Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en Derecho por la Universidad la Salle. Postulante y consultor en materia fiscal, juicio de amparo, derecho administrativo y comercio exterior.
gsanchezsoto@ yahoo.com

La potestad de la UIF de inscribir a un particular en la lista de personas bloqueadas configura una de las facultades más poderosas con que cuenta la Hacienda Pública para lograr sus objetivos, de hecho, desde mi punto de vista, ésta y la posibilidad de restringir y en su momento cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) son los instrumentos más agresivos de recaudación con que cuenta la autoridad impositiva y respecto de los cuales debe de imperar la observancia del texto legal.

Dentro de este espectro potestativo destaca el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda ordenar a las instituciones financieras prácticamente a su parecer suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la propia SHCP les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tiene el carácter de confidencial y que tiene por efecto desproveer a quien se inscribe del acceso y manejo de sus activos financieros. Esta prerrogativa debe de conceptualizarse como una atribución autoritaria cuya aplicación debe efectuarse con mesura y por excepción y no como acontece al momento de redactar esta colaboración, de forma irreflexiva y generalizada. En este escenario, parte de ese control a fin de evitar el uso desmedido de la potestad en comento, radica en la necesidad de que el mandato que ordena el bloqueo o suspensión en trato se efectúe por parte de una autoridad judicial y no como consecuencia de la expresión de voluntad de la autoridad administrativa. Este lineamiento desafortunadamente no existe en nuestro derecho.

A mayor abundamiento, con fundamento en el artículo 115 fracción II inciso f) cuarto párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones crediticias deben suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tiene el carácter de confidencial y que ella misma integra.

La lista de personas bloqueadas tiene como finalidad el prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en la fracción I del artículo 115 de la citada Ley de Instituciones de Crédito que ordena  prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.

En este contexto, adicionalmente con fecha marzo once del dos mil veintidós, se publica en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto para quedar como “De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas, Delitos y de la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas” y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto denominado “De la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas”, que comprende el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este precepto normativo a la letra indica lo siguiente:

Artículo 116 Bis 2.- Para los efectos del noveno párrafo del artículo 115 de la presente Ley, la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y que por lo tanto actualiza alguno de los parámetros a los que se refiere el décimo primer párrafo del mismo precepto.

Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de esta Ley podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, conforme a lo siguiente:

  • Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.

La solicitud a la que hace referencia el párrafo que antecede deberá formularse por el interesado ante la Unidad de Inteligencia Financiera en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas.

  • La Unidad de Inteligencia Financiera, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo a que se refiere el primer párrafo de la fracción que antecede, hasta por el mismo periodo.

III. Transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de que esté integrado el expediente, emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas, y si procede o no su eliminación de la misma.

La resolución administrativa a que se refiere esta fracción deberá ser notificada por oficio al interesado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su emisión.

En el caso de que el interesado se encuentre inconforme con el contenido de la resolución a que se refiere esta fracción, podrá impugnarla en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

  1. Cuando la inclusión de una persona a la lista de personas bloqueadas haya sido con motivo de una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llevará a cabo el proceso de desincorporación que estipule el Comité por el cual se haya designado la inclusión; por tal motivo las disposiciones contenidas en las fracciones II y III no le serán aplicables.”

En primer término destaca la incertidumbre e inseguridad jurídica en que se sitúa al gobernado cuando no se establece de forma clara que debe de entenderse por “indicios suficientes” como punto de partida para acreditar que se está en presencia de conductas o actuaciones que puedan relacionarse con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los asociados y que por lo tanto actualizan alguno de los parámetros a los que se refiere el décimo primer párrafo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Esta indefinición si llama nuestra atención porque da pauta para que la autoridad califique a su libre arbitrio la conducta de un particular y amparada en el concepto de que existen “indicios suficientes”, lo inscriba en la lista de personas bloqueadas con las correspondientes consecuencias que en caso de no ser jurídicamente procedentes le causaran un perjuicio de muy difícil reparación, en este sentido, se debería de optar por definir para los presentes efectos el término “indicios suficientes” o remitirnos a la invocación del concepto de tipicidad.

