Víctor Gumaro Correa Ortega Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana campus Guadalajara; miembro del Comité Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo, Jalisco.
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Iniciando el ejercicio 2019, en el Estado de Michoacán, se presento la polémica generada por la aprobación de nuevos impuestos de carácter cedular y de Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales, por lo que el Congreso del Estado ya prepara una reforma a la Ley de Hacienda y a la Ley de Ingresos de este 2019 para derogar o suprimir dichas contribuciones antes referidas. La propuesta la presentará para iniciar el debate parlamentario al presidente de la Cámara, al C. Antonio Salas Valencia en la primera sesión de Pleno una vez que el segundo periodo de sesiones.

Hasta el avance de esta propuesta de derogación del Sistema Fiscal Estatal de Michoacán, se debe analizar los aspectos más relevantes del Impuesto Sobre Negocios Jurídicos en el tema de los contratos de Mutuo.  A partir del 01 de Enero de 2019, entró en vigor la nueva Ley del  Hacienda del Estado de Michoacán, estableciendo el Impuesto Sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales estableciendo como Hecho Imponible del Impuesto la celebración, realización o ejecución en el Estado de los actos o contratos otros actos jurídicos, en particular el hecho imponible incluye el contrato de Mutuo, que conste en instrumentos públicos o privados, ya sea que representen o no interés pecuniario para los contratantes. En este mismo sentido, establece que se causará el impuesto por la constitución de garantías, para el cumplimiento de cualquier otra obligación, así como por la celebración de los actos de Cesión de los derechos derivados de los actos y contratos de Mutuo.

Esto es, el supuesto de hecho establecido en la norma fiscal, los sujetos pasivos del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, lo constituyen las personas que celebren o realicen los contratos o actos jurídicos de Mutuo, señalando que todos los otorgantes que participen en los actos descritos serán responsables del pago del impuesto en proporción a su participación en el acto si este es cuantificable, sino no es cuantificable el monto de la operación serán obligados en partes iguales, quedando ambos sujetos pasivos obligados al pago del mismo de forma solidaria. Esto es, señala que las partes son acreditado y acreditante, Mutuario y Mutuatario, son responsables del impuesto de manera proporcional en la que participen en el contrato.

En esta misma tesitura, será́ base para el pago de este impuesto el monto establecido por las partes en los contratos y actos jurídicos objeto del presente impuesto, en que se estipulen obligaciones pecuniarias o determinables en dinero. En caso de obligaciones alternativas, el monto gravado será el que resulte el más elevado. Si las obligaciones pecuniarias se estipulan a base de obligaciones periódicas, su monto se calculará por la suma de todas ellas. En el supuesto legal de que no exista o no pudiera ser determinable una obligación pecuniaria derivada de los contratos y/o actos jurídicos y notariales, el impuesto se determinará a razón de una vez el valor diario de la unidad de medida y actualización, por cada acto jurídico que obre en el instrumento respectivo.

En esta mismo orden de ideas, por los contratos de mutuo entre particulares con o sin garantía, así́ como la constitución de garantías, para el cumplimiento de cualquier otra obligación, la base gravable del impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales será́ el importe del contrato y sobre dicho monto se causará el impuesto a razón de 6 al millar; la notación decimal de una tasa del 6 al millar es de 0.006, pero no se usa esa notación decimal, se usa la tasa 0.6%. Por la cesión de los derechos derivados de los actos y contratos  de Mutuo, de igual forma, la base del impuesto será́ el monto de los actos jurídicos y sobre dicho monto se causará el impuesto a razón de 6 al millar.

Cuando no exista o no pudiera ser determinable una obligación pecuniaria derivada de los contratos y/o actos jurídicos y notariales de mutuo objeto de la presente contribución, se causará el impuesto a razón de una vez el valor diario de la unidad de medida y actualización, por cada acto. El pago de este impuesto se efectuará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de celebración del acto jurídico o contrato.

A partir de todo el ejercicio fiscal 2019 en Michoacán, estará vigente la  aplicación del estímulo fiscal del 100 por ciento a los Impuestos Cedulares Sobre Ingresos de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales, de acuerdo al Decreto publicado el pasado 18 de enero en el Periódico Oficial de Michoacán, mismo que la Secretaria de Finanzas y Administración emitirá las reglas de carácter general para establecer los procedimientos para su aplicación. El estímulo fiscal o subsidio fiscal se otorga como una forma de pago del impuesto ya causado, esto es, el estimulo y subsidio en materia fiscal implican otorgar el derecho de aplicar la figura de pago como medio de extinción de la obligación fiscal y cuyo monto del estimulo o subsidio se acredita o disminuye contra el saldo a cargo del impuesto, mismo que esta sujeto a el cumplimiento de obligaciones que mediante reglas de carácter general establezca la autoridad fiscal administradora del impuesto.        

Por lo que en este contexto, se debe concluir que de incumplir las condiciones y obligaciones que se establezcan como reglas de carácter general el impuesto causado tiene que pagarse con recargos y actualización. Una vez terminada la vigencia del estímulo a las empresas o contribuyentes personas físicas tienen que enterar el impuesto mediante pago directo de forma efectiva. Por lo que deben las empresas proyectar el impacto de las reformas fiscales 2019, para planear adecuadamente las operaciones, así como activar los medios de defensa en los puntos estratégicos como el amparo fiscal.

Amparo contra el Impuesto Sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales 

El impacto en la esfera de derechos de los contribuyentes es entrando en vigor el Impuesto Sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales en 2019, no obstante de que al cumplir con el estimulo al 100% sobre el pago del Impuesto el impacto económico no se refleje en este ejercicio antes referido. En efecto, el amparo es un medio de defensa que se actualiza con la entrada en vigor del hecho imponible y las reglas de causación del impuesto en el ejercicio 2019, ya que es cuando se actualiza el nuevo sistema del impuesto afectando la esfera jurídica de derechos de los contribuyentes; independientemente de la aplicación del estimulo fiscal como lo comentamos opera a nivel de aplicación del efecto de pago sobre el impuesto para liberar de este medio de extinción al contribuyente por cuestiones de política fiscal.  

El Amparo Indirecto es un medio de defensa que se ejercita generalmente contra normas generales que afectan la esfera jurídica de los personas físicas o morales por su sola entrada en vigor o por el primer acto de aplicación, esto es, si es una norma heteroaplicativa o autoaplicativa. En el caso en estudio en nuestra opinión se trata de una norma heteroaplicativa que se individualiza de manera condicionada al actualizarse sujeto, objeto (contrato de mutuo celebrado), base gravable (monto del contrato), tasa del 6 al millar, a si como a la presentación del aviso de aplicación del estimulo fiscal; finalmente en el primer periodo de causación del tributo y que como resultado se declare cero impuesto a cargo. Todo lo anterior como primer acto de aplicación en 2019.

Finalmente, el Amparo Indirecto debe presentarse a los 15 días hábiles de que se declaro la aplicación del estimulo fiscal sobre los contratos celebrados en el mes de Enero de 2019. En el caso en estudio en nuestra opinión al tratarse de una norma heteroaplicativa que se individualiza de manera condicionada al actualizarse sujeto, objeto (contrato de mutuo celebrado), base gravable (monto del contrato), tasa del 6 al millar, a si como a la presentación del aviso de aplicación del estimulo fiscal a los treinta días naturales de la celebración del o de los contratos; finalmente en el primer periodo de causación del tributo y que como resultado se declare cero impuesto a cargo. Todo lo anterior como primer acto de aplicación en 2019.

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