Ana Gabriela Fonseca Reyes Estudiante de Derecho en el Centro Universitario Tonalá, en la Universidad de Guadalajara y asistente de la Dirección de la Firma «PVE Consultores, S.C.»

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) es una ley cuyo objetivo es la tutela y vigilancia del tratamiento de la información personal, para garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa.

De acuerdo a su texto la ley únicamente protege los datos de las personas físicas identificadas o identificables, dejando formalmente fuera de su manto a las personas jurídicas, más aún, si tomamos en cuenta el artículo 5 de su Reglamento, dónde se estipula de forma concreta que sus disposiciones no serán aplicables a la información de la personas morales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2014 determinó que sí tienen derecho a la protección de datos las personas jurídicas, siempre que estos puedan equipararse a los personales. Tomó en consideración que el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros sobre determinada información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

En su consideración señala también que, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad. Pese que la fracción I del artículo 16 de la Constitución se refiere en específico a personas físicas, los Ministros consideraron que también puede extenderse a las personas jurídicas, pues cuentan con cierta protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros hacia su información económica, comercial o relativa a su identidad.

Ese argumento se desprende de la contradicción de tesis de rubro: PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD, la cual se localiza en el Semanario Judicial de la Federación bajo la siguiente información: P. II/2014 (10a.), del 14 de febrero de 2014, con Registro 2005522. Así, se equipara el derecho a la privacidad y protección de datos de los particulares al que poseen las personas morales.

Por lo tanto, al momento en que una persona moral entregue o proporcione datos, los mismos quedarán sujetos a ser protegidos y no divulgados a terceros, pues son considerados como confidenciales.

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