Ramiro Aguirre Pérez
Abogado por la Universidad de Guadalajara y Especialista en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en Derecho Fiscal internacional por la Universidad de Leiden, Holanda. Socio fundador de Aguirre Asociados.

Hace dos semanas un legislador de Morena presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para que las obras de la 4T, no sean objeto de suspensión en el juicio de amparo y controversias constitucionales pues, según la iniciativa, dicha figura “se ha empleado para obstaculizar actos públicos vinculados directamente a la planeación del desarrollo nacional, en las áreas estratégicas, las acciones del Estado en el terreno de las prioritarias y bienes de dominio directo de la Nación, que afectan de manera grave el interés social”.

La iniciativa también indica que “el uso político o abuso de la suspensión presenta un problema que exige de manera prioritaria una legítima solución de carácter legislativo que evite la inseguridad, incertidumbre y sobre todo, la lesión del interés social.”

Para tales efectos, se propuso adicionar dos párrafos al artículo 128 de la Ley de Amparo y también al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional (controversias constitucionales), para que los actos de los poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la Nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución Federal, no sean objeto de suspensión.

La reforma comentada surgió por las “molestias” generadas al Presidente con las suspensiones concedidas contra sus obras insignias (Refinería Dos Bocas y Tren Maya), pues el efecto de la medida es frenar –parcialmente– la continuación de las mismas.

No obstante lo anterior, la segunda semana de julio la construcción de cierto tramo del Tren Maya se reanudaba por instrucciones presidenciales, en evidente desacato a la suspensión que se encontraba vigente contra la construcción de dicho tramo. Por ello, esa misma semana se ratificó por un Juez Federal la orden judicial que mandata que no se pueden reanudar tales obras, aún con todo y el acuerdo que volvía al tren en una obra de “Seguridad Nacional”.

Para tales efectos, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, el Gobierno Federal entiende la seguridad nacional como “una condición indispensable para garantizar la integridad y soberanía nacionales, libre de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”, sin embargo, no debe perderse de vista que tal Ley señala que la rigen, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos, por lo que los mismos aún bajo esa justificación deben ser respetados.

Volviendo a la reforma comentada, el legislador justificó también su propuesta bajo el argumento de que la suspensión puede provocar que las obras y proyectos se anulen u obstaculicen, con daños no cuantificables y afectaciones al desarrollo nacional.

En esta visión, el legislador pide privilegiar la postura en la que el Estado es el encargado de la “rectoría del desarrollo” y de trabajar en las “áreas estratégicas”, que permiten al país desarrollarse sin depender del exterior.

Considero que ninguna de las justificaciones dadas por el legislador en la propuesta de adición comentada es válida, pues la propuesta representa un retroceso en materia de justicia al limitar aspectos esenciales del amparo (como la suspensión) y tendría como resultado dejar sin una protección real a las personas, quienes se encontrarían en un estado de vulnerabilidad grave ante actos de autoridad y no contarían con un resguardo hasta que se dicte sentencia.

Una vez más, es claro que el actual gobierno criminaliza y estigmatiza a todo lo que vaya en contra de los deseos presidenciales, aun cuando se trate de la propia Constitución y su legislación secundaria, pues está demostrado que el máximo anhelo de nuestro Presidente es quitar el freno de mano jurídico que le impide a su gobierno cumplir con sus objetivos, por más ilegales que estos sean.

Así, estas acciones de nuestro Presidente rememoran tanto al famoso “el Estado soy yo” de Luis XIV, al pretender erosionar los mecanismos que garantizan el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, considero que aún existe una esperanza ante los arrebatos de nuestro presidente: los legisladores han dejado de considerar que existe una puerta abierta para los jueces, pues el artículo 129 de la Ley de Amparo señala que en situaciones extraordinarias, el Juez podrá conceder la suspensión si lo considerase necesario. Es decir, pienso que aún con la prohibición de que se otorgue la suspensión en contra de obras estratégicas y de seguridad nacional, los jueces federales podrán detenerlas cuando lo consideren necesario.

La iniciativa comentada se encuentra aún en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por lo que habrá que esperar su análisis y discusión por los legisladores.

Print Friendly, PDF & Email

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here