Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en Derecho por la Universidad la Salle.
Postulante y consultor en materia fiscal, juicio de amparo, derecho administrativo y comercio exterior.
gsanchezsoto@ yahoo.com

Partiendo de la idea de que el aseguramiento, bloqueo, congelamiento o embargo de cuentas bancarias es una de las facultades de gestión más agresivas y perjudiciales para el contribuyente con que cuenta la autoridad impositiva para llevar a cabo su labor recaudatoria, misma que no siempre se efectúa en el marco de observancia de la ley aplicable, estimo se hace necesario precisar los rubros que indefectiblemente se deben de tener en consideración al momento de instaurar una defensa fiscal efectiva en su contra.

En primer término me referiré a la procedencia del medio de defensa más eficaz que es el juicio de amparo indirecto y siempre y cuando no exista un crédito fiscal determinado y firme.

No escapa a mi atención que el recurso en sede administrativa y la instauración del juicio contencioso administrativo también son instrumentos de defensa tributaria que resultan procedentes en contra de la actuación en comento, sin embargo, en el primero de ellos dado que no se garantiza la imparcialidad al momento de emitir resolución por parte de la entidad que conoce del mismo, aunado a que el tiempo de su resolución es mayor en comparación con el tiempo de substanciación del juicio constitucional, resulta inviable.

Por su parte el juicio contencioso administrativo también adolece de que los términos procesales que lo ordenan son más extensos que los plazos que regulan la tramitación del juicio de garantías, resultando que este ultimo juicio es la alternativa más eficaz e idónea para recurrir un aseguramiento de cuentas bancarias como lo demostraré a través del desarrollo del presente texto.

El juicio de amparo indirecto resulta procedente en contra del aseguramiento, bloqueo, congelamiento o embargo de cuentas con fundamento en lo regulado por los artículos 1, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 128 de la Ley de Amparo, sin embargo para que el mismo sea objeto del otorgamiento de una medida suspensiva con efectos restitutorios y se ordene el levantamiento del acto reclamado es necesario que se cumplan dos requisitos de corte esencial.

El primero de ellos consiste en acreditar la titularidad del derecho cuya tutela se solicita al órgano jurisdiccional del conocimiento, es decir, la titularidad de las cuentas bancarias objeto del bloqueo por parte del quejoso, aspecto que se logrará mediante la exhibición del último estado de cuenta a su nombre o ante la imposibilidad de exhibir tal documental, la presentación del contrato de apertura de la cuenta de que se trate con la institución de crédito que corresponda. Este requisito es de observancia inexcusable para acreditar interés jurídico en el juicio constitucional y por ende resulte procedente la demanda planteada.

El segundo requisito consiste en demostrar que la demanda de garantías se presenta en término, es decir, dentro del plazo de quince días a partir de que el quejoso se hizo sabedor del congelamiento de sus cuentas bancarias o se le notificó tal determinación. En el supuesto de que no exista constancia de notificación como en la mayoría de los casos acontece, es criterio del suscrito realizar una consulta a la pagina web de la institución de crédito que corresponda donde se advertirá que las cuentas se encuentran aseguradas y con una simple impresión de pantalla se le demostrará al Juez de Distrito del conocimiento la fecha en que el peticionario de garantías se hace sabedor de la existencia del acto reclamado.

Una vez demostrada la procedencia de la demanda de amparo indirecto en la materia en trato, el segundo punto fino de ineludible observancia por el postulante  es la obtención de una medida suspensiva con efecto restitutorio a fin de que se libere el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso. Esto se logrará con fundamento en lo regulado por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, solicitando se decrete la suspensión provisional y en su momento definitiva para el efecto de que cese el bloqueo, aseguramiento, embargo, inmovilización, congelamiento o cualquier otra acción similar en relación con las cuentas propiedad del quejoso y se le restituya el libre manejo de las mismas.

En este contexto y en su calidad de titular de las cuentas bancarias aseguradas se acreditará como lo mencione ut supra, su interés suspensional mediante la exhibición del estado o estados de las cuentas bancarias aseguradas, debiéndose solicitar se conceda la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables giren las instrucciones necesarias y le otorguen al peticionario de garantías la libre disposición de las mismas. En este contexto resulta de exacta aplicación lo regulado por las siguientes tesis de jurisprudencia:

Registro digital: 206395

Instancia: Segunda Sala

Octava Época

Materias(s): Común

Tesis: 2a./J. 5/93

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 68, Agosto de 1993, página 12

Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de enero de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Tesis de Jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores.

Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 528, página 347.

En el mismo sentido:

Registro digital: 216271

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Octava Época

Materias(s): Común

Tesis: IX.1o. J/10

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 65, Mayo de 1993, página 59

Tipo: Jurisprudencia

SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. DEBE RESOLVERSE CONFORME A LAS AFIRMACIONES DEL QUEJOSO EN LA DEMANDA DE AMPARO. La suspensión de los actos reclamados que se concede en forma provisional, tiene la particularidad de que se otorga o se niega sin que, en ocasiones, el Juez de Distrito tenga ante sí todos los medios de prueba que tiendan a acreditar el dicho del quejoso y sin que se hubiese llamado a juicio a las demás partes en el mismo, ya que se decide sobre la medida cautelar, contando únicamente con la demanda de amparo; esto es, con el dicho de la parte promovente del juicio de garantías, a diferencia de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, en la que se está en posibilidad de tener a la vista los informes previos que hubieran rendido las autoridades responsables, de recibir pruebas a las partes en la audiencia incidental y de escuchar sus alegatos. La decisión sobre la medida cautelar en las circunstancias apuntadas, obedece a la obligación que impone al Juez de Distrito el artículo 124 de la Ley de Amparo, fracción III, segundo párrafo, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Queja 6/93. Gobernador del Estado de San Luis Potosí y otra. 11 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel.

Queja 40/92. Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí. 24 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel.

Queja 4/93. Gobernador del Estado de San Luis Potosí. 7 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Chowell Zepeda. Secretario: Gerardo Abud Mendoza.

Queja 5/93. Gobernador del Estado de San Luis Potosí. 11 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretaria: María Elena Segovia Díaz de León.

Queja 7/93. Gobernador del Estado de San Luis Potosí. 11 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Chowell Zepeda. Secretario: Faustino Azpeitia Arellano.

Nota: Sobre el tema tratado, la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis.Varios 34/91-SS, de la que derivó la tesis 2a./J. 5/93, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, número 68, agosto de 1993, página 12, con el rubro: «SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.»

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 528, página 347.

Asimismo, se destaca que con el otorgamiento de la medida suspensiva definitiva solicitada no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de no concederse sí se ocasionarían al impetrante de garantías daños de difícil reparación al resultar compleja la restitución en el goce de los derechos violados, en los términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en caso de que obtenga una sentencia favorable en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva la incidencia planteada, ya que se le restringe el uso y manejo de sus cuentas bancarias al peticionario de garantías, sin que se advierta la causa que originó el aseguramiento combatido. Tiene sustento lo anterior en la siguiente tesis jurisdiccional:

Registro digital: 170801

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.15o.A.88 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 1702

Tipo: Aislada

CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE SE PERMITA AL QUEJOSO EL LIBRE MANEJO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE. Conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable al quejoso, de estar acreditados esos presupuestos y, previamente, también los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional conceda la medida con efectos positivos, esto es, para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo, sin perjuicio que de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento. Sobre tales premisas, cuando en el juicio de garantías se reclama el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias, sin que esté demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible, reunidos los presupuestos mencionados resulta procedente que se otorgue la medida cautelar con efectos positivos que se traducen en el levantamiento del impedimento para manejar libremente las cuentas y, así, permitir la disposición de sus cantidades y valores, dado que en ese evento no es posible evidenciar un daño económico específico para la autoridad y, en cambio, de conservarse esa situación, se causarían al quejoso daños de imposible reparación, pues sin estar acreditado que es el titular de una deuda tributaria líquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por haberse ya consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad. En este sentido, la concesión de la suspensión sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren (medida cautelar negativa), esto es, para que tampoco la autoridad pueda disponer de las cantidades y valores de las cuentas, además de que toleraría que se prolongara el daño en el derecho del quejoso, sería ociosa e inútil, ya que de cualquier manera, la facultad de la autoridad para disponer de los valores de las cuentas únicamente podría nacer de un crédito fiscal líquido y exigible cuya existencia en ese caso no está demostrada.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 359/2007. Administrador Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal. 13 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretaria: Lilia Maribel Maya Delgadillo.

