Ramón Alejandro Galaviz García Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Guadalajara, con Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y socio de la firma en derecho fiscal corporativo «Degalcorp»

Antes de comenzar me permito señalar, que será próximo de un análisis especial para la imputación a la Administración los daños causados por sus contratistas. Recordemos que, la responsabilidad patrimonial de los gobierno es uno de los elementos primordiales de cualquier sistema de Derecho público para preservar el orden. Dónde no creo que se le prive de interés o pase en segundo lugar al tema que nos ocupa, pues, aunque sea a unos efectos limitados, permite comprender hasta qué punto puede extenderse la responsabilidad por encima de todo, incluso de lo que dicta la norma.

Así, que responda por los daños ocasionados por sus contratistas y/o concesionarios en virtud del título de imputación de la culpa in vigilando será el tema central en mi siguiente colaboración.  Respecto a la tesis aislada que se encuentra al final, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, llega una conclusión contractualista, como se puede leer en sus líneas parte definiendo que es una contrato y lo lleva a los administrativos, para hacer la reflexión que en el caso de desacuerdo entre las partes, Administración y Contratista, estamos presentes ante una situación de incumplimiento contractual, y no puede ser objeto de una indemnización por una responsabilidad patrimonial del estado, pues su ley se acciona sólo cuando la autoridad actúa en su carácter de supra o imperio de manera irregular ocasionando un daño a quien no tenía la necesidad jurídica de sufrirlo, por lo que el caso que nos ocupa derivan de relaciones contractuales entre un particular y un ente público.

Así lo determinó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva:

VIII-P-SS-360

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO PROCEDE RESPECTO DE POSIBLES AFECTACIONES A UN CONTRATO ADMINISTRATIVO.Del análisis hecho a los artículos 113 constitucional (actualmente artículo 109), 1 y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como a la exposición de motivos del precepto constitucional; se colige que la actividad administrativa irre­gular que puede ser motivo de indemnización patrimonial, es la que deriva de un acto administrativo; de la manifesta­ción unilateral de la autoridad, en sus funciones de derecho público. Ahora bien, un contrato administrativo, es un acuer­do de voluntades entre un particular y un órgano del Estado, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obli­gaciones, con el objeto de satisfacer necesidades de orden público. En ese sentido, si la responsabilidad reclamada se genera por el incumplimiento a las obligaciones expresas o implícitas del contrato administrativo, no pueden ser motivo de indemnización en los términos de la Ley Federal de Res­ponsabilidad Patrimonial del Estado, ya que derivan de re­laciones contractuales entre un particular y un ente público, y dicho ordenamiento solo es aplicable cuando la autoridad administrativa, en su actividad de imperio, emite actos ad­ministrativos que de manera irregular, ocasionan un daño injustificado en la esfera jurídica de un particular.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 29776/17-17-03-1/ 2560/18-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva, en sesión de 12 de junio de 2019, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Martha Cecilia Ramírez López.

(Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2019)

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