José Antonio Oloarte Atanasio
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El Gobierno Mexicano con el propósito de contribuir a generar un ambiente de negocios libre de corrupción e impunidad ha legislado sobre las sanciones a las que se harán acreedores quienes realicen actividades que fomenten o se beneficien de actos de corrupción. En el caso de las personas morales el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 421 establece la responsabilidad penal para estas personas, cuando se demuestre que han permitido por acción u omisión actividades delictivas por parte de sus integrantes. La Ley General de Responsabilidades Administrativas hace lo propio al sancionar la comisión de actos de corrupción en las que participen las empresas directamente por acción u omisión. Estableciéndose en ambos casos, que las personas morales podrán demostrar que no son responsables de las conductas delictivas de sus integrantes (personas físicas) si demuestran que cuentan con un Programa de Integridad y Controles Anti-corrupción. Las reformas Penales Fiscales y de Extinción de Dominio y recientemente  la firma del convenio modificatorio al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son prueba fehaciente de ello.

Hechos

El pasado 23 de septiembre de 2020, el Senador Germán Martínez Cazares perteneciente al grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional presentó una iniciativa de ley para crear la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. La propuesta recoge entre otros la creación de un Registro Nacional de empresas socialmente responsables, la elaboración de un Plan de Acción Nacional sobra Empresas y Derechos Humanos anual o el establecimiento de medidas especiales de solidaridad empresarial a causa de emergencias o catástrofes.

El pasado 23 de octubre del año pasado, tuve la oportunidad de participar en un conversatorio convocado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, A.C. (ANADE) con Luis Fernando Ortiz de la Concha encargado de los temas anticorrupción y con Adalberto Méndez López Co-autor de la iniciativa en comento, quien generosamente nos explicó lo siguiente:

  • Es un Primer ordenamiento en México y América Latina para regular la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos, en concordancia con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, de Naciones Unidas.
  • Se buscar crear un registro sobre responsabilidad empresarial, para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos y Responsabilidad Social Empresarial; así como, para dar fe de la reparación efectiva de daños cometidos por las empresas hacia terceros.
  • Le confiere a la Responsabilidad Social Empresarial un valor jurídico relevante al “normar adjetivamente” el mandato constitucional sobre la materia originado del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Incorpora al arbitraje y a la mediación como forma para dirimir controversias en la materia, en concordancia con las Reglas de La Haya sobre Arbitraje que involucren empresas y derechos humanos,
  • Incorpora una visión de prevención de riesgos mediante la implementación de mecanismos de control y cumplimiento en materia de derechos humanos, transformando a su vez a la Responsabilidad Social Empresarial con un mecanismo eficiente de control y mitigación de daños y no sólo como un instrumento de reputación corporativa.
  • Busca incorporar y armonizar en la legislación mexicana los principios rectores de empresas, los derechos humanos de Naciones Unidas
  • Ser una guía de Conducta Empresarial Responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La Responsabilidad Social Empresarial debe ir más allá de las obligaciones legales. Es un compromiso adquirido en beneficio del bien superior de la comunidad y de la colectividad. Es obligación de gobernados y gobernantes generar las condiciones que permitan los ambientes idóneos para que apliquen estos programas.

La inadecuada responsabilidad social de las empresas no es solo del sector privado. Las políticas blandas, imprecisas e irresponsables de los gobiernos, o los gobernantes permisibles y transigentes, también contribuyen a ello.

Soy un firme creyente que la creación de instituciones sólidas y fuertes dentro de las Empresas como lo es aplicación de buenas prácticas de gobernanza empresarial coadyuvaran a los esfuerzos que el estado mexicano hace para combatir la corrupción; así como, la evasión, la defraudación, la elusión y la simulación empresarial.

El Gobierno Corporativo dentro de las Empresas, no solo garantiza la viabilidad y permanencia de las mismas por generaciones. También, contribuye al cambio de mentalidad y conductas de las personas. Uno de los pilares en los que sustenta esta profesionalización organizacional es el Código de Conducta, ahora llamado en el argot como Código de Ética e Integridad Empresarial.

Este código establece la actitud, normas y riesgos que deberán evitar las personas al hacer negocios. Un ejemplo claro de ello es, no permitir operaciones simuladas de negocios cuyo propósito fundamental sea evadir el pago de impuestos o efectuar fraude a las finanzas públicas; así como, evitar conductas que dañen los bienes jurídicos de los individuos.

El sector empresarial en todo el mundo y particularmente en lo local, juega un papel fundamental en la transformación de conductas. Como dato que respaldo lo anterior, cito que 51 de las 100 economías más grandes del mundo, están en grupos empresariales.

Si logras que un dueño o dueña haga cambios en su conducta por voluntad y éstos cambios se ven incorporados en la estrategia de su negocio. Habremos avanzado en negocios éticos, íntegros responsables socialmente. Donde la sociedad en su conjunto seremos beneficiados.

Conclusión

Si bien es cierto la iniciativa de la ley en cuestión adolece de técnica jurídica, de una realidad empresarial y de enfoque que no es congruente con la política de respeto a los derechos humanos por parte de esta administración federal y en gran parte también, del sector empresarial. No podemos dejar de reconocer que es un gran avance que busca poner orden en la discusión de buenas prácticas empresariales, que fomenten principios y valores, que contribuyen de manera directa y decisiva a efectuar negocios libres de cualquier acto de corrupción y por supuesto, sancionando la simulación empresarial.

Cuando las mejores prácticas de gobernanza empresarial formen parte de la estrategia del negocio y la conducta de los integrantes de la misma tenga un enfoque de responsabilidad social, no sólo se logrará combatir la corrupción e impunidad, sino que también; México logrará mayor competitividad que se traducirá en un incremento de la economía y el bienestar de su población por la adopción de estas normas.

Mientras la estructura mental de los tomadores de decisiones en la pequeña y mediana empresas no evolucione, seguirá siendo factor determinante que no permitirá la profesionalización de sus negocios.

Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial implica y conlleva vivirlo día con día. Es un estilo de vida, no se puede dar lo que no se tiene.

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