Complementariamente, es criterio del suscrito que si el postulante al momento de revisar los antecedentes, fundamentos y motivos de inclusión de una persona en la lista de personas bloqueados por la SCHP respecto de las instituciones financieras, concluye que no son suficientes, innegablemente resulta procedente el juicio de amparo indirecto. Esta postura es deseable que con motivo de la resolución de controversias que se le planteen en el futuro en este tema al Poder Judicial de la Federación se vea confirmado y no se nos deje en estado de inseguridad jurídica con motivo del dictado de precedentes injustificados que sostengan un criterio en contrario.

En este orden de ideas, también llama nuestra atención enormemente que a partir del segundo párrafo del precepto normativo en estudio se introduce un procedimiento para garantizar al particular la observancia de su garantía de audiencia regulada en nuestro máximo ordenamiento en su numera 14 cuando ha sida inscrito en la lista de persona bloqueadas, procedimiento que se tramitará ante la UIF y se denomina “procedimiento de inclusión”. Desafortunada resulta la forma como el legislador pretende observar el derecho humano de audiencia en este tema. En efecto, la mecánica a seguir solo logra obstaculizar el ejercicio del derecho humano de audiencia en comento, verdadera prerrogativa irrenunciable para el gobernado y nunca sujeta para su eficacia al cumplimiento de requisitos u observancia de plazos arbitrarios y cuya constitucionalidad es abiertamente cuestionable.

Esto es así en primer término, en virtud de que el particular que se vea afectado por su inclusión en la lista de personas bloqueadas, deberá dentro del término de cinco días, formular una solicitud de audiencia. El término en comento se empezará a computar a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado al interesado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Esta solicitud que se erige en verdadero requisito de procedibilidad de la garantía de audiencia del particular se deberá de plantear ante la UIF. La audiencia se integrará con la posibilidad de que el particular manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. En este escenario queda claro que en los términos en que se redacta esta parte del artículo en trato, la audiencia solo se otorga al particular si éste la solicita, se entiende que sino lo hace no se le otorgará, dicho en otras palabras, la audiencia que constitucionalmente le asiste a cualquier gobernado se torna rogada y si éste último no la pide o solicita en el término de cinco días se le hace nugatoria, lo cual evidentemente resulta anticonstitucional. Es verdaderamente alarmante que sea la UIF la entidad que calificará la procedencia o improcedencia de la garantía de audiencia de un gobernado.

Adicionalmente, se establece como inicio del cómputo del plazo para solicitar audiencia la fecha en que la institución de crédito correspondiente le ha notificado al interesado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas siendo que una institución bancaria no tiene el carácter de autoridad y por ende no puede efectuar notificaciones que den pauta al inicio del cómputo de un procedimiento tan trascendente como es preservar la garantía de audiencia de un gobernado frente a un ente autoritario. No se admite por ilegal e inconstitucional que una persona de derecho privado como lo es una institución de crédito, pueda llevar a cabo actos de autoridad que creen derecho y obligaciones a un gobernado.

El procedimiento de inclusión en trato establece en el precepto normativo en análisis, que el término de diez días que el particular tiene para desahogar su prerrogativa de audiencia podrá ser objeto de una ampliación a su solicitud o de oficio por parte de la UIF hasta por diez días más. Una vez concluida esta etapa se deberá de dictar una resolución administrativa en el término de quince que deberá funda y motivar constitucionalmente la inclusión de la persona inscrita en la lista de persona bloqueada o desestimar tal inclusión.

Esta resolución administrativa debe de ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto en virtud de que causa afectación de imposible reparación y conculca derechos sustantivos del gobernado y aunque se establezca en el decreto en revisión que será objeto de impugnación a través del recurso de revisión que regula la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, instancia cuya procedencia no niego, estimo que la misma no es el camino más eficaz ni idóneo para combatir esta determinación, siendo en consecuencia sin lugar a dudas la instancia constitucional. Funda esta aseveración independientemente otros criterios jurisdiccionales concurrentes el siguiente precedente:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2011338

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Común

Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1902

Tipo: Jurisprudencia

ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.

Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

(El énfasis es nuestro)

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