Ramón Galaviz García
Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana con especialidad en Obligaciones y Contratos, Societario, Gobierno Corporativo y Empresa Familiar, Infraestructura y Contract Management, Criptoactivos y Blockchain. Actualmente cursando el Diplomado en Derecho Energético por la UNAM. Socio Director de la firma DEGALCORP. Miembro Activo del Grupo Consejero Empresarial.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), al determinar en definitiva su postura en la jurisprudencia número 2a./J. 73/2013 (10a.), en julio de 2013, respecto al alcance del principio de litis abierta, que rige el Juicio Contencioso Administrativo (JCA), concluyendo que no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer pruebas que debió hacer durante el procedimiento de fiscalización de origen o en el recurso de revocación, cuando este en posibilidad legal de hacerlo, ello debido a que el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) aplica únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la de exhibir nuevos medios de prueba que debió presentar en el procedimiento administrativo respectivo, sea en el de origen o en el recurso administrativo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de realizarlo.

Independientemente lo anterior, siempre he considerado equivocado tal postura respecto a la propia esencia del propio JCA, pues no es desestimar pruebas tendientes a demostrar la ilegalidad de un acto administrativo con base en el análisis de que son nuevas y que la autoridad administrativa no tuvo en su oportunidad valorar dentro del procedimiento; pero olvidan que, el TFJFA puede válidamente con sus facultades valorar las pruebas ofrecidas por las partes, sin que se pretenda que está realizando un procedimiento de fiscalización o supervisión como lo hacen las autoridades administrativas, sino que únicamente está revisando que el acto impugnado haya sido emitido conforme a Derecho tomándolas en consideración.

Sólo se pretende revisar si los hechos u omisiones sancionados por la autoridad corresponden a la realidad y, por tanto, si el acto impugnado efectivamente representa o no la verdadera situación jurídica; no olvidemos que es un órgano jurisdiccional dotado de plena jurisdicción, el cual tiene no sólo la facultad, sino la obligación de estudiar y valorar las pruebas aportadas por las partes, con ese único objetivo. Sin embargo, esta no fue tomada en cuenta al momento de sentar semejante criterio de gran trascendencia en la defensa fiscal, afectado, a mi consideración, el derecho humano de tutela judicial efectiva, pero en fin, esta es la realidad de la Litis abierta.

Ahora, en un tema de un JCA en contra de una resolución sobre una devolución de contribuciones, se considera que el solicitante tiene plena posibilidad de exhibir la documentación  que no le fue en su solicitud, si, no existe requerimiento al respecto por parte de la autoridad. En ese sentido, para que cobre aplicación el criterio mencionado en los párrafo anteriores sobre un asunto de esta naturaleza, es importante que haya existido un procedimiento administrativo, en el cual el solicitante tenga la oportunidad de aportar pruebas, no lo hubiera hecho; por tanto, si la resolución impugnada en el Juicio de Nulidad no tuvo su origen en un procedimiento en el cual la autoridad hubiera requerido al contribuyente exhibir la documentación que estimara necesaria para verificar la procedencia de la solicitud de devolución, sino que de manera directa negó la procedencia de lo solicitado, entonces, en el JCA, el solicitante claro que tiene el derecho de aportar las pruebas que a su interés conviniera, a fin de demostrar los extremos de su pretensión. Así fue determinado en el siguiente criterio jurisprudencia dado a conocer por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

CRITERIO JURISDICCIONAL 47/2020 (APROBADO 5TA. SESIÓN ORDINARIA 28/05/2020)

PRUEBAS. TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE NULIDAD CUYO ACTO IMPUGNADO CORRESPONDE A UNA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, CONFORME AL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN POSIBILIDAD DE EXHIBIR DOCUMENTACIÓN QUE NO FUE APORTADA EN SU SOLICITUD, SI EN LA ESPECIE NO EXISTIÓ REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD. EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 73/2013 (10a.). Mediante Jurisprudencia 2a./J. 73/2013 (10a.) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de litis abierta que rige en el Juicio Contencioso Administrativo, implica la posibilidad de expresar argumentos no vertidos ante la autoridad administrativa -ya sea en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo-, mas no la de exhibir en el Juicio de Nulidad pruebas que, de conformidad con la Ley, el contribuyente debió exhibir en dicho procedimiento o en el Recurso de Revocación respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de una resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. En ese sentido, a juicio del Órgano Judicial, para que cobre aplicación el criterio fijado por nuestro Máximo Tribunal, es menester que haya existido un procedimiento administrativo, en el cual el contribuyente, teniendo la oportunidad de aportar pruebas, no lo hubiera hecho; por tanto, si la resolución impugnada en el Juicio de Nulidad no tuvo su origen en un procedimiento en el cual la autoridad hubiera requerido al contribuyente exhibir la documentación que estimara necesaria para verificar la procedencia de la solicitud de devolución, sino que de manera directa negó la procedencia del total solicitado, entonces, en el Juicio, el actor sí tenía el derecho de aportar las pruebas que a su interés conviniera, a fin de demostrar los extremos de su pretensión; máxime que en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación es facultad de la autoridad hacendaria requerir la documentación necesaria para aclarar o desvirtuar las inconsistencias que, en su caso, detecte entre lo manifestado por el contribuyente en su declaración y lo señalado por el retenedor, o bien, llevar a cabo las facultades de comprobación previstas en el diverso artículo 22-D del referido Código – revisión de gabinete o visita domiciliaria-. En consecuencia, es incorrecto que la Sala responsable, al amparo de una Jurisprudencia que no resulta aplicable, haya dejado de valorar las pruebas aportadas por el actor en el Juicio de Nulidad, vulnerando con ello el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17 constitucional.

AMPARO DIRECTO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 2018.

 -SENTENCIA FIRME

SUSTENTADO EN:

RELACIONADO CON:

  • CRITERIO JURISDICCIONAL 44/2016
  • CRITERIO JURISDICCIONAL 2/2020
  • CRITERIO JURISDICCIONAL 14/2020
  • CRITERIO OBTENIDO EN RECURSO DE REVOCACIÓN 7/2020
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