Ramón Alejandro Galaviz García Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana campus Guadalajara, con Diplomado de Actualización del Abogado de Empresa por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y socio de la firma en derecho fiscal corporativo «Degalcorp»

La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales provocó un cambio en la visión del cumplimiento normativo, al colocarse como un elemento en la atenuación de las sanciones derivadas de una responsabilidad penal que pudiera recaer sobre una persona jurídica. 

Esto motiva a todo el empresariado a tener presente la necesidad de realizar labores de vigilancia e implementar control internos para evitar colocarse en algún supuesto delictivo. En este ámbito, tanto los ordenamientos penales de las entidades federativas como el federal, contienen catálogos de penas imponibles a las personas jurídicas, regulándose taxativamente que la única manera de lograr disminuir el grado de responsabilidad y de protegerse de las posibles conductas punibles de sus administradores, directivos y empleados es la implantación de un Programa de Compliance Penal.

Como conocemos todos, el Compliance Penal aplica a cualquier organización, independientemente de su tamaño y actividad, más aún con las reformas mencionadas. En concreto me referiré al sector de la salud, es uno de los más sensibles al cumplimiento normativo, pues concurren dos objetivos de algunas las normas oficiales mexicanas: la salud y la protección de datos sensibles de las personas –pacientes-. Las organizaciones enfocadas a la nutrición, los laboratorios farmacéuticos, hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, de distribución de medicamentos, entre otras; tienen el deber de respeto del paciente y de sus derechos en su persona y sus datos.

La industria de la salud y la farmacéutica tienen la obligación de respetar la libertad de prescripción de los médicos, evitando incentivar a recomendar determinados fármacos prevaleciendo el posible interés económico sobre el dictado de su experiencia

Por otro lado, tenemos el mercado farmacéutico que no se produce por una acción directa del consumidor, sino que necesita para adquirir legalmente medicamentos una receta proporcionada por un profesional de la salud, quien previo diagnóstico, decide cuál o cuáles serán los recomendados para su tratamiento. Con lo anterior cabe un par de preguntas éticas ¿qué parámetros se deben considerar para la promoción de medicamentos dentro de una prescripción médica? O bien ¿es correcto incentivar a un médico para que prescriba un medicamento sobre otro? Bueno, la respuesta desde mi óptica es sencilla, toda prescripción de medicamentos debe ser con base en la experiencia y no conveniencia. Por esto la importancia de su regulación y resolución frente a estas circunstancias, y sólo puede lograr mediante la autorregulación, la cual se consigue a través de la implementación de programas de cumplimiento.

Siguiendo con el punto del párrafo anterior, es fácil concluir que la industria de la salud y la farmacéutica tienen la obligación de respetar la libertad de prescripción de los médicos, evitando incentivar la recomendación de determinados fármacos prevaleciendo el posible interés económico sobre el dictado de su experiencia, este ejemplo es una muestra dónde el valor de la integridad obliga a instaurar un sistema de autorregulación para la vigilancia de sus promotores y organizaciones de la salud, pero sólo se puede lograr implementando un Medical Compliance, para así estar en posibilidad de dirigir la intencionalidad de sus acciones antes de ser ejecutadas. Tenemos un caso público muy sonado a nivel internacional sucedido en 2014, en China se condenó al gigante farmacéutico Glaxo® por actos de corrupción, al demostrarse la existencia de sobornos efectuados con diversos directores de hospitales y centros médicos, siendo condenada a una sanción equivalente de 379 millones de euros, y la privación de la libertad de los involucrados.

Los códigos deontológicos no resultan suficientes para que la organización quede exenta de responsabilidad penal ante un posible acto delictivo

Con lo antes expuesto apreciable lector, ahora continuo con la necesidad adicional que existe en estas organizaciones de implementar un Programa de Compliance Penal, debido a los riesgos que conlleva naturalmente sus actividades ordinarias, los cuales en su mayoría constituyen potenciales riesgos penales. Además, de la latente existencia de otros como cualquier sector económico, como son por ejemplo delitos en materias de: fraude, fiscal, contra la propiedad intelectual e industrial, contra la intimidad, contra el medio ambiente, protección de datos, cohecho, corrupción, entre otras. 

En estas organizaciones no es posible contrarrestar o gestionar adecuadamente los riesgos con procedimientos internos como son el «Código de Buenas Prácticas Corporativas», es cierto, mitigan algunas de las responsabilidades penales; no obstante, la posibilidad de incurrir en la comisión de delitos es mucha más amplia y algunos supuestos no encuentran su cobertura con este tipo de códigos internos. Los códigos deontológicos no resultan suficientes para que la organización quede exenta de responsabilidad penal ante un posible acto delictivo por parte de sus integrantes, sino que se hace patente la importancia de contar con un Programa de Compliance Penal específico para los prestadores de servicios de la salud y la industria farmacéutica, que ostente una cobertura completa para toda la tipología de delitos existentes en los que se pueda incurrir.

Por lo tanto, todas aquellas organizaciones con códigos internos de cumplimento deben además adaptarlos a las exigencias de la normativa penal, y para aquéllas que aún no cuenten con estos procedimientos, están ante la oportunidad de regular de forma completa y armonizada los aspectos penales y deontológicos que le son de aplicación. Todo esto se logra con la implementación de programas de cumplimiento normativo. Conforme nuestro sistema legal madure sobre la responsabilidad penal de la personas jurídica, y que no sólo sea una atenuante de la sanción, sino que de pauta a una posibilidad real de ser, incluso, una excluyente, sólo así los modelos de prevención de delitos serán considerados por los empresarios de este sector como una ventaja para un mejor desarrollo del negocio, con integridad y protegiendo su reputación, que son de incalculable valor.

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