Francisco García Bedoy Uribe
Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Asociado del área fiscal del Despacho <Rofa Legal & Tax>
www.rofa.com.mx

Las hojas de otoño han dejado en el suelo su manto, preparando la llegada del décimo mes del antiguo calendario romano. Como cada año, el fuego emprende su regreso a la hoguera; cobijando en su camino a millones de hogares de las inclemencias del frío. Sin embargo, este invierno es diferente, son tiempos de pandemia y el virus que causa el COVID-19 presagia al mundo corporativo días largos y noches crudas hasta por lo menos el equinoccio de primavera.

Por este motivo, ha llegado la hora de entintar su pluma y escribirle al SAT, pues es posible que en los últimos cinco años tenga un número significativo de gastos en artículos de lujo que, en su momento, no dedujo o acreditó por ignorancia de las interpretaciones judiciales del requisito de indispensabilidad consignado en los numerales 27 de la Ley del ISR y 5 de la Ley del IVA.

En este sentido, claro está que la consciencia colectiva de los complejos que suelen afligir a los funcionarios fiscales, en su trato de artículos de calidad, ha eclipsado importantes beneficios para el grueso de la comunidad empresarial. Son contados los contribuyentes que han advertido fallos como la tesis aislada V-TASR-XIII-1282 de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuyo contenido dispone que el lujo no afecta el carácter de indispensabilidad de un gasto. Consecuentemente, a pesar de que ninguno de los artículos referidos en la última oración del párrafo que antecede resuelven que el lujo sea un obstáculo para ejercer derechos, suelen ser llamativas, y en algunos casos hasta inusuales, las deducciones o acreditamientos de productos como motocicletas BMW, trajes Tom Ford o plumas Mont Blanc.

Ahora bien, al tenor del aforismo jurídico que a la letra reza “donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir”, la realidad es que toda operación en la que sea comprobable la intención de impulsar su actividad económica es, en teoría, “estrictamente indispensable”. A propósito, de las tesis aisladas 1a. XXX/2007, 2a. CIII/2004, V-TA-2aS-118 y VI-P-2aS-745 de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Segunda Sección de la Sala Superior del honorable Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es posible concluir que las erogaciones estrictamente indispensables se limitan a únicamente reunir los siguientes elementos (tomando en consideración que su ausencia bien debiera afectar las actividades económicas de la empresa de tal suerte que causara la suspensión o disminución de estás):

  1. Ser casuística.
  2. Estar estrechamente vinculada con la consecución del objeto social de la empresa.
  3. Servir para que se cumplimenten las actividades de la persona moral reportando un beneficio (sea directo o indirecto).
  4. Estar relacionada directamente con la actividad preponderante del contribuyente.
  5. Ser necesaria para alcanzar los fines o el desarrollo de la actividad económica de la empresa.

Por consiguiente, si en los últimos 5 años tiene erogaciones por gastos en artículos que efectivamente cumplen con todos los elementos antes transcritos, está en su derecho de presentar declaraciones complementarias para tomar sus respectivas deducciones o solicitar en devolución su IVA acreditable. Pues si bien es cierto que el ya multicitado requisito de indispensabilidad es uno de los favoritos del SAT para negar tanto deducciones como acreditamientos en artículos de lujo, generalmente se aplica de manera inconstitucional.

Es así como lastimosamente existen algunos criterios administrativos y jurisdiccionales restrictivos del término “estrictamente indispensable”, cuya difusión entre autoridades ha intensificado el terrorismo fiscal. Afortunadamente, éstos no son conclusivos, por lo que, si llegase a enfrentar la inconveniencia de una negativa, siempre estará a su disposición el Juicio de Nulidad para controvertir su respectiva resolución administrativa de conformidad con los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Así pues, para explotar al máximo las bondades previstas en ley, se ha vuelto imprescindible contar con un buen abogado especializado en materia fiscal. No basta con que la razón le asista para que un Magistrado Federal declare la nulidad lisa y llana de un acto administrativo dictado en contravención de las resoluciones antes citadas.

El ambiente fiscal de la cuarta transformación demanda el uso de estrategias integrales diseñadas por profesionales del derecho con preparación del más alto nivel; esquemas de atención apartados de lo tradicional y elaborados a la medida conforme a sus necesidades en tiempos y ubicación de recursos. Hoy día, como decía Erasmo de Rotterdam, “es mejor prevenir que curar”, ya que como hemos sido testigos en últimas fechas, una herida en cuestiones tributarias puede ser fatal.

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