Eduardo Campos Gámez
Licenciado en Derecho por el ITESM Campus Guadalajara y actualmente, cursando la Maestría en Derecho con especialización en la rama Constitucional y Administrativo en la Universidad de Guadalajara.
Ha cursado diplomados y seminarios en Defensa Fiscal Estratégica, Juicio Contencioso Administrativo, Juicio de Amparo e Impuestos Federales y cursos en materia de propiedad industrial y efectos fiscales de los contratos.
Actualmente es Gerente en el área de litigio de la firma Degalcorp.

En la exposición de motivos de la reforma al CFF de 8 de septiembre de 2021, se hace mención a la necesidad de cumplir con los compromisos a nivel internacional, garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta, vía estandarización, al llamado del Grupo de los Veinte (G20) que invita a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, así como que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) de la OCDE reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, como lo definió el GAFI y se facilite la identificación de los beneficiarios efectivos y el intercambio de información, y de esta forma combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión y la elusión fiscal.

Además de cumplir con los pactos adquiridos por México a nivel internacional, dentro de la exposición de motivos se busca imponer sanciones disuasorias para el cumplimiento, sin que propiamente se establezca un rango o explicación del por qué se estipularon las sanciones por incumplimiento.

En virtud de lo anterior, el 12 de noviembre de 2021, se publicó en el DOF la reforma al CFF, en el que se adicionaron los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N, con la finalidad de que México cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos con relación a los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales.

Si bien GAFI ha denominado a la presente figura como beneficiario fiscal y la ha definido como aquel o aquellas personas naturales que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, algunos países le han denominado titular real, beneficiario real, beneficiario final o beneficiario controlador, y han creado un registro público de beneficiarios, lo cual permite proporcionar la información de manera oportuna tanto a autoridades locales como extranjeras.

En nuestra legislación se contemplan varias denominaciones, regulaciones y formas de identificación, dependiendo de la materia y acorde a los compromisos adquiridos en GAFI y por suS recomendaciones 24 (personas jurídicas) y 25 (estructuras jurídicas) y respectivas notas interpretativas, denominándose a dicha figura de la siguiente manera:

  • Instituciones de crédito: Propietario Real
  • Prevención de Lavado de Dinero: Beneficiario Final
  • Materia Fiscal: Beneficiario Controlador

Derecho comparado 

La figura de beneficiario final o controlador no es nueva para los países miembros u de la OCDE y GAFI y asociados, la mayoría de ellos han implementado diversos mecanismos para cumplir, entre otras cosas, con las recomendaciones 11, 24 o 25, así como sus notas interpretativas.

Alguno de ellos teniendo una mayor calificación que otros, y para esto es que se plasma un análisis comparativo de algunos de estos países:

País

 

Denominación Registro público de beneficiario

 

Años de conservación Porcentaje de control Calificación
Estados Unidos de América Ultimate Beneficial Owner 5 años 25% Cumple parcial, salvo la R. 24
España Titular Real 10 años 25% Cumple en gran medida con las recomendaciones
Colombia Beneficiario Final 5 años 5% Cumple parcialmente
Argentina Beneficiario Final Sólo en Buenos Aires No indica 10% No cumple
República Dominicana Beneficiario Final 10 años 20% Cumple
México Beneficiario controlador No 5 años 15% No cumple

 

Importancia de identificar al beneficiario controlador

Recordemos que las personas jurídicas son independientes a sus miembros, sean socios o accionistas, que la integran y tienen personalidad y patrimonio propio. A esta separación se le conoce como velo corporativo (art. 2  LGSM), lo cual permite mantener el anonimato a las personas que están detrás, protegiéndolas de que sus bienes no se confundan con los de la entidad o vehículo societario y para que esta última asuma derechos y obligaciones en nombre propio sin implicar la responsabilidad directa de los socios, con las excepciones previstas en las leyes fiscales, penales, entre otras.

Así, estas fachadas son aprovechadas para encubrir:

  • La identidad;
  • El verdadero propósito de los bienes o derechos, y
  • La fuente o el uso de fondos relacionados.

Entre los más comunes son los siguientes:

  • Empresa fantasma: entidad que no tiene operaciones, comerciales en curso ni empleados y que es utilizada para esconder el rastro del dinero al transferir los fondos ilícitos a y desde las cuentas bancarias de la compañía;
  • Testaferros: mejor conocidos como prestanombres, quien figuran como los titulares de los derechos de esos vehículos societarios o económicos, pero en realidad existe un poder de hecho de una o varias personas que detentan los beneficios o bienes;
  • Sociedad en reserva: es una corporación que no ha llevado a cabo ninguna actividad; es decir, se constituyó, pero está inactiva. La diferencia con las empresas fantasma radica en los años que tienen desde su constitución, y que el valor de la sociedad en reserva se basa en su historia, relaciones bancarias y antigüedad; y
  • Fideicomiso: en términos amplios, es un contrato mediante el cual una persona (fiduciario) posee activos de otra (fideicomitente) que no son para uso ni beneficio propio, sino para el de terceros (beneficiarios). Este es un vehículo corporativo que no tiene una personería jurídica independiente y distingue al propietario legal del beneficiario final de los ingresos conferidos al fideicomiso

Definiciones, términos y metodología 

En el manual sobre Beneficiarios Finales publicado por Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales se ha definido al beneficiario final o beneficiario efectivo como aquellas personas naturales que resultan ser los verdaderos dueños o controlantes o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc.

