Samantha Alexa Pérez Pérez Cortés
Estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Pasante en el área fiscal de Rofa Abogados.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encarga de regir los aspectos vitales de nuestra nación, como los derechos y obligaciones con los que cuentan todos los mexicanos. En específico, el artículo 31 de nuestra Carta Magna marca las obligaciones que deben de ser acatadas en materia contributiva, precisando en su fracción IV que todos los ciudadanos deben contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.

De este modo, emanan dos grandes principios: el principio de proporcionalidad tributaria, y el principio de equidad tributaria, ambos de vital importancia dentro de la rama del Derecho Tributario. El primero busca asegurar que todos los contribuyentes sean gravados conforme a su capacidad económica; tratándose de derechos por servicios, este principio se aterriza cuando las tarifas por la prestación de un servicio guardan relación con el costo que le representó al Estado otorgarlo. Por otra parte, el principio de equidad tributaria tiene como finalidad garantizar que todos los contribuyentes que se encuentren en igualdad de circunstancias reciban el mismo trato, y en caso de recibir uno diferenciado, que éste se encuentre justificado.

Desafortunadamente, en repetidas ocasiones, estos principios se transgreden por nuestra normatividad, como sucede en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá respecto a las licencias de giro comercial con venta y consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del municipio de Guadalajara, en sus artículos 44 y 44 BIS establecen diversas cuotas que deben de ser cubiertas para obtener la licencia de giro comercial que incluya la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, al analizar detalladamente las distintas cuotas marcadas dentro de este artículo, se puede ser testigo de las abismales diferencias entre las cuotas aplicables a cada establecimiento, siendo la cuota más alta la de casinos, por la cantidad de $1,516,952.00, y la más baja es la de expendios que vendan bebidas embotelladas con baja graduación alcohólica, por la cantidad de $5,007.00.

Estas diferencias resultan inconstitucionales. Los referidos establecimientos, al estar encaminados a desempeñar el mismo tipo de actividad, deberían estar sujetos a cuotas parecidas, si no es que iguales, derivado de la igualdad de circunstancias en la que se encuentran. Además, a la autoridad encargada de otorgar las licencias le representa el mismo gasto expedir la licencia para establecimiento A (ej. casinos) que para establecimiento B (ej. expendios que vendan bebidas embotelladas con baja graduación alcohólica), por lo cual no se encuentra justificado de ninguna manera el hecho de que sean gravados de una forma tan distante.

Derivado del trato inequitativo, se genera la posibilidad de presentar un amparo indirecto contra leyes. La eventual concesión del amparo derivaría en la aplicación de la cuota más baja contenida en la ley aplicable, devolviéndose la diferencia resultante entre la cuota aplicada y la cuota más baja. Tratándose de un casino en Guadalajara, se devolvería de más de un millón y medio de pesos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre esta problemática, favoreciendo al contribuyente en las Jurisprudencias P./J. 8/97 y P./J. 3/98. No obstante, el amparo indirecto forzosamente debe promoverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se pague la tarifa por la licencia; de lo contrario, este trato diferenciado se entenderá consentido por el gobernado, y no se podrán recuperar las cantidades pagadas.

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