Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.; Diplomado en Estudios Avanzados y Doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la Universidad Panamericana y del Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C. Twitter: @RCEmx

Si bien es cierto, es infracción presentar declaraciones, solicitudes, avisos, o expedir constancias incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, la cual conlleva la imposición de una sanción económica. Lo que se ha vuelto una práctica común es que   el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleve al cabo la cancelación de los mencionados Certificados porque considera que debido a que en las declaraciones presentadas fueron incorrectas por incluir operaciones realizadas con terceros publicados en el listado definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), también conocida como «la lista negra, donde se dan a conocer los nombres o denominaciones de las entidades que facturan operaciones simuladas, mejor identificadas por su acrónimo EFOS.

Mediante Criterio Jurisdiccional 42/2019, aprobado en la 5ta. Sesión Ordinaria llevada a cabo el pasado 31 de mayo de 2019, se llega a la siguiente conclusión:

SELLO DIGITAL. A CRITERIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL ES ILEGAL SU CANCELACIÓN BASADA EN QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTÓ DECLARACIONES EN LAS QUE INCLUYÓ OPERACIONES CON PROVEEDORES PUBLICADOS EN LA LISTA DEFINITIVA A QUE REFIERE EL ARTÍCULO 69-B DEL CFF. El artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación (CFF), prevé la cancelación de los Certificados de Sello Digital (CSD) cuando las autoridades fiscales, aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del mismo Código y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del CSD. Así, a juicio del Órgano Jurisdiccional resulta ilegal que la autoridad recaudadora estime actualizado dicho supuesto de cancelación, apoyada en lo establecido por el artículo 81, fracción II, del CFF, que establece como infracción la de presentar declaraciones, solicitudes, avisos, o expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales. Lo anterior, al considerar que las declaraciones presentadas por los contribuyentes son incorrectas por haber incluido operaciones realizadas con proveedores que se encuentran publicados en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B del CFF, puesto que los preceptos legales en los que la autoridad apoyó su determinación, no la facultan para dejar sin efectos el CSD. Máxime cuando la resolución de cancelación del CSD no es la vía idónea para restarle valor a los CFDI emitidos por los proveedores que se encuentran publicados en el listado definitivo a que hace referencia el artículo 69-B del CFF, pues para arribar a tal conclusión el Órgano Jurisdiccional sostuvo que la autoridad debe ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del CFF, conforme a lo previsto en el último párrafo del procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Tributario.

Tiene como antecedente el actuar de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Aguascalientes 1, del SAT, con el caso de un contribuyente que dentro de su determinación de impuestos provisionales contempló operaciones con cuatro proveedores ubicados en la «lista negra»; razón por la cual, esa Administración consideró que la determinación en su declaración es incorrecta respecto al monto del acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA). Caso que fue llevado a juicio contencioso administrativo, en la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde se declaró que la cancelación del Certificado es ilegal, por la falta de una adecuada fundamentación, pues consideró que los ordenamientos fundatorios empleados por la autoridad fiscal no la facultan para dejarlos sin efectos por contemplar en la determinación del cálculo de sus impuestos operaciones inexistentes. La Sala sostuvo que la autoridad debió ejercer sus facultades de comprobación contenidas en el artículo 42 del CFF, y en caso de que detecte que no acreditó la prestación del servicio o adquisición de los bienes, y en su caso, no se autocorrigió en su situación fiscal, podrá determinar un crédito fiscal, más no una cancelación como la que nos ocupa.

Este es un supuestos de muchos donde la autoridad está tomando la Cancelación delo Sellos Digitales como una medida de presión, bien sea para que corrijan su situación fiscal, o en su defecto, a consideración unilateral de la autoridad no den efectos fiscales a determinadas operaciones que considera como inexistentes, sin fundamento alguno, pues no se encuentra dentro de los contenidos en el artículo 17-H, fracción X, inciso d) del CFF.

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