Abogado con Maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana, Maestría en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Guadalajara. Ha tomado cursos y seminarios entre los que destacan “Posgrado en Derecho de las Obligaciones y Contratos”, “Posgrado en Derecho de las Sociedades Mercantiles” y participado en “Jornadas de Derecho Mercantil”. Actualmente es Corredor Público # 17 de la Plaza del Estado de Jalisco.

La actuación del Notario Público es de gran importancia, tanto social como jurídica, ya que, a través de la misma, se protege la aplicación estricta de las normas, así como el propio ordenamiento jurídico, asegurando la paz y el orden social.  Si bien los Notarios Públicos ejercen una función pública que les concede el Poder Ejecutivo, no forman parte de la estructura de la Administración Pública, es decir, no son funcionarios ni servidores públicos dependientes jerárquicamente del Ejecutivo, sino que son autónomos e independientes de éste. 

Igualmente, el Notario Público no puede considerarse como una autoridad, toda vez que no tiene un poder coercitivo sobre los gobernados y carece completamente del imperio que caracteriza a las autoridades.

Sin embargo, la LISR y el RLISR, en diversos numerales relacionados con la imposición de gravámenes a las personas físicas sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles, establecen la obligación a cargo de los Notarios Públicos de calcular y enterar el impuesto correspondiente, convirtiendo así a estos últimos en responsables solidarios de los contribuyentes, por disposición expresa del CFF.

Con lo anterior, el Notario Público no solo se encuentra obligado a realizar operaciones aritméticas simples y objetivas respecto del monto económico de las operaciones que formaliza, sino que, en muchos casos, de manera unilateral e imperativa se le obliga a determinar créditos fiscales sobre ganancias o utilidades, lo que necesariamente implica adentrarse a distintos aspectos subjetivos del contribuyente para determinar el monto de la operación y las deducciones correspondientes. 

De igual manera, se le impone al Notario Público la obligación de constituirse como calculador y enterador de los impuestos y derechos que se causen en conexión a la prestación de sus servicios, en los tres ámbitos de gobierno.

Aunado a ello, la Resolución Miscelánea Fiscal, establece que, para los efectos de la Ley del ISR y del CFF, los Notarios Públicos deberán realizar el entero de los pagos del ISR, así como del IVA correspondientes a las enajenaciones y adquisiciones en las que intervengan en su carácter de fedatarios, a través de medios electrónicos.  Cabe destacar que el entero del ISR y del IVA, así como la presentación de la información correspondiente, se debe efectuar por cada una de las operaciones consignadas en escritura pública en las que intervengan los Notarios Públicos, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura respectiva. Aunado a lo anterior, los Notarios Públicos, por las operaciones de enajenación o adquisición de bienes en las que hayan intervenido y cuando así lo solicite el interesado, deben expedir la impresión de la constancia que emita el programa electrónico “DeclaraNOT”, contenido en la página de Internet del SAT, misma constancia que deberá contener el sello y firma del Notario.

Adicionalmente, la Resolución señala que, para los efectos del CFF, en las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se celebren ante Notarios Públicos, los adquirentes de dichos bienes podrán comprobar el costo de adquisición para efectos de deducción y acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los ingresos que perciban, siempre y cuando los Notarios incorporen a dichos comprobantes el complemento que al efecto publique el SAT en su página de Internet. 

Excepción de lo anterior es el caso de las personas físicas dedicadas a actividades empresariales, siempre que éstas declaren que el inmueble forma parte del activo de la empresa y exhiban copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello digital de la declaración correspondiente al último año de calendario para el pago del impuesto; tratándose del primer año de calendario deberá presentarse copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o, en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado Registro.

Este mismo criterio de excepción debe ser aplicado en el caso de que el enajenante sea una persona moral, toda vez que en tal supuesto no resulta aplicable el Título IV de la LISR, el cual únicamente versa sobre los ingresos obtenidos por personas físicas y, por lo anterior, el vendedor considerará los ingresos obtenidos por dicha enajenación al momento de realizar su declaración anual. 

En virtud de lo anterior, se impone a los Notarios Públicos una serie de obligaciones procesales que implican la obligación de calcular y enterar el impuesto correspondiente, además de incidir en una falta de previsión de eventualidades bastante comunes (tales como que el Notario Público no puede retener dinero que en ningún momento recibe, que no se señala el procedimiento para que el propio contribuyente realice directamente el pago correspondiente, que no se indica cómo debe proceder el Notario en caso de que el contribuyente se rehúse a entregarle el importe del impuesto respectivo, entre otras), así como la responsabilidad de presentar avisos, declaraciones y efectuar cálculos que sobrepasan la función notarial, lo que conlleva a la necesidad de recurrir a equipos, programas y personas que, además de implicar un costo para el Notario, requieren de éste un trabajo adicional por el cual no es remunerado.

No obstante todo lo anterior, resulta indispensable hacer notar que en ninguna disposición, ya sea de carácter civil, fiscal o administrativa (léase, leyes del notariado de las respectivas Entidades Federativas), se establece que el Notario Público se encontrará facultado para exigir de los particulares la entrega del precio de la operación. En vista de lo anterior, al no estar autorizado el Notario Público para exigir la entrega del precio, éste tampoco se encuentra facultado para retener de dicha cantidad el impuesto correspondiente. 

Adicionalmente, en ningún momento la legislación faculta a los Notarios Públicos para requerir coercitivamente a los particulares por la entrega del impuesto correspondiente, por lo que también carecen del “imperium” necesario para recaudarlo.  Por esta razón, aun y cuando los Notarios Públicos se encuentren obligados a calcular y enterar el ISR por enajenación de inmuebles, si la legislación correspondiente no les otorga las atribuciones suficientes para hacerse de los recursos necesarios para realizar dicho entero (ya sea mediante la retención o recaudación del impuesto respectivo), no pueden encontrarse obligados a dar cuenta de tal impuesto.

