Lic. Nathziri Tovar
Abogada egresada con mención honorífica de la Universidad de Guadalajara, con especialización en derecho penal, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área legal corporativa y como litigante especialmente en el ramo fiscal, laboral y penal, su trabajo le ha permitido asesorar proyectos startup y colaborar con empresas nacionales e internacionales en verificaciones de cumplimiento normativo, debida diligencia, KYC, derecho societario y marcas y patentes, fundadora de las marcas El Detallito y Tovara Natural

Existe la primicia contemplada por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación respecto a la reserva que debe guardar el personal que intervenga en los diversos trámites tributarios. Pero en sí ¿Qué es el secreto fiscal y cuándo puede el obligado hacer excepción de la reserva contemplada por la ley?  Se considera por la doctrina que el secreto fiscal comprende dos tipos de información: datos personales y datos contables o de relevancia tributaria de los contribuyentes; esta diferencia estriba en los tipos de secretos protegidos, que corresponden a dos tipos de intereses y bienes jurídicos diferenciados: la vida privada y la seguridad jurídica de las negociaciones.

Consideramos que lo que se protege con el secreto fiscal son, básicamente datos personales. Este secreto deriva de una exigencia de protección de los titulares de los datos personales que se traduce en el deber de sigilo frente a la colectividad sobre información que debe mantenerse, fuera del conocimiento público, debido al tipo de información protegida y la ausencia de un interés público respecto de esta. En consecuencia, el secreto fiscal debe entenderse como “un derecho a la intimidad, o lo que es lo mismo, el derecho de la persona a ser protegido en su vida privada”.

El secreto tributario tiene por objeto derechos de la personalidad, que incluyen la protección de todos los derechos que derivan de la esencia y naturaleza humana de la persona, desde su nombre, domicilio y hasta su patrimonio. Dentro de esos derechos se encuentra la intimidad, que se refiere al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (tales como su conducta, datos, información, objetos) y a que los demás no se inmiscuyan en ella sin su expreso consentimiento.

Ahora bien, al tratarse de información que deberá llevar el tratamiento de confidencial, en qué supuestos puede el obligado por la norma hacer excepciones a esta reserva. El código fiscal en su artículo 69 señala los siguientes casos de excepción:

  • Aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 del Código Fiscal.
    • Respecto a este punto me gustaría abundar que ya existe una tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación No. De Registro 2025058, en el que el juzgador es muy claro respecto a la interpretación de este punto. No aplica para el caso de compensación de bienes derivado de un juicio de divorcio, por lo que en este caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apela por la literalidad de la Ley.
  • La información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • La información que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 del Código Fiscal, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre.
  • En las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (relativo a las operaciones con recursos de procedencia ilícita), que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.
  • Respecto a los requerimientos que realice la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para efecto de calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables en términos del impuesto sobre la renta, a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos a dichos órganos, o bien, éstos consideren que se presentó en forma incompleta o inexacta.
  • En la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
  • Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos directamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La información que deba suministrarse sólo deberá utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información.
  • Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades relativas a la información de la identidad de los terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar la resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad.
  • Por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar los
  • siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.
  • Mediante tratado internacional en vigor del que México sea parte que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, se podrá suministrar la información a las autoridades fiscales extranjeras. Dicha información únicamente podrá utilizarse para fines distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio tratado y las autoridades fiscales lo autoricen.
  • Se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa, información respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenida en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado.
  • Cuando se trate de investigaciones sobre conductas previstas en los artículos 139, 139 Quáter, y 148 Bis del Código Penal Federal relativo a los delitos de Terrorismo, financiamiento al terrorismo y violación de inmunidad y de neutralidad.
  • Se podrá proporcionar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información de los contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones. La información comunicada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, le serán aplicables las disposiciones que sobre confidencialidad de la información determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  • La reserva no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en los siguientes supuestos:
  1. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
  2. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que, siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados.

III. Que, estando inscritos ante el registro federal de contribuyentes, se encuentren como no localizados.

  1. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal.
  2. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146-A del Código Fiscal.
  3. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.

VII. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, que se encuentren omisos en la presentación de declaraciones periódicas para el pago de contribuciones federales propias o retenidas. Tratándose de este supuesto, también se publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el ejercicio y el periodo omiso.

VIII. Sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a que se refiere la Ley del Mercado de Valores que no cumplan con la obligación de tramitar su constancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.

  1. Personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos fiscales comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sin que dichos contribuyentes hayan demostrado la materialización de dichas operaciones dentro del plazo legal previsto en el artículo 69-B, octavo párrafo de este Código, salvo que el propio contribuyente, dentro del mismo plazo haya corregido su situación fiscal.
  2. Personas físicas o morales a quienes el Servicio de Administración Tributaria les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital, por ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 17-H, fracciones X, XI o XII del Código Fiscal, salvo que los contribuyentes subsanen las irregularidades detectadas por las autoridades fiscales, o bien, corrijan su situación fiscal.

Puede interpretarse, que los supuestos aludidos corresponden de manera genérica a contribuyentes que han incumplido con obligaciones formales o sustantivas de las cuales hubiere derivado la determinación de un crédito fiscal o la configuración de un delito fiscal, aunque también se contemplan los casos de contribuyentes que no son localizados en su domicilio fiscal, así como a quienes se le han cancelado y condonado créditos fiscales.

El propio artículo 69 dispone un procedimiento de “aclaración”, similar al ejercicio de los derechos ARCO respecto a datos personales, posterior a la divulgación de los datos, en el cual se podrán aportar pruebas que acrediten no encontrarse dentro de la situación que dio origen a la divulgación; la autoridad resolverá en un plazo de 3 días hábiles la aclaración y, de ser procedente, eliminará la información publicada en la siguiente actualización del listado que se hace quincenalmente. Cabe resaltar que en este procedimiento no existe suspensión de la divulgación de los datos personales.

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