(El énfasis es nuestro)

Asimismo, no resulta procedente solicitar al quejoso la exhibición de garantía alguna, puesto que no existe algún crédito fiscal determinado su cargo. Sirve de apoyo a esta aseveración la siguiente tesis:

Registro digital: 177782

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.5o.A.30 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 1548

Tipo: Aislada

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE CONCEDERLA SIN EXIGIR LA GARANTÍA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO CONTRA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS, SIEMPRE QUE NO EXISTA CRÉDITO FISCAL DETERMINADO. El artículo 135 de la Ley de Amparo, en su parte conducente, establece que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda. Ahora bien, cuando el juicio de garantías se promueve contra el congelamiento de cuentas bancarias sin existir crédito fiscal determinado, procede conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, que surte sus efectos sin exigir a la quejosa previo depósito, por no encontrarse el asunto en el extremo previsto en el citado precepto legal, dado que no se está frente al cobro de contribuciones.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 73/2005. Lucía del Carmen Escobar Zapiain. 25 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretaria: María del Pilar Bolaños Rebollo.

En el mismo sentido:

Registro digital: 174734

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: VI.1o.A.199 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1205

Tipo: Aislada

EMBARGO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS. ES PROCEDENTE DECRETAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SIN QUE SEA NECESARIO EXIGIR QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, DEBIDO A QUE DICHO EXTREMO YA SE ENCUENTRA ASEGURADO MEDIANTE AQUEL GRAVAMEN DE CARÁCTER PREVENTIVO. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el embargo precautorio constituye una medida preventiva que tiende a asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el crédito esté determinado o sea exigible. A diferencia del procedimiento administrativo de ejecución, cuyo objeto estriba en hacer efectivos créditos fiscales exigibles, cuando el pago de los mismos no hubiere sido cubierto o garantizado dentro de los plazos señalados por la ley, la finalidad del embargo precautorio consiste en garantizar el interés del Fisco, cuando todavía no existe un crédito exigible. Así, de lo establecido en los artículos 6, 144, párrafo primero, y 145, todos del código invocado, se obtiene que un crédito fiscal es exigible cuando: 1) haya sido determinado en cantidad líquida, mediante una resolución definitiva, dictada por la autoridad hacendaria como culminación del ejercicio de sus facultades de comprobación; 2) debidamente notificada al contribuyente; y, 3) una vez transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, siguientes a la fecha en que surta efectos aquella notificación, vencido el cual la resolución habrá quedado firme. Es importante destacar que a pesar de que el crédito presuntamente a cargo del contribuyente carezca de exigibilidad, lo cierto es que sí debe estar determinado en cantidad líquida, como requisito indispensable que actualiza el nacimiento del interés fiscal. Por consiguiente, en la hipótesis relativa al embargo precautorio decretado sobre cuentas bancarias de un particular, cabe distinguir los siguientes supuestos que pueden presentarse en la práctica: a) Que el saldo correspondiente sea mayor al importe de la contribución determinada, en cuyo caso la medida precautoria ordenada por la autoridad exactora, ocasionaría el congelamiento sólo de una suma de dinero igual al monto del crédito, con lo cual quedarían a salvo los derechos del gobernado para disponer del remanente, a través de los retiros y depósitos respectivos; y, b) Que el saldo de las cuentas embargadas no alcance a cubrir el importe del crédito determinado, lo que generaría el congelamiento de la suma total de dinero, sin que el particular tuviera el derecho para disponer de cantidades futuras, debido a que no procederían ni los retiros ni los depósitos correspondientes. En esta última hipótesis, debe decirse que precisamente el embargo precautorio de las cuentas bancarias de la parte quejosa, es una medida provisional que sirve para proteger el interés del Fisco Federal, de ahí que sea incorrecto que al conceder la suspensión definitiva solicitada, el juez de distrito fije como requisito de efectividad, la exhibición ante la autoridad, de una cantidad igual al importe del crédito determinado, con el fin de garantizar el interés fiscal, de conformidad con el numeral 135 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho extremo ya se encuentra asegurado mediante el embargo reclamado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 132/2006. Y2K Apparel, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Finalmente, es menester destacar que el cumplimiento de los extremos aquí comentados solo configuran dos pautas de la promoción correcta de la acción constitucional, debiéndose continuar con la exacta y puntual promoción y vigilancia de la tramitación de la propia instancia de amparo aun cuando se obtenga la orden de levantamiento del aseguramiento atacado, de ninguna forma este escrito configura la solución jurídica definitiva al controvertir el bloqueo de cuentas bancarias sino únicamente una reflexión en torno a dos rubros que son de ineludible atención y cuidado para el litigante en la materia.

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