Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública
y en Derecho por la Universidad
de Guadalajara; Maestro en Impuestos
por el Instituto de Especialización
para Ejecutivos; Diplomado en Estudios
Avanzados y Doctorando en Derecho
Administrativo por la Universidad San
Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana y del
Instituto de Especialización para Ejecutivos

Con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 2011, fue ampliada la protección a los «derechos humanos» mediante el establecimiento en su texto del principio «Pro Homine», a través del cual se obliga a la observancia de los tratados internacionales sobre la materia, cuando sean más favorables a la persona en su situación. El instrumento más empleado a nivel internacional es la «Convención Americana sobre Derechos Humanos» conocido también como «Pacto de San José», en su artículo 63 se contempla el derecho a una «reparación integral», por lo que al Estado le corresponde tomar las medidas necesarias para evitar cualquier contravención, incluso las ocasionadas por otros particulares, y en su caso, que las afectaciones sean reparadas integralmente por el causante del daño. El «Derecho Indemnizatorio» tradicional se había limitado a la reparación de los daños consecuencia inmediata y directa de los efectos de la conducta, sin buscar otras finalidades adicionales. Con los «Daños Punitivos» se tienen como parte toral tres aspectos torales: (i) la propia reparación del daño sufrido, (ii) castigar a su causante por no tomar las medidas necesarias para evitarlo o por su negligencia; y (iii) servir como medida ejemplificativa para toda la sociedad. De esto último surge su finalidad ejemplar, tanto para el particular causante para que no vuelva a hacerlo y tome las medidas necesarias para evitar que suceda nuevamente; asimismo se convierte en un mensaje hacia toda la sociedad con el fin de disuadir a otros de seguir su ejemplo.

En los Estados Unidos, en el caso «Hertz vs. Robert Welch», su Corte Suprema estableció un concepto que considero necesario mencionar, los «Daños Punitivos» son: multas privadas, para castigar conductas reprochables y disuadir su futura ocurrencia. Su aplicación no se circunscribe a ilícitos realizados con intencionalidad o dolosos, únicamente, pues la teoría tradicional brinda los elementos necesarios para resarcir el menoscabo ocasionado, sino que cobran importancia en situaciones en las cuales su autor además del daño ocasionado, obtiene gananciales o recibe directamente beneficios por su conducta, aún después de la reparación, entonces ésta nueva figura busca, en suma, castigar ejemplarmente a todo aquel que, calculando el costo beneficio, entiéndase la reparación del daño, aún existe un ganancial que lo motiva a realizar la conducta o se omiso en sus obligaciones, por ser mayores respecto de aquella; con lo que podemos agregar un cuarto punto toral: (iV) eliminar ganancias o beneficios injustamente obtenidos a través de la conducta dañosa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución que permitirá obtener sentencias que condenen al pago de “daños punitivos”, similar a lo que sucede en Estados Unidos. Esto transformará la cultura empresarial al tratarse de una medida sancionatoria por los daños que causen a sus clientes o terceros. A manera de contexto histórico, es importante conocer el primer caso en aquél país, sucedió en 1994, una persona se quemó severamente con un café en la sucursal de una cadena de franquicias de alimentos, iniciando una demanda, argumentando que el café estaba más caliente de lo ordinario, demostrando que muchos clientes de ese establecimiento también se habían quejado de esto, pero la empresa ignoró dichos reclamos, obteniendo una sentencia en la que se ordenó a la franquicia pagarle cerca de dos millones de dólares por daños punitivos.

Este tipo de condenas basadas en la anterior figura, tienden a evitar hechos dañosos en un futuro, buscan imponer incentivos negativos para que se actúe con la diligencia debida, especialmente para proteger la vida e integridad física de las personas, y sobre todo, por medio de sanciones ejemplares se procura una cultura de responsabilidad para evitar que se repita. Hasta el pasado mes de julio no existía regulación en México, con este novedoso fallo se resuelve que sí se encuentran inmersos o implícitos bajo la figura del daño moral. Hace más de un año se generó un antecedente con el caso de un hotel en Acapulco, donde un joven se estaba paseando en un kayak dentro de un lago artificial y cayó al agua, la cual estaba electrificada, donde se determinó que existió negligencia, pues una bomba de agua no tenía los servicios requeridos provocando esa falla, siendo condenado al pago de indemnización millonaria, comprendidos en su cuantificación los daños punitivos. Es una medida que puede tener un impacto social positivo hacia la cultura de cumplimiento, sólo debe establecerse un límite, ponderando el daño causado y la posibilidad económica del negocio responsable.

A manera de conclusión personal, cierto es que la inserción de esta figura en el derecho mexicano tiende a aumentar el derecho humano de la «reparación integral» y a su vez, conducir al correcto actuar de las personas en protección de sus iguales y su entorno, sin embargo, los jueces deben ser sumamente cautos y escrupulosos en la aplicación de sus criterios, pues una amplitud en su aplicación como aparentemente ha sido hasta el momento. Lo más importante es que no se adopte sólo mediante criterios jurisprudenciales, sino que el legislador debe modificar y adecuar las disposiciones civiles respecto a tales daños estipulado su finales y mecanismo de cuantificación, para estar en posibilidad de establecer pautas precisas en su incorporación de los «Daños Punitivos» en nuestra legislación.

Vídeo relacionado: https://youtu.be/3Jrj5t74PXo

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