Pablo del Castillo Lobatón
Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Sede Guadalajara, Corredor Público 41 Plaza Jalisco, Prestador de Servicios de Métodos Alternos certificado por el Instituto de Justicia del Estado de Jalisco, Socio Director en Andersen, Profesor titular de Derecho Financiero y Sociedades Mercantiles en el ITESO, A.C.

Desde la entrada en vigor de las diversas disposiciones de la Reforma mencionada, comenzaron a surgir cuestionamientos en torno a si guardan relación las disposiciones de la LFPIORPI, también llamada Ley Antilavado, con las disposiciones de la Reforma Laboral; no pocas voces se han manifestado, expresando o dando a entender que el hecho de registrarse en el REPSE acarrea la obligación de cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero previstos en la LFPIORPI, su Reglamento y Disposiciones de Carácter General.

Hubo quienes aprovecharon la publicación del Criterio No Vinculativo emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pasado día 23 de septiembre del presente año para obtener notoriedad. Algunas opiniones no lo han expresado claramente o han querido aprovechar para atraer cierta atención, confundiendo a propios y extraños. A pregunta expresa de si ¿Cualquier empresa que se inscriba en el REPSE está obligada a registrarse como actividad vulnerable conforme al artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI? El criterio publicado por la UIF señaló que “Independientemente de que conforme a la LFT (Ley Federal del Trabajo) se tenga la obligación o no de estar registrado en el REPSE, lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable, es que el servicio prestado se lleve a cabo en términos del inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI, es decir, que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente, la administración de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, con independencia de que en dicha administración se incluya o no la facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestador del servicio se limite a seguir las instrucciones del cliente.”

En realidad, la UIF contestó la pregunta diferenciando entre las disposiciones de una y otra Ley y transcribiendo lo señalado en el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 LFPIORPI; de dicha respuesta o criterio se pueden tener algunas conclusiones importantes. La UIF como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podría haber contestado de otra forma, pues hoy en día no cuenta con las facultades estructurales para interpretar las disposiciones en materia laboral, es decir, no es su papel hacerlo. Posiblemente lo que causó mayor confusión, es que en dicha respuesta haya relacionado directa y únicamente el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 LFPIORPI, puesto que tal disposición se refiere de manera especial a servicios en los que no hay relación laboral con el cliente respectivo. De lo anterior,  lo primero que debe destacarse es que cualquier empresa que lleve o haya llevado a cabo cualquiera de los actos previstos en el citado artículo 17 LFPIORPI y no únicamente lo contenido en el inciso b) de la fracción XI mencionada, será considerada como actividad vulnerable y estará sujeta a dicha Ley y su Reglamento; es decir, la obligación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no guarda relación directa con obligación laboral alguna. 

Sería interesante conocer las intenciones de la autoridad al relacionar directamente el inciso b) de la fracción XI, artículo 17 LFPIORPI en su Criterio o respuesta, pero la realidad es que también las empresas dedicadas a otras actividades previstas en la misma fracción u otras fracciones del artículo 17 tendrían que hacer el alta y registro de Actividad Vulnerable. Adicionalmente, si estas se realizan de acuerdo con lo previsto por los artículos 13, 14 y 15 de la LFT, las pondría en la situación de inscribirse también en el REPSE (por ejemplo, los servicios de construcción o el manejo de cuentas bancarias, entre otros previstos por la propia LFPIORPI).

Por lo anterior, NO se puede relacionar la obligación de dar el Alta y Registro de Actividad Vulnerable como consecuencia del registro en el REPSE, bajo ninguna de las actividades previstas por el Artículo 17 LFPIORPI, así como tampoco al revés pueda señalarse que por estar ya registrados como Actividad Vulnerable (en el Portal Antilavado), ya sea por servicios de administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes u otra actividad prevista en dicha normatividad, implique automáticamente la obligación de registrarse en el REPSE como servicios especializados de subcontratación. Para concluir ello, deberían analizarse de forma separada las diversas actividades de cada empresa y ver en cada caso si se cumplen los supuestos de ambas leyes, de una o quizás de ninguna de ellas.

