Adrián Alfonso Paredes Santana
Licenciado en Contaduría Pública y en Derecho por la Universidad de Guadalajara; Maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos; Diplomado en Estudios Avanzados
en Derecho Administrativo por la
Universidad San Pablo CEU Madrid y catedrático de la
Universidad Panamericana, Instituto de Especialización para
Ejecutivos y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa «CEDE»
Twitter: @RCEmx

En la actualidad el compliance se ha colocado dentro de los estándares de cumplimiento respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, desde nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero esto es sobre las empresas y medianas, pues para aquellas de mayores dimensiones, multinacionales y de cotización pública ya cuentan con normas internas y medidas de control que integran los programas de cumplimiento, principalmente cuando sus actividades son del sector financieros, donde se busca evitar el lavado de dinero, o cuando son empresas constructoras que desarrollan obra pública, quienes deben demostrar una implementación de prevención de riesgos laborales o medidas anti-soborno; estos son unos ejemplos.

Con la entrada del Derecho Penal en la autorregulación supone que junto con el tradicional riesgo económico de cualquier entidad económica, provocada por la existencia del derecho sancionador, ahora, puede surgir el riesgo de la responsabilidad penal, que tiene las mismas y mayores consecuencias negativas, estamos ante el último ratio, y sobre todo, el riesgo reputacional que se generará al enfrentar esta causa.

Es por esto, que la organizaciones deben tomar el pleno control sobre sí mismas antes de que se produzca la intervención del Estados, mediante el derecho administrativo sancionador, o en su defecto, el derecho penal, peor aún ambos. Ahora, con la creación de códigos de buen gobierno corporativo, éticos y programas de compliance penal se adquiere dentro de su estructura de manera autómata y natural las buenas prácticas, con el objetivo del buen funcionamiento operativo de la empresa, siempre con el cuidado de integridad en cada operación que realice.

Cada vez se hace más presente la gran influencia de las grandes corporaciones sobre los poderes públicos en cualquier parte del mundo, con lo que se inicia el debate sobre la necesidad de intervención estatal sobre estas a fin de ejercer un mayor control de legalidad en sus actuaciones, o si, por el contrario, debe ser una intervención mínima favoreciendo la capacidad de autorregulación de las propias entidades privadas, esto es, el enfrentamiento de la intervención estatal contra autorregulación particular. Lo que ésta última es la tendencia junto a cuerpos legislativos de regulación contra el fraude o la corrupción, por los diversos casos de escándalos financieros ocurridos que, demuestran la preocupación sobre la gestión de las empresas en sus operaciones y sus relaciones con los gobiernos.

En 1999, los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OECD) se aprueban los «Principios de Buen Gobierno Corporativo», que constituyen un instrumento internacional que ofrece normas no vinculantes y buenas prácticas internacionales, con una guía para su implantación sobre los derechos de los accionistas, revelación de datos, o funciones de los consejos de administración, entre otros. Son el referente internacional para legisladores, inversores y otros actores interesados en todo el mundo. Asimismo, se encuentran entre las Normas Fundamentales de los Sistemas Financieros Sólidos del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y además, son la base de los informes relativos a la observancia de códigos y normas del Banco Mundial en el área de gobierno corporativo.

Estos modelos se basan en la cooperación entre distintos agentes sociales, económicos y gobiernos, convirtiendo a la entidad la responsable no sólo de fomentar ciertas prácticas a través de códigos de buen gobierno corporativo o códigos éticos junto a la acción de la propia legislación, sino de auténtico garante de cumplimiento, creando sus propios sistemas para el cumplimiento de la ley en la medida en que sus integrantes comienzan a asumir los valores éticos como propios.

La ventaja de la autorregulación no son pocas, veamos, resulta en muchos casos ser más eficaz la propia regulación interna de una empresa en la medida en que se acerca más a su realidad al haberse gestado dentro de su ámbito y con medios y conocimientos técnicos específicos para cada actividad, consecuentemente fue elaborada por y para ella misma. De forma contraria, empleando las normas creadas por agentes externos, sea órganos legislativos, existe siempre el riesgo latente de que las empresas terminen usándolas  como herramientas para crear estructuras criminales con aparente cumplimiento normativo, pues se escudan en la propia redacción legislativa.

La autorregulación se configura como un mecanismo para la propia valoración y gestión de los riesgos, creación de normas de conducta y sistemas de control interno sobre esos posibles riesgos,  aumentando los niveles de diligencia en su actuar, mitigando cualquier posible responsabilidad penal. Por otro lado, la auditoría interna es un elemento esencial en la formación de los programas de cumplimiento o compliance, es el inicial, el cual sirve para determinar el grado de incumplimiento y áreas involucradas. De esta forma, se puede anticipar en la detección de irregularidades y fraude dentro de los propios procedimientos de la empresa, pues los auditores tienen dentro de sus funciones la de denunciar e investigar cualquier regularidad.

Por tanto, estamos ante un verdadero ecosistema en el que cohabitan elementos de autorregulación de la entidad particular y la coerción del Estado, configurado por los códigos éticos y de buen gobierno dentro del seno de la empresa y las normas gubernamentales, por lo que la implementación de un sistema de cumplimiento normativo es el único frente para propiciar y garantizar el correcto funcionamiento de las organizaciones empresariales, fomentando las buenas prácticas e imponiendo medidas penales para aquellas que decidan no seguirlas.

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