Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y
en Derecho por la Universidad de
Guadalajara; Maestro en Impuestos
por el Instituto de Especialización
para Ejecutivos; Diplomado en Estudios
Avanzados y Doctorando en Derecho
Administrativo por la Universidad San
Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana

Con la publicación de la «Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera», ley Fintech, en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 9 de Marzo, ahora instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen plazos de seis, 12 y 24 meses para crear las disposiciones secundarias que regularán a las empresas del sector. Además, para emitir disposiciones sobre prevención y detección de financiamiento al terrorismo, seguridad de la información de los clientes, políticas de confidencialidad y activos virtuales, entre otros temas.

Aunque estamos en una vacatio legis suficiente para que se emitan esas disposiciones, es muy seguro que su contenido sea similar a las que cumplen las empresas que ofrecen servicios financieros y/o las que llevan a cabo actividades vulnerables, por lo que no esperamos grandes novedades en el tema por la ley Fintech. Estaremos ante integraciones diligentes de los expedientes para identificar al cliente, mantenerlos salvaguardados, contar con una persona responsable en materia de cumplimiento -oficial de cumplimiento- y presentar el o los avisos en determinados supuestos.

En materia de regulación societaria, sobre la CNBV recae la mayor parte de estas disposiciones administrativa a emitirse, con requerimientos tales como el de capital mínimo, los límites de recursos que podrán mantener a nombre de sus clientes y la información de operaciones a reportar. Cumplir con estas actividades administrativas y de avisos es todo un reto para las instituciones de tecnología financiera, no solo en lo referente a su relación con las diversas autoridades y los órganos reguladores, sino también con los propios usuarios, que seguirán y se apegarán a las más flexibles y cómodas de entre todas aquellas que surjan con ésta hito en el sector del derecho financiero. Banxico tiene un papel importante que desempeñar, en un lapso de seis meses deberá emitir las disposiciones generales sobre las características de los activos virtuales y, en máximo dos años, los normas para compartir información y datos.

Se contempla la inclusión de una nueva actividad vulnerable al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

«XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o divisas.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco Unidades de Medida y Actualización.

En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera activos virtuales, las personas que provean los medios a que se refiere esta fracción, deberán obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos que señale dicho Banco de México en las disposiciones respectivas.»

Si bien puede tratarse de clientes con una actividad empresarial legítima, también se tiene el riesgo potencial de que algunos utilicen a las Fintech, por su agilidad y rapidez, para ocultar el origen de recursos ilícitos, y se conviertan en las plataformas para transferirlos de un lado a otro, evitando ser detectados o supervisados por las autoridades. A su vez, se contempla que deberán entregar información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en el momento de detectar operaciones inusuales o sospechosas.

Un problema inicial para estas empresas se encuentra en los costos, para muchas actualmente existentes serán sorprendidas por estas nuevas erogaciones, mientras que las nuevas, deberán sin lugar a dudas contar con todos los requisitos técnicos y humanos para cumplir adecuadamente con las diversas disposiciones existentes más las nuevas regulaciones específicas. De igual forma, el cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado implicará un reto en su relación con las instituciones financieras tradicionales, quienes en su intención de cumplir, solicitarán a las Fintech evidencia de su cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, en caso de no cumplir, podrían negarles acceso a los servicios financieros regulados, pensemos, simplemente el algo básico, apertura de cuentas bancarias.

Es importante que las Fintech tengan conocimientos del clientes, y en su defecto, allegarse de los datos e información necesario para esto, siguiente los lineamientos que las autoridades estarán próximos en los siguientes meses a publicar. Entre las autoridades involucradas en su vigilancia se destacan las siguientes, igualmente los plazos y criterios que deberán emitir:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
6 meses para: 12 meses para:
Prevención y detección sobre financiamiento al terrorismo Criterios para operar como «modelos novedosos»
Presentar reportes entre compañías y clientes
Identificación de clientes y operaciones, así como resguardo
Designación de oficial de cumplimiento
Auditoría anual

 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
6 meses para: 12 meses para: 24 meses para:
Criterios de selección para las crowdfunding, o fondeadoras, para la elección de los proyectos financiables Cómo proporcionar información sobre comportamiento de sus cuentas por cobrar Mecanismos para acceso a información estadística de la Fintech
Capital social mínimo requerido Tecnología que podrán emplear para su operación Intercambio de información
Medidas de control , seguridad y confidencialidad Criterios para operar como «modelos novedosos» Contraprestación sobre el cobro de los intercambios de información
Limitantes de clientes o usuarios Forma de solicitar información sobre las actividades de los clientes de las empresas
Importe máximo de recursos para destinar a financiamiento Programas de corrección ante irregularidades
Formas de recibir y entregar los fondos, en el país como en el extranjero
Establecer los controles internos necesarios para la administración de riesgos contables

 

Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
12 meses para:
Establecer los estándares de seguridad en la información
Supervisión de la prestadoras de servicios contratadas
Criterios para la autentificación en pagos electrónicos

 

En lo relativo a las multas, se incluye un capítulo referente a sanciones y delitos aplicables a actos jurídicos que se celebren en contra de lo establecido por la ley, entre las que se encuentran una multa:

  1. De 30,000 a 150,000 veces la UMA por: no incluir la información transaccional en el registro de cuentas que deban llevar conforme a la propia ley, o no cumplir con los requisitos de seguridad y continuidad de la operación de los registros de cuenta referidos en el artículo 48 de esta ley.
  2. De 20,000 a 100,000 veces la UMA, a las ITF que inicien sus actividades sin acreditar a la CNBV el cumplimiento de los requisitos legales respectivos.
  3. De 10,000 a 100,000 veces la UMA, a los auditores externos independientes omisos en suministrar a la CNBV los informes, las opiniones y demás elementos de juicio de sus dictámenes y conclusiones en contravención a lo establecido en la ley.
  4. De 1 a 15,000 veces la UMA, a las ITF que no den respuesta a los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades.
  5. De 15,000 a 75,000 veces la UMA, a las entidades financieras y las ITF que no establezcan interfaces de programación de aplicaciones informáticas para compartir y transaccionar datos con aquellas entidades financieras, ITF o sociedades autorizadas para operar con «modelos novedosos».

Esta ley entró en vigor el 10 marzo de 2018, pero la SHCP, la CNBV, BANXICO, CONDUSEF, entre otras, tiene plazos para establecer los criterios y lineamientos para observar y cumplir las ITF.

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