El pasado 15 de Junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la procedencia de la extinción de dominio no es factible contra bienes de origen lícito, sin importar que tengan uso o destino para la comisión de los hechos delictivos.

Es un requisito indispensable para la extinción de dominio el que no se acredita de la legítima procedencia de dichos bienes, esto es, invalida el contenido del artículo 2, fracción XIV de la Ley de Extinción de Dominio, donde se advierte de la legítima procedencia de la extinción de dominio, aun cuando hubiera un uso o destino lícito de los bienes vinculados al ilícito.

Destacando un precisión respecto al artículo 22 de la Constitución, pues  la acción de extinción de dominio es procedente respecto a bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, destacando que lo que se busca es el origen de los bienes y no a su uso o destino.

Finalmente, invalidaron el artículo 9, en virtud de que el mismo contempla elementos de la acción de extinción de dominio que desvirtuaban y excedían el marco previsto en el citado artículo 22 constitucional.

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