En dicho manual internacional, el cual sirve como guía al considerarse como una soft law y por remisión expresa del último párrafo del artículo 32-B Quáter del CFF, se han establecido criterios como sería un porcentaje importante (25%), con la posibilidad que cada país establezca un umbral distinto, de las acciones de una sociedad comercial o bien se ejerce el control de un porcentaje significativo del derecho a voto, o de la capacidad de nombrar o remover a los miembros del directorio de una entidad, pudiendo tener el control efectivo por otras vías, como sería a través de un poder de influencia o veto sobre las decisiones que una entidad toma, a través de acuerdos entre accionistas o socios o a través de vínculos familiares o de otro tipo con quienes toman las decisiones, o mediante la posesión de obligaciones negociables u otros títulos de deuda de una entidad convertibles en acciones.

Mientras que en México, a partir de la Reforma al Código Fiscal de la Federación y adición de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, así como la expedición de las Reglas de Carácter General (RMF), se han definido los siguientes criterios de definición e identificación:

Beneficiario controlador: a la persona o grupo de personas que:

  1. A) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
  2. B) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una actividad vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

I.- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

II.- Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o

III.- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. No se considerarán como beneficiarios controladores a los poderdantes o mandantes en los casos en que sus apoderados o mandatarios celebren el acto u operación de que se trate; (párrafo adicionado D.O.F. 24 julio 2014)

Beneficiario controlador contingente: Es la persona o personas que llegan a tener o formar parte de la cadena de titularidad o de control por situaciones o particulares o circunstancias, que puede ser por lo general de manera temporal o provisional

Dueño beneficiario: persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o disposición de un bien o servicio o aquella que ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Criterios de identificación

  • Por medio de la cadena de titularidad (Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales.)
  • Por medio de la cadena de valor (. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.)

Administrador Único o su equivalente, en caso de no identificar al Beneficiario Controlador en los dos primeros criterios, la autoridad fiscal considerará como Beneficiario Controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral.

  • En el primer criterio, la intención es conocer quién o quiénes son las personas que se benefician de los ingresos, bienes o servicios de las personas morales mediante terceras personas o de actos jurídicos (Cadena de Titularidad).
  • En el segundo criterio, lo que se busca es conocer los medios que una persona o personas utilizan para ejercer el control de la persona o las personas morales (Cadena de Control).

En caso de fideicomisos todas las partes involucradas (Fideicomitente, Fideicomisario, Fiduciario) o cualquier otra persona involucrada y que ejerza el control efectivo en el contrato, aunque sea de forma contingente, se considerará beneficiario controlador.

Los mecanismos que se deberán utilizar, al no existir un registro público de beneficiario final o controlador, ni un pronunciamiento por parte de la autoridad fiscal (formato estándar), serán a través de procedimientos de control interno debidamente documentados, debiendo las partes obligadas, a obtener y conservar la información y documentación necesaria, pudiéndose basar en las guías internacionales.

¿Quiénes están obligados de identificar, recabar, verificar, validar, conservar, actualizar y proporcionar la información y documentación?

Personas morales acorde a lo establecido en el artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación y 7, primer párrafo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (Asociación en Participación o figuras similares), fideicomisos (sin exclusión), quienes asesoren o intervengan en la constitución de estas o aumentos o disminución de capital, como serían Notarios y Corredores Públicos u otros profesionistas (abogados, asesores, contadores, etc.) y partes contratantes o integrantes de otras figuras.

La información y documentación referente a las personas obligadas serán consideradas como parte de su contabilidad o bien, para aquellas que no están obligadas a llevar contabilidad, como soporte documental que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Facultades del Servicio de Administración Tributaria

  1. La autoridad fiscal puede requerir en términos del artículo 134 del CFF, la información y documentación de los beneficiarios controladores, a través una Solicitud de información, misma que deberá atenderse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, pudiéndose ampliar el plazo, por una sola vez y estando justificada, por 10 días más, siempre y cuando se presente previo al cumplimiento del plazo inicial. (Facultad de gestión)

Dentro este procedimiento no se establece una fecha límite para la autoridad en torno a la obligación de emitir una resolución donde se establezca si se tiene por cumplida o no la obligación.

  1. Visita domiciliara conforme a lo establecido en la fracción XII, del artículo 42 del CFF y bajo el procedimiento sumario del ordinal 49 del mismo ordenamiento, pudiendo efectuarse tal facultad de comprobación en diversos lugares del contribuyente y con la persona que se encuentre al momento de la auditoría, sin necesidad de dejar citatorio, asentando los hechos u omisiones detectadas en la visita, otorgándole al gobernado un plazo de tres días para manifestar lo que su derecho convenga y emitiendo una resolución dentro de un plazo máximo de 6 meses.
  2. Revisión de gabinete conforme a lo establecido en la fracción XIII, del artículo 42, con relación al ordinal 48-A del CFF, misma que deberá atenderse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, pudiéndose ampliar el plazo, por una sola vez y estando justificada, por 10 días más, siempre y cuando se presente previo al cumplimiento del plazo inicial, emitiéndose un oficio de observaciones donde se señalen los hechos u omisiones detectadas, otorgándole al gobernado un plazo de veinte días para manifestar lo que su derecho convenga o bien corregirse y emitiendo una resolución dentro de un plazo máximo de 6 meses.

Sanciones

Acorde a la exposición de motivos que originó la incorporación de la figura de beneficiario controlador en el sistema normativo tributario, se añadieron los artículos 84-M y 84-N del CFF, a fin de prever sanciones disuasorias ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de beneficiario controlador, y así cumplir con los estándares internacionales, mismas que resultan ser las siguientes:

 

Infracción Sanción
No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el SAT dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales De $1,500,000.00a$2,000,000.00 por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.
No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF De $800,000.00 a $1,000,000.00, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.
Presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables De $500,000.00 a $800,000.00, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

 

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