Domingo Ruiz López
Licenciado en Derecho, Maestro en Fiscal y Doctor en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango; cuenta con estudios de Dirección de Empresas en el IPADE;  y es Socio Director de la firma “Ruiz Consultores”, S.C.

El pasado 27 de enero del presente año, fue publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, del Decreto que contiene  reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al Código Fiscal de la Federación, para crear estos procedimientos de resolución exclusiva de fondo, con regulaciones similares.

El Juicio y el Recurso de Revocación, de resolución exclusiva de fondo, solamente procederán  contra resoluciones que se determinen como resultado de una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica, es decir, solamente procederá en contra de resoluciones que determinen créditos fiscales a los contribuyentes, derivados del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, quedando pendiente, como comentamos en la edición pasada, que también se incluyeran los procedimientos de devolución de contribuciones. 

El Decreto publicado tiene modificaciones en comparación al texto original, siendo notas características de estos procedimientos, las siguientes:

Procedencia
Estos procedimientos solamente se pueden interponer, a petición expresa del contribuyente y planteándose agravios de fondo, entendiéndose por éstos los que aborden el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las obligaciones revisadas, es decir, de los elementos esenciales de las contribuciones que se hayan revisado al contribuyente, cuestionando la legalidad en los siguientes supuestos:

  • Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las obligaciones revisadas.
  • La aplicación o interpretación de las normas involucradas.
  • Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo de la controversia.
  • La valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en las fracciones anteriores.

Si existen en el escrito inicial argumentos de forma, se tendrán por no presentados.

Demanda
En congruencia con la normativa de los procedimientos de resolución exclusiva de fondo, la demanda deberá contener los siguientes requisitos:

  • La manifestación expresa de que se opta por el juicio de resolución exclusiva de fondo.
  • La expresión breve y concreta de la controversia de fondo que se plantea, así como el señalamiento expreso de cuál es la propuesta de litis.
  • El señalamiento respecto del origen de la controversia, especificando si ésta deriva de:
  • La forma en que se apreciaron los hechos u omisiones revisados.
  • La interpretación o aplicación de las normas involucradas.
  • Los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total, parcial o extemporáneo, de los requisitos formales o de procedimiento que impactan o trasciendan al fondo de la controversia, o
  • Si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes.
  • Los conceptos de impugnación que se hagan valer en cuanto al fondo del asunto.

Como podemos apreciar, los requisitos que se exigen para el escrito de demanda que da inicio al Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo –que son idénticos a los exigidos para el escrito de interposición del recurso de revocación de igual naturaleza- son enfocados a lograr una discusión necesariamente de fondo, ya sea desde el punto de vista de valoración de los hechos, o bien, desde el punto de vista de la interpretación y aplicación de las normas, incluyendo la excesiva consecuencia al cumplimiento de una formalidad. En este sentido considero que puede ser aplicable, por ejemplo, a las compensaciones de impuestos, donde existiendo el saldo a favor y el derecho a compensar, en ocasiones se considera incumplida la obligación por la omisión de haber presentado el aviso de compensación, que es una formalidad que condiciona de forma excesiva el ejercicio de un derecho.

Sustanciación
La propuesta contemplaba que el Magistrado Instructor debería emitir un acuerdo de fijación de la litis, en el proceso legislativo, vemos que se enriquece, y ahora las partes proponen cuál es la litis, de manera que el contribuyente puede realizar su propuesta de litis, y la autoridad demandada manifestar si está de acuerdo con ésta, o bien formula otra al contestar la demanda.

Una limitante en el juicio, que no existía en la iniciativa, es la posibilidad de presentar pruebas, ya que solamente se podrán presentar aquellas exhibidas durante el procedimiento de revisión, las que se hayan presentado en un procedimiento de acuerdo conclusivo ante la PRODECON, o  bien, las ofrecidas en el recurso administrativo.

En el caso de que una de las pruebas ofrecidas sea un dictamen pericial, el Magistrado podrá citar a una audiencia de peritos, donde los peritos podrán ser cuestionados, lo cual aporta un principio de contradicción, indispensable para el esclarecimiento de la verdad a favor de las partes.

De las incorporaciones más importantes en estos procedimientos comentados, tanto en el Juicio como en el Recurso de Revocación, son su oralidad, en dos sentidos:

Al existir una audiencia oral, donde las partes de manera verbal alegarán sus pretensiones ante la Sala Regional, o ante la autoridad que resolverá el recurso de revocación; y,

Al establecer una regulación a las audiencias privadas que solicitan las partes, las cuales deberán ser en presencia de la parte contraria, en el caso del Juicio, o en presencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada en el caso del recurso de revocación.

Operatividad
El decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el lunes 30 de enero de 2017, pero establece plazos para su operación; en el caso del Juicio, la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a mas tardar el 30 de junio de 2017, deberá adscribir a los Magistrados con mayor experiencia en materia fiscal a las salas especializadas en juicios de resolución exclusiva de fondo, para que al día siguiente, los juicios se puedan empezar a promover.

En el caso de los recursos de revocación, iniciarán su vigencia 30 días naturales siguientes a la publicación del decreto, es decir, el 26 de febrero de 2017.

Reflexiones
Como anotamos en la entrega pasada, la creación de procedimientos de resolución exclusiva de fondo, se trata de un salto importante en la tradición jurídica tributaria en México, que se rige por principios de formalidad, donde la forma es tan importante como el fondo, a diferencia de otros países donde lo que prevalece es el fondo sobre la forma. En este sentido, han existido propuestas por modificar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, para establecer un principio de preeminencia del fondo sobre la forma, las cuales no han prosperado debido a que no se puede modificar el sistema jurídico tributario reformando un sólo párrafo de un artículo.

Al permitir discusiones de fondo, y permitir la oralidad a la justicia fiscal, es posible que el contribuyente aborde discusiones de interpretación de las leyes fiscales, incorporando paradigmas del Derecho Natural, ya que en la función jurisdiccional, más aun al resolver casos difíciles, es necesario incorporar un equilibrio entre principios, valores y derechos, que se recogen en las normas jurídicas, pero que la flexibilidad, o a decir de Zagrebelsky, su ductilidad, dependerá no de la prevalencia de un sólo valor y de un sólo principio, sino la salvaguardia de varios simultáneamente. Se trata de una simbiosis entre la doctrina y el derecho operando, donde una no ha de estorbar a la otra, sino complementarse, no, por tanto, mediante la simple amputación de potencialidades constitucionales, sino principalmente, mediante prudentes soluciones acumulativas, combinatorias, compensatorias, que conduzcan a un desarrollo conjunto y no a un declive conjunto.

Los procedimientos especiales de fondo, atingentemente manejados, pueden ser un instrumento que cristalice la justicia tributaria al incorporar principios, pero si son manejados con negligencia, pueden ser instrumento de injusticia, al validar resoluciones que son fruto de procedimientos ilegales, pero que al ser formalidades, ya no se podrían alegar en defensa de los contribuyentes.

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