En el caso de la LFT, después de la Reforma de Subcontratación, lo que detona la obligación de inscribirse en el REPSE y, por tanto cumplir con las disposiciones para prestadoras de servicios u obras especializadas, es que las actividades de la empresa prestadora en cuestión no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria (cliente) de estos. Mientras que el hecho de formar parte del objeto social parece claro y objetivo, el determinar si una actividad económica es preponderante de la beneficiaria o no, requiere algo más de interpretación, pues incluso titulares de diferentes dependencias federales han tenido dificultades para poderlo explicar. En cualquier caso, en la Reforma Laboral se pretende limitar la subcontratación para salvaguardar los derechos de los trabajadores y regular las actividades de quienes sí puedan llevar a cabo algún trabajo especializado a favor de terceros. Pero no hay disposición alguna en la Reforma Laboral de este año que implique que una empresa registrada en el REPSE tenga que dar el alta como Actividad Vulnerable en el Portal Antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que respecta a las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, baste recordar que la LFPIORPI establece en el Capítulo III, Sección Primera, la regulación en materia de prevención de lavado de dinero para Entidades Financieras, pero es en la Sección Segunda y en concreto en su artículo 17, donde prevé obligaciones en la materia dependiendo del tipo de actividad que se realice, de tal forma que algunas empresas puedan estar sujetas a la citada Ley por más de una sola de sus actividades habituales y/o profesionales.

Para contestar de forma clara y concisa a la incógnita,  una persona física o moral que desee prestar sus servicios profesionales o de obra especializada, primero deberá identificar si su giro y/o actividad objeto de prestación de servicios está prevista como Actividad vulnerable según lo dispuesto en el Artículo 17 de la LFPIORPI; en caso de que sí sea una actividad vulnerable, estará sujeta a cumplir con lo dispuesto en materia de Prevención de Lavado de Dinero independientemente de contar con el registro o no en el REPSE. Posteriormente, deberá identificar si su prestación de servicios encuadra en los casos estipulados tanto por la LFT así como con lo previsto por la ya mencionada Guía emitida por la STPS relativa a servicios u obras

especializadas, y en caso de que se configure esta, efectivamente tendrá que inscribirse al REPSE y también Identificar y dar Aviso a la UIF a través del portal de prevención de lavado de dinero. 

Pongo a consideración el siguiente ejemplo: La sociedad “Inmobiliaria Magistral, S.A.P.I. de C.V.”, dentro de su objeto social contempla: 1. Obtener recursos de inversión para el desarrollo de bienes inmuebles. 2. Servicios de administración inmobiliaria e intermediación de compraventa de inmuebles. 3. Servicios de asesoría en construcción, asesoría estructural y obras de ingeniería civil. 4. Servicios de programación, software y tecnologías para la optimización de desarrollos inmobiliarios, manejo de inventarios y recursos materiales para la construcción. 

Pues bien, en este caso se configuran ambas disposiciones tanto de inscribirse en REPSE por su objeto social previstas bajo números 3 y 4, mientras que por lo que respecta a sus actividades previstas bajo los números 1 y 2 de su objeto social, estará obligado a cumplir con la obligación de la LFPIORPI de identificación y aviso en el portal de prevención de lavado de dinero https://loginsppld.sat.gob.mx/ , según lo dispuesto en la fracción V del Artículo 17 de la LFPIORPI, el cual menciona lo siguiente: “La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.”. Si “Inmobiliaria Magistral”, S.A.P.I. de C.V. no contemplará los servicios previstos bajo números 3 y 4, únicamente estaría obligada a lo dispuesto al cumplimiento de los estipulado por la Ley Antilavado, y viceversa; si dicha sociedad solo contara con las actividades de los números 3 y 4 solo estaría obligada a cumplir con su registro en REPSE, siempre y cuando dicha asesoría mencionada en los correspondientes numerales del objeto social contemplen los Aspectos a considerar en la Guía, como por ejemplo: el poner a disposición el personal del “Prestador” a servicio del “Contratante” dentro de las instalaciones de este último).

Como corolario, basta añadir que el pasado 11 de octubre de 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el boletín número 105/2021, por medio del cual se informa del inicio de la etapa de inspección a las empresas que concluyeron su registro de prestadoras de servicios y obras especializadas REPSE, lo que seguramente arrojará información importante sobre los criterios de la autoridad al analizar si las empresas están cumpliendo correctamente con lo requerido al inscribirse.

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