Eduardo Campos Gámez
Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Guadalajara y actualmente, cursando la Maestría en Derecho con especialización en la rama Constitucional y Administrativo en la Universidad de Guadalajara. Asociado en el área de litigio de la firma Degalcorp.

Los artículos 14, fracción V, segundo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y numeral 2, fracción X de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establecen la posibilidad de que la parte actora en un juicio de nulidad pueda ofrecer en calidad de prueba el expediente administrativo, para lo cual la Sala que se conozca del asunto deberá de requerir a la autoridad demanda para que acompañe junto a su contestación de demanda tal documento, so pena de tener por ciertos los hechos que la actora pretenda probar con los documentos cuya presentación fue omitida por la autoridad

En efecto, dichos numerales establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 14.- La demanda deberá indicar:

V. Las pruebas que ofrezca.

(…)

En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada.

(…)

Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguiente:

(…)

X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa

Por su parte, la propia Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, señala qué se debe entender como expediente administrativo, el cual debe contener toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada, entre ellos, aquella que tenga relación  al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada, para lo cual, la parte actora deberá de precisar a qué documentos hace referencia.

Ahora bien, a consideración del suscrito, tal posibilidad únicamente es aplicable para la parte actora y no para la parte demanda, al no existir precepto legal que permita a la autoridad demandada aportar pruebas a través del expediente administrativo, ya que éstas, deben ajustarse a las formalidades que establece el artículo 21 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación al numeral 15 de dicha ley.

Lo anterior, toda vez que el propio artículo 21 de la citada Ley, si bien es cierto, en su fracción V, señala la posibilidad de que el demandado adjunte a su contestación las pruebas que ofrezca, también es cierto que en ningún apartado establece la prerrogativa o el supuesto de poder ofertar el expediente administrativo. Dicho refiere lo siguiente:

ARTÍCULO 21.- El demandado deberá adjuntar a su contestación:

(…)

V. Las pruebas documentales que ofrezca.

Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquéllos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda.

Para los efectos de este artículo será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 15.

Las autoridades demandadas deberán señalar, sin acompañar, la información calificada por la Ley de Comercio Exterior como gubernamental confidencial o la información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.

En esa cuestión, es claro que si el ofrecimiento como prueba del expediente administrativo es una prerrogativa que le otorga la ley adjetiva a la parte actora, no es dable que, la parte contraria pretenda aportar en calidad de prueba el expediente referido o bien documentos certificados con base en éste.

Lo anterior cobra relevancia, al momento de que la parte actora, como parte de la estrategia litigiosa, realiza una negativa lisa y llana en términos del artículo 42 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y en la cual se traspasa la carga de la prueba de acreditar los hechos que los motiven la resolución impugnada a la parte demanda, toda vez que ésta, a efecto de desvirtuar tal negativa, debe aportar los documentos en donde consten tales hechos, so pena que el acto impugnado se considere como ilegal al no lograrse acreditar la legalidad de éste.

En ese sentido, cuando la parte demanda aporte el expediente administrativo como calidad de prueba a efecto de desvirtuar la negativa lisa y llana que se entabla en su contra y la parte actora no haya ofrecido tal documento, la Sala no debería otorgarle valor probatorio pleno a tal prueba, ya que ésta, ateniendo a la interpretación de los artículos referidos son prerrogativas exclusivas para la parte actora.

Por tanto, en caso de presentarse tal situación, la parte actora podrá interponer el recurso de reclamación a efecto de modificar el acuerdo de admisión y en su caso desechar el expediente administrativo ofertado por la parte demandada.

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