Según el CFF, se desprende que los Notarios Públicos, al estar obligados a efectuar el pago provisional del impuesto relativo, resultan responsables solidarios de los contribuyentes, respecto del pago del propio impuesto que se encuentran obligados a enterar, así como de los accesorios. Por tal motivo, en el supuesto de que el contribuyente no provea voluntariamente al Notario Público del importe correspondiente al ISR por enajenación de inmuebles, dicho fedatario se encontrará imposibilitado para enterarlo y será responsable solidario con el fisco federal por el impuesto, los recargos y las actualizaciones que correspondan, lo cual le causaría un agravio personal y directo.

Las obligaciones impuestas a los Notarios Públicos en relación con el cálculo y entero del ISR por la enajenación de inmuebles se establecen en la legislación sin que éstas emanen del consentimiento de dichos fedatarios, ni estableciendo una retribución justa por el trabajo de cálculo y entero prestado por los fedatarios. 

En relación con lo anterior, tenemos que el artículo 5° de la CPEUM establece la libertad de elegir cualquier profesión o trabajo lícito, así como la prohibición de obligar a persona alguna a prestar trabajos personales sin una retribución justa.  De dicha disposición constitucional, se desprende que nadie puede ser obligado a prestar trabajos o servicios personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, sin hacer distinción alguna de si dicha obligación pudiera derivar de un contrato privado o de una disposición legal.

Derivado de ello, cabe recordar que, de conformidad con la LNJ, la única remuneración que el Notario Público se encuentra autorizado a recibir por la prestación de sus servicios son los honorarios estrictamente establecidos por virtud del ya citado artículo 40 de la mencionada legislación.

En los conceptos contenidos en el arancel notarial, no se comprenden las actividades del cálculo y entero del ISR por enajenación de inmuebles, por lo que los Notarios Públicos no se encuentran facultados para cobrar remuneración alguna por dichos conceptos.

Si bien es cierto que existe una tesis jurisprudencial que señala que el no establecer una remuneración a favor del contribuyente por autodeterminar las contribuciones a su cargo, no implica que se violente lo dispuesto por el artículo 5 de la CPEUM, también es cierto que los Notarios Públicos no “autodeterminan” las contribuciones de sus clientes, sino que éstos efectúan un trabajo personal subordinado, con la finalidad de calcular (determinar) y enterar el impuesto que les corresponde a los propios otorgantes, es decir, a terceros.

Tomando en cuenta lo anterior, debe considerarse que el Notario Público, al efectuar el cálculo (el cual como ya se ha indicado no resulta sencillo) y el entero del ISR por la enajenación de bienes inmuebles por personas físicas, realiza un trabajo personal subordinado a favor de sus clientes.

Lo anterior implica que el Notario Público efectúe una intensa labor de investigación y constatación frente al enajenante, para que éste le proporcione los elementos relativos a las deducciones para el cálculo del impuesto, lo que implica intervenir en aspectos subjetivos del contribuyente, yendo más allá de una tarea objetiva consistente en la simple aplicación de un porcentaje o tarifa a un monto predeterminado. 

De tal manera, el Notario Público no recibe una justa retribución derivada de las actividades señaladas, ya que, de conformidad con la LN y con el arancel notarial vigente, dicho fedatario no se encuentra facultado para cobrar honorario alguno, en relación con las tareas que le son impuestas unilateralmente por la LISR y la demás legislación fiscal. 

Ello se traduce en que el Notario Público presta un trabajo personal subordinado a favor de sus clientes (contribuyentes) y en beneficio de la Hacienda Pública.

Una vez establecidas las funciones y facultades correspondientes a los Notarios Públicos y al SAT, respectivamente, se llega a la conclusión de que la imposición de las obligaciones de efectuar el cálculo, retención y entero del ISR que se cause por la formalización de los actos jurídicos ante los Notarios Públicos, no son propias, atribuibles ni imputables a la función notarial, por lo que debe establecerse un mecanismo diverso para liberar al Notario Público de las obligaciones fiscales señaladas.

En este sentido, debemos apuntar que, en diversas legislaciones de carácter latino, el Notario Público carece de obligación alguna en relación con la retención y el entero del ISR generado por la enajenación de inmuebles, siendo el enajenante quien debe autoliquidar y pagar el ISR correspondiente y comparecer ante el Notario con el comprobante respectivo, previo al otorgamiento de la escritura pública correspondiente.

Tomando en cuenta lo anterior, se considera pertinente que la legislación mexicana adopte un criterio similar al indicado en el párrafo anterior, es decir, que se libere a los Notarios Públicos de calcular y enterar el ISR por la enajenación de bienes inmuebles por personas físicas, toda vez que dicha función no resulta propia del fedatario público.

Para ello, resultaría conveniente establecer que sea el propio contribuyente quien se encuentre obligado a autoliquidar y pagar el ISR correspondiente y únicamente comparezca ante el Notario Público una vez que obtenga el comprobante respectivo, de manera previa al otorgamiento del instrumento público que corresponda.

Sin embargo, para facilitar la vigilancia al cumplimiento de las normas fiscales, se recomienda que los Notarios Públicos deban llevar un registro de las enajenaciones que se formalicen ante su fe, dejando constancia expresa en el instrumento público respectivo del folio del recibo que hubiese sido presentado por el enajenante, de la fecha y monto del pago efectuado, así como de la constancia de inscripción en el RFC del enajenante y del adquirente. De la misma forma, será pertinente que los fedatarios envíen a la autoridad fiscal correspondiente, una relación mensual de las enajenaciones de bienes inmuebles que hubiesen sido formalizadas ante su fe.

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