Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad de Guadalajara;
Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización
para Ejecutivos; Diplomado en Estudios Avanzados
en Derecho Administrativo por la
Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana, Instituto de Especialización para
Ejecutivos y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

En México si bien es cierto se está trabajando en este iniciativa como se hizo de 2005 en el periodo del presidente Vicente Fox donde no avanzó una cláusula generalmente antiabuso o antielusiva, existieron otros intentos, y el más reciente que fue en 2014, todos fueron abandonados por no estar lo suficientemente respaldados para que avanzara su introducción dentro nuestro derecho fiscal. Lo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha sugerido en diversas ocasiones a todos sus integrantes es la necesidad  de contar con una norma de esta naturaleza, y en nuestro país, aunque los intentos anteriores no se lograron, eso sí, tenemos varios años con el artículo 177 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), donde ya se establece un norma antielusión y de recaracterización de la operación, en los casos de que se termine que el fondo del asunto es muy distinto a la forma con que fue vestido, pero únicamente aplicable específicamente cuando intervienen entidades que provengan o tengan su origen en regímenes fiscales preferentes, mejor conocidos como REFIPRES, y en general, respecto del Título Quinto de este ordenamiento.

Se pretendía en aquel entonces, como hoy se pretende, incorporarse un artículo 5-A en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para de esta manera tener una norma general y no solamente para operaciones entre partes relacionadas extranjeras, de esta forma no solamente parece tipo operaciones, sino para cualquiera inclusive las locales, pudiese ser analizados o escudriñadas para ver la finalidad de la creación de una figura, contrato o cualquier otro tipo de negociación que únicamente tiene como fin la reducción de impuestos, sin que exista una razón de negocios.

Ahora, con iniciativa propuesta el 8 de septiembre por el Ejecutivo Federal se pretende claramente establecer esta norma general y no dejarla exclusivamente para los efectos del 177 de la Ley de ISR, esto es, que se vuelve una norma aplicable para que usted pueda evaluar operaciones nacionales que pudiesen ser artificiosas, creadas exclusivamente para reducir las cargas tributarias, lo cual es correcto como siempre se ha pretendido sin embargo el tema que preocupa a todos, es la forma en que se propone sean evaluadas esas operaciones comerciales por parte de las autoridades fiscales. Con esto se suma una nueva herramienta a las ya existentes, como se refiere al artículo 69-B y 69-B Bis del CFF, los establecen presunciones específicamente para determinar óperas la existencia yo operación, que con el transcurso de su inicio en el 2014 los tribunales tuvieron suma participación en una conformación, que a mi apreciación,  es muy desatinada y claramente inclinada a los fines recaudatorios y la funcionalidad de estos dos preceptos.  Sólo por destacar, tenemos dos criterios uno subjetivo, el cual es de este año menciona que incluso puede aplicarse este precepto en específico, me refiero el 69-B del CFF, dentro de un ejercicio de facultades de comprobación o ordinario, donde los auditores pueden desestimar la operación por determinarse en existencia dentro del propio acto de comprobación por ser una facultad implícita; y la otra es objetiva, Donde se determina que de no comprobarse la sustancia económica y la razón de negocios de la operación esta puede ser desestimada como deducción autorizada para efectos fiscales, recaracterizando las determinaciones de los gravámenes correspondientes, de esta forma la autoridad tiene la posibilidad de desnaturalizar la operación a su juicio unilateral. Para cerrar este punto, todo esto lo que ha provocado es que a falta de cualquier documento o elemento el contribuyente es el que va a sufrir las consecuencias, o mejor dicho, recae sobre el contribuyente probar la existencia de sus operaciones, lo que nos hace estar en un completo estado de indefensión.

Ahora, a pesar de tener te herramientas lo preocupante de la iniciativa de la inclusión de la cláusula generar antelación, es precisamente esto crear una nueva Bajo la justificación de enfrentar fraude a la ley. De tal suerte que, si la autoridad una vez que yo como contribuyente acredita la existencia de una operación, la sustancia económica y la razón de negocios, con esta aún puede hacer una recaracterización. Así, no te atendí a los elementos para poder enfrentar operaciones inexistentes con los primeros preceptos señalados, y con la pretendida iniciativa, desde un punto de vista civil, actos llenos de propiedad jurídica pueden ser denostados por considerarlos artificiales, creados con el único fin de evadir o disminuirá sus cargas fiscales. Lo que no se debe de olvidar, incluso en algunos de los criterios de los tribunales que reconoce la necesidad de la sustancia económica, también señala que debe existir una relación de ganancia o beneficio, respecto a este último punto, es donde puede entrar en cierto conflicto si no se establece un procedimiento adecuado para su valoración, me explico.  Encontramos que existe en diferentes empresas la necesidad meramente económica, o de reestructuración corporativa, donde podría implicar una fusión o una decisión por ejemplo, que un auditor que la autoridad ante una situación como esta donde considera que se obtuvo un beneficio de ahorro fiscal, insisto fue una cuestión corporativa mera mente, corre el riesgo de ser de ser demeritado sus efectos por esta razón, sino la intención la intervención de gente conocedora o especializada para que pueda emitir un criterio razonable y sustentable.

En la exposición de motivos se establece que ese tipo de normas se encuentran en países como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, entre otros; lo preocupante es nuestra introducción sino en la forma como se le está dando a la autoridad una facultad plena inquisidora para calificar el sentido económico de un negocio u operación comercial, dejando completamente  en sus manos y con toda la cara de preocupación al contribuyente. Existen sistemas anti alusivos que cuentan con un procedimiento plenamente garante, o cuando menos con una mejor técnica para esta calificación de una operación, el ejemplo que encontramos dentro de un compilado de la orden  es Francia, casualmente uno de los países mencionados, donde ante una situación de duda por parte de la autoridad fiscal se llama a un órgano colegiado, conformado por académicos de prestigio reconocido, jueces especializados en áreas como civil o mercantil y otros especialistas, para que ellos determinen realmente si existe una razón de negocios o meramente un Interés de reducción de impuestos. Esto termina con el derecho que tenemos de elegir el régimen fiscal que más nos convenga, un ejemplo que siempre me ha encantado es el que señala el maestro Manuel E. Tron,  dónde nos cuenta un supuestos en que vamos conduciendo un vehículo por la carretera, y encontramos dos caminos para llegar al mismo lugar, el primero con descuidado, maltratado, muchas curvas y en general de difícil conducción, mientras tenemos el otro, por el contrario completamente recto, con buen mantenimiento, pero con un cobro por su uso. Entonces, lógicamente eliges el segundo, pagando la cuota respectiva porque tengo la derecho de elección. Culminando esta metáfora siempre con lo siguiente: “no conozco en el planeta un país en donde le obliguen a un ciudadano a pagar bajo el régimen impositivo más caro”, y coincido con él cuando en el Senado de la República, menciona  que de quedar la iniciativa como se propone, México sería el primero en el mundo.

A manera de conclusión, la autoridad cuenta en la actualidad con varias presunciones y ficciones legales que le permiten combatir operaciones artificiales o inexistentes, como lo son el 177 de la Ley del ISR y los artículos 69-B y 69-B Bis del CFF; permitir una norma como la propuesta abundaría con los mismo efectos que ya se tienen, pero como mayor alcance y menor respeto a los derechos de los contribuyentes.

Print Friendly, PDF & Email

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here