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG© en México. Cuenta con 17 años de experiencia brindando servicios de asesoría, auditorías de seguridad social y de impuestos locales en diversos estados del país, a todo tipo de organizaciones, en especial de la industria maquiladora.
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Uno de los principales objetivos de la reforma es eliminar las actividades delictivas por defraudación fiscal, que se crearon a través de la figura de subcontratación.  Sin embargo, a las empresas que cumplían cabalmente con sus obligaciones en materia fiscal, laboral y de seguridad social, enfocadas principalmente en la protección de sus activos y la administración de las utilidades, también les resulta aplicable la reforma y se ven en la necesidad de reestructurar su forma de operar.

A la fecha, muchas de las organizaciones ya operan sin una empresa de grupo prestadora de servicios que realice las funciones propias del negocio y, en su caso, mantienen como excepción la prestación de servicios administrativos compartidos o complementarios denominados “back office”, los cuales son servicios que pueden seguir subsistiendo con la reforma.

Es importante destacar que uno de los efectos económicos que enfrentarán estas empresas de grupo podría vincularse con el reparto de utilidades. En términos de las nuevas disposiciones, ésta tendría como límite tres meses del salario del trabajador o el promedio de la PTU pagada durante los tres años previos.

Asimismo, un gran número de compañías que subcontrataban personal con empresas externas a su grupo, han contratado a los trabajadores directamente para estar en cumplimiento y evitar las consecuencias laborales, fiscales y de seguridad social contempladas en la reforma.

Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), simplificó la forma de realizar los trámites en línea tanto para la obtención de registros patronales como para dar aviso de la sustitución patronal; incluso colaboró activamente para validar las primas del seguro de riesgos de trabajo con las cuales el patrón sustituto continuará pagando las cuotas de esta rama de aseguramiento hasta el último día de febrero de 2022, sobre todo en aquellas compañías en que se tuvo que ponderar la prima.

Toda vez que la prestación de servicios especializados que no está vinculada con la actividad preponderante de la empresa contratante, ni con el objeto social de la misma queda permitida, es importante destacar que, para garantizar su continuidad, los proveedores de estos servicios deben obtener su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues, de no contar con tal registro, la empresa beneficiaria no podrá dar efectos fiscales a los gastos que le generen.

A la fecha, se ha informado que es baja la cantidad de proveedores que han logrado obtener el registro por cuestiones administrativas o de aclaración ante las autoridades fiscales, aunque las disposiciones fiscales entrarían en vigor a partir del 1 de agosto de 2021, ha sido aprobado el 30 de julio en comisiones de diputados la ampliación del plazo para el 1º de septiembre de 2021.

Las organizaciones que contraten servicios especializados deben contar con la información de sus proveedores para hacer deducible el gasto y acreditar el impuesto al valor agregado (IVA); su enfoque debe estar encaminado a la implementación de controles que les permitan cumplir esta obligación, pues no se trata únicamente de recibir la información de sus proveedores, sino de revisar que la misma sea correcta, y deberán conservarla durante mínimo cinco años y hasta diez.

Dentro de la información que el prestador de servicios debe entregar al contratante, se encuentra la relacionada con los trabajadores que prestan los servicios como: los CFDI de nómina, el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) de estos trabajadores, el pago de las cuotas al Seguro Social y al Infonavit.

Debido a la obligación que se establece en la Ley del Seguro Social y en la del Infonavit, los proveedores de servicios especializados deberán informar cuatrimestralmente a ambos institutos de los contratos y los trabajadores con los cuales prestan los servicios. No hacerlo podría ocasionar a los proveedores de servicios una multa mínima de casi MXN 50,000 por incumplimiento, y, dada la responsabilidad solidaria que adquieren las empresas contratantes de los servicios, se vuelve crucial asegurarse que dichos proveedores estén cumpliendo con esta obligación, mediante un control efectivo.

Como puede observarse, el cabal cumplimiento de las empresas en materia de subcontratación no termina con la reestructura del grupo y la contratación de personal que se tenía en outsourcing. Es necesario establecer los procedimientos y controles que permitan mitigar los riesgos de los proveedores de servicios especializados que contraten.

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