Alejandro Rodríguez
Profesionista, amante del Derecho y apasionado por su profesión. Originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, en donde nació el día 10 de febrero de 1985. Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, de los años 2003 al 2008. Tiene estudios de Maestría en Derecho Financiero y Corporativo por la Universidad de Guadalajara, 2009-2011.
En el año 2010 ingresó a la Notaría Pública Número 26 de Zapopan, Jalisco, a cargo del licenciado Antonio Alejandro Romero Hernández, en donde estuvo por más de 8 años, 2010-2018. Director jurídico de la empresa denominada Cuanticus, S.A. de C.V. de 2018 a la fecha.
Curso diplomado en Derecho Corporativo por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Capítulo Occidente, 2020. Diplomados en Derecho Corporativo y Derechos Fiscal por APREM 2016-2017. Diplomado en Educación Financiera por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 2020. Asistentes a múltiples conferencias, talleres y cursos en materia corporativa y fiscal 2008-2020. Cursos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables.
Ha publicado artículos diversos en temas societarios y corporativos en la revista Consejero Empresarial y en el portal www.coem.com.mx , así como docente en materia societaria y corporativa en el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa, 2020.

El gobierno corporativo en las empresas comenzó a tener presencia con los informes de Adrian Cadbury en Reino Unido (1992) pero surge con fuerza en los Estados Unidos de Norteamérica a raíz del nacimiento de la Ley Sarbanes-Oxley en el año 2002, esta ley que tuvo su origen derivado de aquellos escándalos financieros de principios de los años 2000 con el icónico caso Enron. Esta legislación estableció diversas directrices para las empresas en aquel país, y sobre todo para las empresas públicas, considerando entre sus principales puntos: mecanismos específicos para el manejo de la contabilidad en las empresas, responsabilidades administrativas y penales para los órganos de administración, ampliación de facultades para la SEC (Security And Exchange Commission) que en México vendría a ser la CNBV, revelación de información confiable y auditada a los inversionistas y autoridades y finalmente, lo que es materia de este artículo, el establecimiento de estándares para los órganos de administración y dirección de las empresas.

Este entorno regulatorio en los Estados Unidos de Norteamérica, así como,  las sugerencias y presiones de los organismos internacionales (Banco Mundial y OCDE) fueron permeando de manera natural y desde luego casi hasta obligatoria en nuestro país, naciendo con ello la Ley del Mercado de Valores en diciembre de 2005, con entrada en vigor en junio de 2006, legislación mexicana que adoptó muchos de los principios básicos de la referida ley Sarbanes-Oxley, entre ellos precisamente el del gobierno corporativo, que se vuelve obligatorio para las figuras societarias que se reconocen en este ordenamiento y que son: la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil y la Sociedad Anónima Bursátil.

En ese sentido y de acuerdo con los antecedentes referidos es que nace de manera importante la figura del Director General o del CEO (Chief Executive Officer), estableciendo parámetros de actuación, facultades y responsabilidades, separando las funciones que tendrá el Consejo de Administración y sus comités (establecimiento de estrategias y definición del rumbo de la sociedad) de las funciones que tendrá el Director General (gestión, conducción, ejecución y control de la empresa), es decir, la operación misma de la empresa, la cual será realizada y liderada precisamente por el Director General.

De acuerdo con lo anterior, la administración de las sociedades reguladas bajo principios de gobierno corporativo y sus mejores prácticas, se transfiere a un consejo y a un Director General, quienes en conjunto deben desempeñar sus cargos, cada uno en el ámbito de sus funciones, procurando la creación de valor en beneficio de la sociedad, actuando siempre con lealtad y diligencia, cuidando los intereses de la sociedad, pero velando de manera paralela la de los stakeholders. Bajo este esquema, los miembros del Consejo de Administración dejan de operar la empresa, es decir, dejan de estar en el día a día de la sociedad y trasladan sus esfuerzos y conocimiento a reuniones periódicas (4 veces al año) en las que adoptan decisiones verdaderamente importantes para el desarrollo y futuro de la sociedad, implementando y diseñando las políticas, estrategias y el rumbo de la empresa, pero delegando la actuación y la gestión diaria y operativa precisamente en el Director General y el equipo de trabajo que este logre reunir para ello.

La importancia de la figura del Director General y de sus funciones para el buen desempeño de las empresas es fundamental, ya que como se ha establecido, son los verdaderos gestores y conductores de la empresa, en quienes los socios y el propio Consejo de Administración depositan la confianza para la creación de valor de la sociedad, así como el cumplimento de las estrategias y políticas que ha establecido el órgano de administración, salvaguardando en todo momento el estricto cumplimiento de leyes, normas y reglamentos que le son aplicables.

La Ley del Mercado de Valores establece en su artículo 44, que las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del Director General y posteriormente aporta un catálogo de diversas responsabilidades que a la luz de la Ley son o deben de ser asignadas y llevadas a cabo por el Director General. En ese sentido, para que esta figura tenga un verdadero papel y cumpla con los propósitos y el espíritu que se buscó con su creación y reconocimiento, es necesario que tanto los socios como los miembros del Consejo de Administración, respeten la capacidad de toma de decisiones de la dirección general y que realmente se confíe en esa figura y en su equipo la conducción y ejecución de los negocios de la empresa, de lo contrario sería un director meramente de tarjeta y no de hecho.

Una de las funciones básicas pero fundamentales que ha de llevar a cabo la dirección general es la creación e integración de su equipo de trabajo, procurando reclutar de manera acertada a los responsables de las diversas áreas de la empresa y operadores cotidianos, buscando siempre que dichas personas sean las mejores capacitadas, las más aptas para realizar el trabajo, las más comprometidas para hacerlo y desde luego permear en ellos la identidad de la empresa, fomentando su crecimiento y desarrollo profesional y personal, ya que, el Director General no puede por sí solo dar resultados a quienes confiaron en él, depende siempre de su equipo de trabajo, y si este equipo está debidamente integrado, el éxito de la gestión del CEO está más cercano de concretarse.

En ese sentido el CEO debe ser un creador y facilitador de condiciones óptimas para la ejecución de las funciones de su equipo de trabajo, buscando que las tareas y las instrucciones sean asignadas y entregadas de manera clara desde la parte directiva hacia la parte operativa, se debe especificar siempre cuales son los resultados que se buscan y esperan, y se debe trabajar por la búsqueda plena de esos objetivos, siendo necesario el establecer plazos y tiempos específicos para la consecución de los proyectos y tareas que son asignadas al interior de una organización. Debe de ser responsable de fomentar una comunicación optima y eficaz para todos los niéveles de la empresa, que favorezca la operativa de la misma. De igual manera, es fundamental que existan mecanismos y políticas para la eficiente medición de los resultados que permitan la mejora constante, buscando con ello hacer más eficientes los procesos productivos de la empresa y mitigar los riesgos a los que está expuesta, en otras palabras, debe rodearse de personal accountable y ahí estará su éxito.

Finalmente es importante reconocer que el CEO de una sociedad juega un papel importante en el desarrollo de las empresas en nuestro país, siendo necesario reconocer que, además de su capacidad profesional y experiencia, se debe buscar de manera prioritaria que a las personas a quienes se les confíe este cargo estén dotadas de habilidades gerenciales y de liderazgo, estos dos últimos factores que, a veces son más importantes que los primeros, son fundamentales para lograr el crecimiento y despegue de una sociedad.

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