Samantha Alexa Pérez Pérez Cortés Estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Pasante en el área fiscal del Despacho «Rofa Legal & Tax»
www.rofa.com.mx

Hoy en día, los negocios como los conocemos operan de una manera totalmente diferente a como lo hacían hace una década, en función de que los métodos de venta se han modernizado como consecuencia de las nuevas tecnologías. Si bien, antes era necesario acudir de manera presencial a restaurantes, supermercados y tiendas de ropa, el día de hoy eso se desfasa paulatinamente, ya que la llegada de diversas plataformas digitales, tales como Uber Eats y Rappi, facilitan la venta de bienes y servicios, sin la necesidad de desplazarte de la comodidad de tu hogar. Debido a esto, el fisco se ha visto en la necesidad de introducir un régimen de tributación apto para los ingresos generados a través de estas nuevas plataformas, y compaginarlo con los regímenes fiscales ya existentes

Anteriormente, los ingresos derivados de plataformas digitales podían tributar bajo el régimen denominado Régimen de Incorporación Fiscal (“RIF”), el cual se integró por medio de la reforma que sufrió la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el 2014. Este régimen está dirigido a aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales, para las cuales no es necesario contar con un título profesional, cuyos ingresos no superan los dos millones de pesos anuales.

La finalidad principal del RIF es impulsar a los propietarios de negocios o servicios informales a regularizarse fiscalmente, sin que ello les ocasioné un impacto económico grave, con el eventual objetivo a 10 años de integrarse al Régimen General de Actividades Empresariales y Profesionales. El contribuyente que tribute bajo el RIF cuenta con una serie de beneficios atractivos; el más reconocido de ellos es el descuento que se realiza al Impuesto sobre la Renta durante la duración de dicho régimen, que inicia con un descuento del 100% del impuesto a cargo, y se desvanece 10% cada año durante 10 años.

Sin embargo, este año se incorporó un nuevo régimen fiscal, denominado de manera coloquial como el “Régimen de Plataformas Digitales.” Este régimen se estableció para aquellas personas físicas que enajenen o presten servicios a través de cualquier plataforma digital, por los ingresos que se generen a través de ellos. Las plataformas digitales que figuran como intermediarios al momento de la prestación de servicios acatan la tarea de retener el Impuesto Sobre la Renta correspondiente, calculado sobre la totalidad de las ventas obtenidas por medio de las plataformas. Los legisladores, de manera adicional, establecieron que este régimen es incompatible con el RIF, bajo el argumento de que es imposible que las plataformas digitales (encargadas de realizar las retenciones) conozcan las reglas de operación del RIF, así como la evolución específica en la obligación de pago de las personas físicas que se encuentran sujetos a éste.

Por lo tanto, muchas personas físicas que se encontraban dentro del RIF, se vieron obligadas a migrar, al menos de manera parcial, al nuevo Régimen de Plataformas Digitales, por los ingresos que se generan a través de estas plataformas. Esto representa una violación al principio de irretroactividad, al migrar sus ventas digitales a un régimen que violenta los derechos que se adquirieron al momento de someterse al RIF. Sobre el tema de derechos adquiridos, vale la pena visitar la Tesis Aislada de número de registro 189448, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS”; la Tesis Aislada de número de registro 232511, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES”; y la Tesis Aislada de número de registro 305958, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubroDERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO”. En los anteriores criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica cómo diferenciar un derecho adquirido de una simple expectativa de derecho, y describe al derecho adquirido como aquel que introduce un bien jurídico o material, beneficio o ventaja dentro del patrimonio del titular del derecho, el cual no puede ser desconocido por un tercero, el propio causahabiente o por la ley.

En este caso en concreto, la obligación de migrar del RIF al Régimen de Plataformas Digitales (aunque sea de manera parcial) constituye una violación de derechos adquiridos. Lo anterior en función de que los contribuyentes, al momento de adherirse al RIF, obtuvieron una serie de beneficios que se introdujeron dentro de su patrimonio y que se encuentran sujetos a límites temporales para su aprovechamiento (los diez años durante los cuales contarán con los descuentos previamente mencionados).

A consecuencia de esto, el contribuyente cuenta con la posibilidad de interponer un amparo indirecto contra leyes con motivo de su alta en el Régimen de Plataformas Digitales y primer acto de aplicación, al haber sido afectado por la aplicación de una norma inconstitucional. La presentación de este amparo tendría como consecuencia que se permitiera al contribuyente seguir tributando conforme a las reglas establecidas dentro del RIF por el número de años restantes para la conclusión del mismo, y de esta manera cuente con la posibilidad de continuar gozando con aquellos beneficios sobre los cuales ya ha adquirido un derecho.

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